El Tribunal Supremo ha realizado un cambio significativo respecto a los despidos nulos en España con su reciente sentencia del 17 de diciembre de 2025. Esta decisión establece que los jueces pueden otorgar indemnizaciones por daños morales a los empleados afectados, independientemente de que estos cuantifiquen o justifiquen dicha indemnización. Esta medida eleva el costo económico que enfrentan las pymes y autónomos en caso de que se declare nulo un despido.
En consecuencia, los empresarios no solo deberán readmitir al trabajador y abonar salarios de tramitación, sino que también se enfrentarán a indemnizaciones adicionales que podrían ser definidas de manera prudencial por los jueces. Este cambio normativo tiene un impacto particular en despidos realizados durante periodos de protección, como bajas médicas, embarazos, o tras reclamaciones laborales
Ignacio Hidalgo Espinosa, experto en derecho laboral, señala que esta nueva doctrina implica que el riesgo para los autónomos y pymes se incrementa, ya que las indemnizaciones podrían variar dependiendo del caso específico. El Tribunal ha dejado claro que el periodo de prueba no queda exento de revisión judicial, lo que implica que los despidos durante este periodo también están sujetos a la misma normativa, limitando así la discrecionalidad del empleador.
El foco judicial está cambiando hacia despidos que se producen en momentos sensibles y donde se ejerce algún derecho por parte del trabajador, lo que puede justificar no solo la nulidad del despido, sino también la posibilidad de una compensación adicional por daño moral.
Para los pequeños empresarios, esto implica que la planificación financiera debe hacerse con mayor precaución, dado que los criterios para establecer la cuantía de estas indemnizaciones no son fijos y dependen del contexto de cada caso. Las indemnizaciones, que actualmente oscilan entre 7 500 y 12 000 euros, pueden aumentar considerablemente en función de la decisión judicial. Usar prácticas de gestión más cuidadosas y comunicativas resulta vital para mitigar la incertidumbre económica que los nuevos criterios legales pueden traer.
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