Este sábado, una manifestación recorrió el centro de Sevilla en defensa del río Guadalquivir, con una significativa participación procedente del Bajo Guadalquivir. Decenas de autobuses partieron a primera hora desde Sanlúcar de Barrameda y Chipiona, transportando a vecinos, pescadores, agricultores y representantes de colectivos sociales que mostraron su rechazo a las autorizaciones de vertidos mineros emitidas por la Junta de Andalucía.
La movilización comenzó a las 12:00 horas en el Palacio de San Telmo y finalizó en la Plaza de la Encarnación, con la presencia de autoridades municipales de la comarca, entre ellas la alcaldesa de Sanlúcar, Carmen Álvarez, y el alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero. Ambos municipios son parte de las 15 entidades convocantes, que además han presentado alegaciones y denuncias ante la Fiscalía de Medio Ambiente.
La preocupación principal se centra en los proyectos mineros de la mina de Los Frailes en Aznalcóllar, gestionada por Grupo México, y de PMR Las Cruces en Gerena, perteneciente a Resource Capital Fund. Estos plantean verter al río durante la explotación hasta 118 millones de metros cúbicos de residuos con metales pesados, cifra que supera en 10 veces los vertidos de Las Cruces entre 2009 y 2023 y es 25 veces mayor que el volumen derramado en el desastre de Boliden de 1998.
Las evaluaciones ambientales oficiales aseguran que los contaminantes se diluyen sin efectos relevantes; sin embargo, estudios recientes de las universidades de Sevilla, Cádiz y Granada indican que los metales pesados se fijan en los sedimentos del lecho fluvial y son absorbidos por la fauna marina. En muestreos realizados en junio de 2025 en Sanlúcar y Chipiona, se detectaron concentraciones de plomo en albures del Guadalquivir que duplican los límites legales para consumo humano, así como niveles elevados de cobre y manganeso, los más altos registrados en peces a nivel mundial.
La manifestación también destacó el desequilibrio económico que suponen las concesiones mineras. Se estima que las multinacionales podrían extraer metales valorados en aproximadamente 10 000 millones de euros, mientras que la aportación a las arcas públicas consiste en un canon de superficie de 55 000 euros por 2 000 hectáreas durante 17 años, una cifra considerablemente menor al valor bruto del yacimiento.
Los participantes solicitaron a la Junta de Andalucía y al Gobierno central la aplicación inmediata del Principio de Precaución, que consiste en adoptar medidas preventivas ante posibles daños ambientales. Entre las demandas se incluyen la moratoria absoluta a nuevos vertidos mineros en el Guadalquivir y la creación de un comité independiente de expertos para evaluar la salud del río y proteger los sectores económicos afectados en la comarca.