El Gobierno admite que resolver la crisis migratoria llevará semanas y teme un aumento del malestar social mientras responsabiliza al PP y Vox de elevar la tensión política.
La crisis de Ceuta ha abierto un nuevo frente para Pedro Sánchez que ya no se limita al control migratorio ni al enfrentamiento diplomático con Marruecos. En La Moncloa existe preocupación por un aumento de la tensión social y por que el malestar ciudadano se prolongue durante las próximas semanas, precisamente cuando el propio Ejecutivo reconoce que solucionar la situación «no va a ser rápido ni fácil».
El diagnóstico político del Gobierno, sin embargo, coloca buena parte del foco sobre la oposición. Fuentes socialistas responsabilizan a PP y Vox de elevar el tono y sostienen que sus declaraciones pueden alimentar la crispación en las calles. Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, por su parte, responsabilizan al Ejecutivo de haber gestionado tarde y sin suficiente contundencia una crisis que ha colocado a Ceuta bajo una presión extraordinaria.
En medio de este intercambio de acusaciones queda el problema fundamental: todavía hay inmigrantes pendientes de identificación, acogida o resolución de sus expedientes, mientras los procedimientos de retorno deben respetar las garantías establecidas por la legislación.
El Gobierno teme que la tensión social por Ceuta vaya a más
La preocupación creció después de las manifestaciones celebradas en diferentes puntos de España en apoyo a Ceuta y contra la gestión gubernamental. Algunas concentraciones registraron incidentes, insultos y amenazas a periodistas, según la información disponible.
En Moncloa consideran que existe una conexión entre el creciente enfrentamiento político y lo que posteriormente ocurre en la calle.
Fuentes gubernamentales llegan a advertir de que escuchar determinadas intervenciones de la oposición desde fuera del Congreso es «para que dé miedo».
La tesis del Ejecutivo es que la competición entre PP y Vox puede desembocar en una escalada retórica: si Vox endurece su discurso migratorio y aumenta electoralmente la presión sobre Feijóo, el PP tendría incentivos para responder elevando también el tono.
Es una interpretación política del Gobierno, no un hecho demostrado. Atribuir los incidentes registrados en manifestaciones directamente a las declaraciones de PP y Vox exigiría establecer una relación causal que por ahora no está acreditada.
Feijóo y Abascal cargan directamente contra Sánchez
La comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso mostró hasta qué punto se ha deteriorado el clima político alrededor de Ceuta.
Feijóo y Abascal lanzaron durísimas acusaciones contra el presidente, cuestionando tanto su gestión como su responsabilidad política.
Entre las expresiones pronunciadas estuvo la acusación de que Sánchez debía «dimitir por incompetente o por cómplice», mientras otra intervención llegó a compararlo en términos de empatía con un «asesino en serie».
Más allá de la dureza verbal, la oposición intenta colocar en el centro una pregunta política que Moncloa tendrá dificultades para apartar durante las próximas semanas: qué sabía el Gobierno, cuándo conoció la gravedad de lo que estaba sucediendo y si reaccionó con suficiente rapidez ante Marruecos.
El Ejecutivo rechaza las acusaciones de pasividad y defiende las medidas desplegadas desde agosto.
Moncloa acusa a PP y Vox de «azuzar el odio»
La respuesta socialista tampoco rebaja el enfrentamiento.
Fuentes del Gobierno acusan a PP y Vox de utilizar políticamente la crisis y sostienen que ambos partidos han contribuido a «azuzar el odio en Ceuta».
Otro miembro del Ejecutivo utiliza una metáfora todavía más contundente y asegura que el PP va «con un mechero» alimentando a Vox.
Desde el núcleo de Sánchez también sostienen que la oposición está aprovechando una situación humanitaria y de seguridad para obtener rédito electoral.
Son acusaciones políticas que PP y Vox rechazan. Ambos partidos han centrado sus críticas en la actuación del Gobierno, la respuesta ante Marruecos, el control fronterizo y la necesidad de acelerar los procedimientos legales de devolución.
El resultado es un escenario de polarización extrema alrededor de la inmigración, un asunto que el propio Gobierno ya considera uno de los grandes ejes del próximo ciclo electoral.
El problema para Sánchez: la crisis de Ceuta durará semanas
Al margen de la batalla partidista, el reconocimiento más relevante procedente del Ejecutivo es probablemente otro: la normalización de Ceuta necesitará tiempo.
«Esto no va a ser rápido ni fácil», admite un miembro del Gobierno.
La Administración debe concentrar en instalaciones habilitadas a las personas que todavía permanecen en Ceuta, proceder a su identificación y filiación y determinar posteriormente qué situación jurídica corresponde a cada una.
En el caso de los adultos que puedan ser retornados, será necesario tramitar los correspondientes procedimientos.
No existe, por tanto, un mecanismo legal para ejecutar una devolución colectiva e inmediata de todas las personas que hayan entrado irregularmente. Cada actuación está condicionada por la legislación española, europea e internacional y por las circunstancias individuales.
En el caso de menores no acompañados, además, entran en juego las obligaciones específicas del sistema de protección de la infancia y el principio del interés superior del menor.
Siete de los ocho espacios de acogida son estatales
La organización de los lugares donde concentrar y atender a las personas que todavía permanecen en Ceuta también ha generado fricciones.
Después de semanas de conversaciones entre el Gobierno central y el Ejecutivo ceutí sobre los emplazamientos, finalmente siete de los ocho espacios previstos son propiedad del Estado.
El retraso en cerrar estas instalaciones ha contribuido a prolongar una situación que tanto el Gobierno de Ceuta como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad necesitan normalizar.
Precisamente por eso, la presión sobre Moncloa no desaparecerá simplemente porque disminuya la atención mediática.
Mientras continúen personas fuera de los dispositivos correspondientes y queden expedientes pendientes, la crisis seguirá teniendo consecuencias políticas y sociales.
Sánchez cifra en 3 300 los migrantes reubicados y 3 658 los retornados
El presidente del Gobierno aportó en el Congreso cifras con las que intenta demostrar que la Administración sí está actuando.
Según los datos expuestos por Pedro Sánchez, desde el 10 de agosto se habría procedido a la reubicación de 3 300 migrantes y al retorno de otros 3 658.
El presidente afirmó además que durante la última semana se había conseguido retirar de las calles a 1 530 personas, contabilizando acogidas, retornos y expulsiones.
El objetivo declarado para las dos semanas siguientes es actuar sobre al menos otras 1 500 personas.
Estas cifras son las comunicadas por el propio Ejecutivo y deberán seguir actualizándose conforme avancen los procedimientos.
Vivas pide acelerar las devoluciones, pero «de acuerdo con la ley»
Una frase pronunciada por Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, ha sido recibida con cierto alivio en Moncloa.
Después de semanas reclamando mayor rapidez al Gobierno, Vivas pidió acelerar «de acuerdo con la ley» los procedimientos de devolución de inmigrantes.
La precisión resulta políticamente importante.
Moncloa la utiliza para defender que no es posible responder a la presión social mediante expulsiones indiscriminadas y que los procedimientos requieren garantías, identificación y tramitación administrativa.
Pero la misma frase también contiene una exigencia incómoda para el Gobierno: cumplir la ley no impide reclamar mayor rapidez administrativa.
La discusión, por tanto, no se reduce a elegir entre devoluciones inmediatas o inacción. También afecta a si el Estado ha desplegado con suficiente anticipación los recursos humanos, policiales, administrativos y materiales necesarios para tramitar una llegada extraordinaria de personas.
Marruecos sigue siendo la gran cuestión política
La batalla entre Gobierno y oposición corre el riesgo de desplazar otra de las preguntas fundamentales: el papel de Marruecos y la respuesta diplomática española.
Feijóo ha endurecido sus críticas y acusa al Ejecutivo de mantener una actitud excesivamente complaciente con Rabat. El Gobierno, por su parte, defiende la necesidad de mantener la cooperación con Marruecos para recuperar la normalidad fronteriza.
La cuestión es especialmente sensible porque España necesita esa cooperación en ámbitos como control migratorio, seguridad, lucha antiterrorista y relaciones comerciales.
Pero precisamente esa dependencia explica por qué la oposición exige saber hasta dónde está dispuesto a llegar el Ejecutivo cuando los intereses españoles chocan con los de Rabat.
En este contexto deben distinguirse también los hechos acreditados de las acusaciones políticas o de las hipótesis todavía sometidas a investigación.
La inmigración se instala en el centro de la batalla electoral
Moncloa ya trabaja con la hipótesis de que la inmigración será uno de los asuntos decisivos de los próximos meses.
Eso explica parte de su preocupación por la tensión social.
Vox buscará capitalizar el descontento con una posición especialmente dura sobre inmigración irregular. El PP intentará mantener la presión sobre Sánchez sin ceder espacio electoral a su derecha. El PSOE, mientras tanto, defenderá su gestión y tratará de presentar a la oposición como responsable de una escalada en la crispación.
Pero la responsabilidad de evitar incidentes no corresponde únicamente a un partido.
Gobierno y oposición tienen la obligación de diferenciar la crítica legítima de la deshumanización, mientras las autoridades deben garantizar tanto el derecho de manifestación como la seguridad de ciudadanos, inmigrantes, periodistas y agentes.
Y, sobre todo, la batalla política no puede sustituir las respuestas administrativas.
Ceuta se convierte en una prueba decisiva para Sánchez
El problema para el Ejecutivo es que la crisis reúne simultáneamente inmigración, seguridad fronteriza, relaciones con Marruecos, presión sobre los servicios públicos y una creciente contestación política.
Moncloa teme que el malestar continúe. PP y Vox sostienen que ese malestar tiene su origen fundamentalmente en la actuación del Gobierno. Y las autoridades ceutíes exigen acelerar una solución dentro del marco legal.
Las próximas semanas determinarán cuál de esas narrativas termina imponiéndose.
Pero existe una realidad reconocida incluso desde el propio Ejecutivo: la crisis de Ceuta no está resuelta y su solución requerirá tiempo.
Para Sánchez, ese calendario puede convertirse en el mayor problema. Cuanto más se prolongue la situación, más difícil será separar la gestión de Ceuta de la batalla electoral y mayor será la presión para explicar qué ocurrió, cómo respondió España ante Marruecos y por qué la normalización está tardando tanto en llegar.
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