La Guardia Civil examina si las contrataciones de abogados y consultoras del PSOE pudieron utilizarse para canalizar pagos relacionados con la presunta trama de Leire Díez. El juez Santiago Pedraz reclama documentación de los órganos centrales y territoriales del partido correspondiente a cinco años.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga posibles ramificaciones territoriales de los contratos del PSOE con abogados y consultoras en el marco de las diligencias relacionadas con Leire Díez y el entorno del exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán.
Según publica Libertad Digital este 8 de noviembre, los investigadores sospechan que determinadas operaciones podrían haberse gestionado desde estructuras regionales del partido y no exclusivamente desde su dirección nacional.
La hipótesis surge después de que el PSOE explicara al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que la documentación contractual solicitada no se encuentra centralizada.
El partido sostiene que sus organizaciones territoriales pueden contratar servicios profesionales y que necesita recopilar información de diferentes responsables.
La existencia de contratos descentralizados no demuestra ninguna irregularidad. Lo que pretende esclarecer la investigación es si algunos pagos correspondían a servicios reales o si pudieron utilizarse para canalizar fondos con una finalidad distinta de la declarada.
El juez Pedraz reclama los contratos del PSOE entre 2021 y 2025
La Audiencia Nacional ha solicitado documentación sobre los servicios jurídicos y de consultoría contratados por el PSOE durante el periodo 2021-2025.
El requerimiento alcanza tanto a los órganos centrales como a las organizaciones territoriales.
La documentación reclamada incluye información sobre los profesionales contratados, los encargos realizados y los justificantes de los servicios prestados.
El objetivo es reconstruir las relaciones contractuales y determinar si alguna operación está vinculada con los hechos investigados.
La investigación no implica que todos los contratos del partido estén bajo sospecha ni que se haya acreditado una red de financiación irregular en sus federaciones.
La explicación del PSOE despierta nuevas sospechas
El PSOE ha alegado que reunir la documentación exige consultar a diferentes responsables territoriales.
Esta explicación ha adquirido relevancia porque, según Libertad Digital, la UCO contempla la posibilidad de que determinadas operaciones relacionadas con la presunta trama se hayan desarrollado fuera de Ferraz.
La investigación podría necesitar, por tanto, examinar contratos formalizados por estructuras regionales.
Sin embargo, la información publicada no identifica federaciones concretas que hayan participado en operaciones ilícitas.
Tampoco acredita que exista una organización territorial dedicada a canalizar pagos irregulares.
La sospecha deberá contrastarse mediante los contratos, las facturas, los movimientos bancarios y los servicios efectivamente realizados.
Los pagos a Leire Díez, uno de los antecedentes de la causa
La investigación tiene como antecedente un informe de la UCO que identificó 43 225 euros presuntamente recibidos por Leire Díez a través de sociedades intermediarias.
Según las informaciones publicadas sobre ese informe, los investigadores examinaron dos vías de pago:
- 16 000 euros, mediante cuatro transferencias de 4 000 euros relacionadas con una consultora vinculada al exdirigente socialista Gaspar Zarrías.
- 27 225 euros, a través de una empresa relacionada con el abogado Ismael Oliver.
Estos movimientos económicos forman parte de las pesquisas sobre las relaciones entre determinados profesionales y personas vinculadas al PSOE.
La identificación de transferencias no demuestra por sí sola que los pagos fueran ilegales. Para establecer responsabilidades es necesario acreditar su finalidad y determinar si existieron contraprestaciones reales.
Santos Cerdán y la contratación de servicios profesionales
Otro elemento relevante es la declaración de Ana María Fuentes, gerente del PSOE, ante el juez Santiago Pedraz.
Según las informaciones publicadas sobre su comparecencia, Fuentes señaló que Santos Cerdán había encargado determinadas contrataciones de abogados y consultoras.
La gerente defendió que esos servicios respondían a necesidades profesionales del partido y afirmó que no conocía personalmente a Leire Díez.
La investigación deberá comprobar quién autorizó los contratos, qué servicios se prestaron y si existió alguna conexión con los pagos examinados.
La participación en la contratación de un servicio profesional no acredita automáticamente conocimiento de una eventual irregularidad.
El PSOE alega dificultades organizativas y secreto profesional
El partido ha justificado el retraso en la entrega de documentación mediante varios argumentos.
En primer lugar, sostiene que la información está distribuida entre diferentes estructuras territoriales.
También ha señalado que la preparación de las elecciones generales del 29 de noviembre dificulta la recopilación de documentos.
Por último, ha invocado la protección de datos de terceros y el secreto profesional de los abogados.
Estas alegaciones deberán valorarse conforme al contenido de los requerimientos judiciales.
El secreto profesional protege determinadas comunicaciones e informaciones relacionadas con el ejercicio de la abogacía, pero su alcance no puede establecerse de manera general para todos los contratos y justificantes económicos.
Corresponde al juez determinar qué documentación debe entregarse y bajo qué garantías.
Pedraz dio al PSOE un plazo de 15 días
El requerimiento judicial inicial está fechado el 6 de octubre de 2026.
Posteriormente, el magistrado reiteró su petición de documentación.
Según las informaciones publicadas el 23 de octubre, Pedraz rechazó las alegaciones del PSOE y concedió un plazo máximo de 15 días para entregar los documentos reclamados.
La resolución situó el cumplimiento del requerimiento en el centro de las diligencias.
No obstante, la información disponible no permite establecer si, a fecha de 8 de noviembre, el partido ha entregado la totalidad de los documentos solicitados.
Tampoco permite afirmar que exista una resolución judicial que declare acreditada una conducta de ocultación de pruebas.
Qué intenta determinar la UCO
La investigación debe resolver tres cuestiones fundamentales.
La primera es si los contratos examinados correspondían a servicios profesionales reales.
La segunda consiste en determinar quién autorizó los pagos y quiénes fueron sus beneficiarios efectivos.
La tercera es comprobar si existen operaciones relevantes en las estructuras territoriales del PSOE.
Estas comprobaciones permitirán establecer si las sospechas tienen fundamento.
Por ahora, la información publicada apunta a una posible ampliación territorial de las pesquisas, pero no acredita una red regional de contratación irregular.
El caso llega a la campaña electoral del 29-N
Las diligencias judiciales se desarrollan en plena precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026.
La investigación tiene relevancia política porque afecta a contrataciones realizadas por el PSOE y a personas vinculadas con su antigua dirección.
Sin embargo, la proximidad electoral no altera los requisitos necesarios para establecer responsabilidades.
Las sospechas policiales deben diferenciarse de los hechos probados y de las decisiones judiciales.
La documentación pendiente será decisiva para conocer si los contratos respondían a necesidades legítimas del partido o si alguno pudo utilizarse para encubrir pagos irregulares.
Hasta que se examinen esos documentos, no puede darse por demostrada la existencia de una trama de contratación ilegal en las federaciones regionales del PSOE.
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