La línea Madrid-Sevilla acumula cuatro investigaciones judiciales tras los accidentes de Adamuz y Urda, que han dejado 115 fallecidos en 2026. La UCO examina contratos de Adif financiados con fondos europeos mientras crecen las preguntas sobre el mantenimiento, la señalización y la seguridad ferroviaria.
La línea de alta velocidad Madrid-Sevilla está bajo el escrutinio de dos juzgados y dos investigaciones de la Fiscalía Europea. Los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), que han provocado la muerte de 115 personas en apenas diez meses, han abierto un escenario de investigaciones sobre la seguridad de la infraestructura, las actuaciones de mantenimiento y el destino de los fondos europeos destinados a modernizar el corredor.
La investigación más reciente fue anunciada el 6 de noviembre de 2026, después de que la Fiscalía Europea decidiera examinar posibles irregularidades en la utilización de financiación comunitaria para las obras de renovación y mejora de la línea ferroviaria.
Los investigadores han puesto el foco en tres contratos de Adif que suman aproximadamente 136,4 millones de euros, relacionados con la renovación de desvíos, la modernización de los sistemas de señalización y la actualización de los circuitos de vía.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha comenzado a recopilar documentación en organismos públicos, entre ellos Adif, el Tribunal de Cuentas y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.
Las pesquisas se desarrollan después del accidente de Urda, ocurrido el 28 de octubre, en el que murieron 69 personas, y del siniestro de Adamuz, registrado el 18 de enero, que dejó 46 víctimas mortales.
La cuestión central es determinar si los recursos destinados a mejorar la seguridad ferroviaria se utilizaron correctamente y si existieron fallos técnicos, operativos o de supervisión que contribuyeran a los accidentes.
Por el momento, la apertura de estas investigaciones no demuestra que se haya cometido un fraude ni establece responsabilidades penales. Las causas continúan abiertas y deberán esclarecer los hechos mediante pruebas documentales, periciales y testimoniales. EL PAÍS+2
Dos accidentes ferroviarios y 115 muertos en la línea Madrid-Sevilla
La sucesión de dos grandes tragedias en el mismo corredor ferroviario ha intensificado la atención sobre las condiciones de seguridad de la infraestructura.
El primer accidente ocurrió el 18 de enero de 2026, en las proximidades de Adamuz, Córdoba.
El siniestro dejó 46 fallecidos y dio lugar a una investigación judicial destinada a determinar cómo se produjo el descarrilamiento de un tren Iryo y la posterior colisión con un Alvia.
Meses después, el 28 de octubre, se produjo una segunda tragedia cerca de Urda, Toledo.
En esta ocasión, un tren AVE de Renfe colisionó por alcance con un convoy de Iryo que permanecía detenido en la vía.
El accidente provocó 69 muertes y más de un centenar de heridos, según el balance recogido en el Real Decreto-ley 32/2026, de 3 de noviembre, publicado en el Boletín Oficial del Estado.
La magnitud de ambos siniestros ha generado interrogantes sobre el estado del corredor ferroviario, los mecanismos de prevención y la gestión de las incidencias.
Aunque ocurrieron en la misma línea de alta velocidad, las hipótesis técnicas sobre sus causas son diferentes.
En Adamuz, las investigaciones apuntan a la rotura de un carril en una zona de soldadura. En Urda, los investigadores examinan una incidencia del sistema de señalización y las instrucciones transmitidas para reanudar la circulación.
La coincidencia geográfica de los accidentes no significa que tengan una causa común demostrada. BOE+1
La Fiscalía Europea investiga tres contratos de Adif por 136 millones
La nueva investigación se centra en el posible uso irregular de fondos europeos destinados a modernizar la línea Madrid-Sevilla.
Según la información publicada por El País y Europa Press, los agentes están examinando tres licitaciones relacionadas con actuaciones de seguridad y mantenimiento.
Los contratos investigados comprenden la renovación de desvíos ferroviarios, la sustitución del sistema de señalización LZB por una tecnología más moderna y la actualización de los circuitos que permiten detectar la presencia de trenes.
El importe conjunto de las tres adjudicaciones se sitúa en aproximadamente 136,4 millones de euros.
Esta cantidad representa el valor de los contratos examinados, no una cifra de dinero presuntamente defraudado.
La Fiscalía Europea deberá comprobar qué partidas recibieron financiación comunitaria, cómo se ejecutaron las obras y si existen indicios de delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea.
La distinción es fundamental: investigar contratos públicos no significa que todas las empresas participantes hayan cometido irregularidades.
Las obras autorizadas en 2020 incluían actuaciones en Urda
Uno de los contratos examinados está relacionado con la renovación de desvíos de la línea de alta velocidad.
En marzo de 2020, el Gobierno autorizó actuaciones destinadas a sustituir aparatos de vía que habían sido instalados durante la construcción original del corredor, a comienzos de la década de 1990.
El proyecto contemplaba la renovación de 63 desvíos ferroviarios situados en distintos puntos de Madrid, Toledo, Ciudad Real, Córdoba y Sevilla.
Entre las zonas incluidas figuraba Urda, donde se produjo el accidente mortal del pasado 28 de octubre.
La actuación fue adjudicada a una unión temporal de empresas integrada por Ferrovial Construcción, Azvi, Contratas y Ventas (Convensa) y Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania.
Cada empresa participaba con un 25 % en la agrupación, según la documentación descrita por El País.
El contrato se enmarcaba en la necesidad de modernizar componentes de una infraestructura que llevaba décadas en funcionamiento.
Parte de estas actuaciones estaba vinculada a financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
La investigación deberá determinar qué trabajos se realizaron, qué controles se efectuaron y si las partidas financiadas con fondos europeos cumplieron las condiciones exigidas.
La inclusión de Urda en el proyecto de renovación no demuestra por sí misma que las obras fueran responsables del accidente.
El sistema LZB, bajo examen tras el accidente de Urda
Uno de los elementos que concentran mayor atención es el sistema de señalización LZB, utilizado para controlar la circulación ferroviaria en determinados tramos de alta velocidad.
Esta tecnología permite supervisar la velocidad y el movimiento de los trenes, transmitir información a los maquinistas y aplicar mecanismos de protección ante determinadas incidencias.
En el accidente de Urda, los investigadores analizan una avería del sistema registrada el 28 de octubre, a las 8:31 horas.
Según la reconstrucción publicada por El País, el fallo provocó la detención de siete trenes que circulaban por un tramo de más de 63 kilómetros.
El mecanismo de seguridad actuó inicialmente deteniendo la circulación.
Sin embargo, posteriormente se autorizaron movimientos para restablecer el servicio.
A las 9:53 horas, un AVE de Renfe que había recibido autorización para continuar la marcha alcanzó a un tren Iryo que permanecía detenido.
El choque provocó una de las mayores tragedias ferroviarias de la historia reciente de España.
La investigación deberá determinar por qué se permitió reanudar la circulación en unas condiciones que terminaron provocando una colisión mortal.
Entre los aspectos pendientes de esclarecer figuran las comunicaciones entre los maquinistas y el centro de control, los protocolos aplicados y el funcionamiento de los sistemas de protección.
Un contrato de 94 millones para modernizar la señalización ferroviaria
Otro de los contratos examinados corresponde a la sustitución del sistema LZB por el ERTMS, una tecnología de gestión y protección del tráfico ferroviario utilizada en la red europea de alta velocidad.
El contrato fue licitado por Adif en diciembre de 2020 y adjudicado en septiembre de 2021 a Thales España GRP por aproximadamente 94 millones de euros.
Posteriormente, en julio de 2024, el contrato fue transferido a Hitachi Rail.
El proyecto contemplaba modernizar la señalización y las comunicaciones de la línea Madrid-Sevilla.
La investigación busca esclarecer cómo se desarrollaron estas actuaciones, qué trabajos estaban ejecutados y qué obligaciones correspondían a las empresas adjudicatarias.
La existencia de un contrato de modernización no significa que el nuevo sistema estuviera completamente instalado y operativo cuando ocurrió el accidente.
Por eso, será necesario diferenciar entre las obras contratadas, los trabajos efectivamente realizados y las instalaciones que seguían funcionando con la tecnología anterior.
La Fiscalía Europea examina la utilización de los fondos comunitarios, mientras que las investigaciones judiciales y técnicas deben determinar las causas de los accidentes.
Son ámbitos relacionados, pero jurídicamente diferentes.
Los circuitos de vía: otros 21,5 millones bajo investigación
El tercer contrato examinado corresponde a la renovación de los circuitos de vía.
Estos dispositivos permiten detectar la presencia de trenes en determinados tramos de la infraestructura.
Su funcionamiento resulta esencial para conocer la ocupación de las vías y gestionar la circulación.
El contrato, adjudicado por aproximadamente 21,5 millones de euros, incluía actuaciones en la línea Madrid-Sevilla y en el ramal La Sagra-Toledo.
La empresa adjudicataria fue también Thales España, según la información publicada.
La investigación deberá comprobar la ejecución de estos trabajos y su relación con los requisitos de seguridad previstos.
Los circuitos de vía cumplen una función diferente de la detección directa de determinadas roturas del carril.
Esta distinción resulta relevante para comprender las investigaciones sobre Adamuz y Urda.
Un sistema puede funcionar conforme a su diseño y, aun así, no detectar una incidencia para la que no fue concebido.
Determinar si existieron fallos de diseño, mantenimiento, instalación o funcionamiento corresponde a los investigadores y peritos especializados.
Bruselas aprobó 110 millones de euros para renovar la infraestructura
La financiación comunitaria constituye uno de los aspectos centrales de las investigaciones.
En junio de 2024, la Comisión Europea anunció la aprobación de 110 millones de euros destinados a actuaciones de modernización de la infraestructura ferroviaria.
El proyecto contemplaba intervenciones en aproximadamente 435 kilómetros de los 471 que conforman la línea Madrid-Sevilla.
La finalidad de estas inversiones era actualizar una infraestructura fundamental para las comunicaciones ferroviarias españolas.
La participación de fondos europeos implica obligaciones específicas de justificación, control y correcta ejecución del gasto.
Cuando existen sospechas de irregularidades que puedan afectar a los intereses financieros de la Unión Europea, la Fiscalía Europea puede abrir investigaciones penales dentro de sus competencias.
Sin embargo, los 110 millones de financiación comunitaria y los 136,4 millones correspondientes a las tres adjudicaciones examinadas no son cantidades equivalentes.
La primera cifra corresponde a una financiación europea anunciada para actuaciones de modernización; la segunda, al valor conjunto de los contratos que están siendo analizados.
Tampoco puede concluirse que ambas cantidades hayan sido utilizadas irregularmente.
Precisamente, una de las finalidades de las diligencias es establecer qué fondos se emplearon, en qué actuaciones y con qué resultados.
La UCO reclama documentación a Adif y otros organismos públicos
La investigación sobre el posible fraude en fondos europeos ha dado lugar a actuaciones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
Los agentes se personaron el viernes 6 de noviembre en distintas instituciones para requerir documentación relacionada con las obras y su supervisión.
Entre los organismos afectados figuran:
- Adif, responsable de la administración y gestión de la infraestructura ferroviaria.
- Tribunal de Cuentas, encargado de fiscalizar la actividad económico-financiera del sector público.
- Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, organismo con competencias de supervisión en materia de seguridad ferroviaria.
La recopilación documental permitirá examinar expedientes de contratación, certificaciones de obra, actuaciones de control y otros registros relevantes.
El objetivo es reconstruir cómo se adjudicaron y ejecutaron las actuaciones financiadas con recursos comunitarios.
La solicitud de documentos constituye una diligencia de investigación y no supone, por sí sola, la acreditación de responsabilidades penales de las instituciones o empresas afectadas.
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