La tecnológica catalana necesita cerrar una ronda de financiación de 250 millones para impulsar sus chips de inteligencia artificial. La retirada de ACS complica el calendario y deja a la SETT pendiente de encontrar nuevos socios privados.
La apuesta española por desarrollar semiconductores propios atraviesa un momento decisivo. Openchip, la compañía catalana que aspira a competir en el diseño de procesadores para inteligencia artificial y supercomputación, necesita recomponer su ronda de financiación después de que ACS haya aparcado su entrada en el capital.
El movimiento también afecta al papel del Estado. La Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), conocida como la SEPI digital, había recibido autorización para invertir 115,77 millones de euros en la empresa. Sin embargo, la operación no se ha materializado en los términos previstos y el Ministerio para la Transformación Digital reconoce que está evaluando la incorporación de nuevos inversores.
La situación deja a Openchip ante una tarea urgente: encontrar capital privado suficiente para completar una operación que se había planteado en torno a los 250 millones de euros. La Generalitat de Cataluña mantiene su respaldo, pero su participación no basta por sí sola para cubrir las necesidades de financiación del proyecto.
El caso plantea una cuestión de fondo: ¿puede España construir una industria estratégica de semiconductores sin asegurar antes una estructura financiera e industrial capaz de sostenerla?
ACS se aparta y cambia los planes de financiación de Openchip
La salida de ACS de la operación supone un contratiempo importante para Openchip. El grupo presidido por Florentino Pérez había estudiado asumir una participación mayoritaria en la tecnológica, con una posición que, según las informaciones publicadas sobre las negociaciones, podía situarse entre el 40 % y el 51 % del capital.
La entrada de ACS debía aportar algo más que dinero. La compañía podía convertirse en un socio industrial de peso para una empresa que necesita recursos para desarrollar sus procesadores, preparar su fabricación y abrirse paso en un mercado dominado por grandes grupos internacionales.
Sin embargo, ACS ha decidido mantenerse al margen por el momento. Entre los motivos señalados en las informaciones sobre la operación figuran las incertidumbres administrativas y los permisos pendientes. La decisión no implica necesariamente que las conversaciones estén cerradas para siempre, pero sí obliga a replantear el calendario y la composición de la ronda.
La diferencia es relevante: Openchip no ha perdido únicamente a un posible accionista, sino también a un socio que podía asumir una posición de control y contribuir a respaldar su desarrollo empresarial.
La compañía necesita ahora encontrar alternativas que permitan cubrir el hueco dejado por el grupo constructor. Y esa búsqueda se produce en un momento especialmente delicado, porque el proyecto todavía debe convertir sus avances tecnológicos en productos comercializables y ventas recurrentes.
La SETT busca coinversores para entrar en Openchip
La posición del organismo público es uno de los elementos centrales de esta operación. El Gobierno autorizó el 29 de junio de 2026 una inversión de 115 768 421,05 euros en Openchip a través de la SETT, con financiación vinculada a la facilidad europea Next Tech.
La autorización fue presentada como una apuesta por reforzar la autonomía tecnológica española y europea en sectores como la inteligencia artificial y la supercomputación. El objetivo era impulsar el diseño de chips de alto rendimiento y reducir la dependencia de proveedores extranjeros.
No obstante, una autorización del Consejo de Ministros no equivale a una entrada efectiva en el capital. Para que la operación se complete deben cerrarse las condiciones de la inversión y articularse la ampliación correspondiente.
El Ministerio para la Transformación Digital ha explicado a elEconomista que la SETT está evaluando la participación de nuevos inversores. El departamento recuerda que el organismo público no puede entrar en solitario en una empresa y necesita hacerlo acompañado de coinversores.
Este requisito explica por qué la búsqueda de capital privado resulta determinante. La SETT no puede limitarse a cubrir por su cuenta el espacio que deja ACS. Necesita que otros participantes se incorporen a la operación y permitan estructurar una ronda viable.
La incertidumbre afecta también a los plazos. La previsión inicial apuntaba a cerrar la operación en octubre, pero los cambios en la composición del grupo inversor obligan a retrasar su conclusión.
Por tanto, conviene distinguir entre dos cuestiones: el Gobierno autorizó una inversión pública de más de 115 millones, pero la entrada efectiva de ese dinero en el accionariado sigue pendiente de que se cumplan las condiciones de la operación.
La Generalitat mantiene su apuesta y conserva el 5 %
Frente a la retirada de ACS y las dificultades para cerrar la entrada estatal, la Generalitat de Cataluña mantiene su respaldo a Openchip.
El Govern decidió convertir en capital parte de los préstamos concedidos a la compañía a través de Avançsa, su instrumento público de inversión. La operación permitió tomar una participación del 5 % en la tecnológica mediante la transformación de créditos por valor de 35 millones de euros.
Esos préstamos se habían estructurado en dos operaciones, una de 25 millones y otra de 10 millones, y tenían una finalidad inicial de financiación puente: proporcionar recursos a Openchip mientras encontraba inversores privados para completar su ampliación de capital.
Según la información publicada por elEconomista, los vencimientos de estos préstamos están previstos para diciembre de 2027.
La Generalitat sostiene que el proyecto es estratégico para Cataluña y mantiene su intención de acompañar a la empresa en el cierre de la ronda. Openchip, por su parte, asegura que continúa trabajando con el Govern y que mantiene conversaciones con compañías y potenciales inversores para estudiar distintas fórmulas de financiación.
La posición catalana contrasta con la incertidumbre que rodea al resto de la operación. Por ahora, la Administración autonómica es el socio institucional que mantiene públicamente su apuesta por la compañía.
Sin embargo, su participación del 5 % no resuelve el problema financiero. Openchip necesita atraer nuevos accionistas con capacidad suficiente para cubrir el capital que esperaba captar mediante la operación conjunta con ACS y la SETT.
BER10: el primer chip ya está desarrollado, pero falta la fabricación a gran escala
El principal activo tecnológico de Openchip es el desarrollo de BER10, su primer procesador y una pieza fundamental de su estrategia para ganar presencia en el sector europeo de los semiconductores.
La compañía trabaja en el diseño de chips destinados a la computación de alto rendimiento —conocida por las siglas HPC— y a aplicaciones de inteligencia artificial. Su actividad se apoya en la arquitectura abierta RISC-V, una alternativa que permite desarrollar procesadores sin depender de los modelos propietarios tradicionales.
Openchip se presenta como una empresa europea especializada en sistemas en chip y en la integración de hardware y software para aplicaciones de computación avanzada.
El desarrollo de BER10 representa un avance tecnológico, pero todavía no equivale a disponer de una producción industrial consolidada. La empresa no ha iniciado la fabricación masiva del procesador y, de acuerdo con las previsiones difundidas anteriormente, espera que esa fase pueda comenzar en 2028.
La fabricación será delegada en compañías especializadas. Este modelo permite que Openchip concentre sus recursos en el diseño y desarrollo de sus procesadores, pero también la hace dependiente de proveedores industriales y de una cadena de suministro altamente especializada.
El salto desde un diseño tecnológico hasta un producto comercial exige financiación, capacidad de producción, validación, clientes y acuerdos industriales. En el negocio de los semiconductores, desarrollar un chip es solo una parte del recorrido: conseguir fabricarlo en volumen y venderlo de forma competitiva constituye otro desafío.
Por eso, el retraso de la ronda no es un simple problema administrativo. Puede condicionar la velocidad a la que la empresa transforma su desarrollo tecnológico en actividad comercial.
Una empresa con beneficios, pero todavía sin ingresos comerciales
Las cuentas de Openchip añaden otro elemento a la situación. Según los datos recogidos por elEconomista, la compañía cerró 2025 con un beneficio de 650 000 euros, aunque ese resultado estuvo respaldado por ingresos procedentes de subvenciones públicas estatales y europeas.
La información publicada señala que la empresa todavía no había registrado ingresos comerciales. Esta diferencia es importante para entender su situación financiera: obtener beneficios contables gracias a ayudas públicas no significa que el negocio haya alcanzado una actividad comercial capaz de sostenerse por sí misma.
Openchip se encuentra en una fase en la que necesita invertir en investigación, ingeniería, desarrollo de producto y preparación industrial antes de alcanzar una producción a gran escala.
Las subvenciones y los programas públicos pueden facilitar ese proceso, especialmente en una industria que exige inversiones elevadas y plazos largos. Pero la financiación pública no sustituye la necesidad de captar clientes, generar ventas y construir un modelo de negocio sostenible.
La retirada de ACS aumenta la presión para encontrar nuevos socios privados. También obliga a examinar con más atención la dependencia del proyecto respecto a las aportaciones institucionales y a los fondos públicos.
La cuestión no es si España debe apoyar el desarrollo de semiconductores propios. La autonomía tecnológica constituye un objetivo estratégico para Europa. El debate está en cómo se seleccionan los proyectos, cómo se controla el uso de los recursos públicos y qué garantías existen de que las inversiones acabarán generando actividad económica.
GTD y el Barcelona Supercomputing Center, los accionistas fundadores
Openchip nació de la colaboración entre GTD Innovation & Technologies y el Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS).
Al cierre de 2025, la estructura accionarial reflejaba una participación del 53,64 % para GTD y del 46,36 % para el BSC-CNS, según los datos recogidos en la información original.
El BSC-CNS, además, cuenta con una estructura institucional en la que participan distintas administraciones y entidades académicas:
- Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades: 60 %.
- Generalitat de Cataluña: 30 %.
- Universitat Politècnica de Catalunya (UPC): 10 %.
La entrada de nuevos inversores podría modificar sustancialmente este reparto. La ampliación de capital prevista busca incorporar recursos adicionales y, como consecuencia, diluir las participaciones de los accionistas actuales.
La Generalitat ya ha obtenido un 5 % mediante la conversión de parte de los préstamos concedidos. La posible entrada de la SETT y de nuevos socios privados alteraría todavía más el equilibrio accionarial.
La operación también tendrá consecuencias sobre la gobernanza de la empresa: quién tendrá capacidad de decisión, qué peso conservarán los fundadores y qué compromisos asumirán los nuevos inversores.
El reto de convertir una apuesta pública en una empresa competitiva
El caso de Openchip refleja las dificultades de construir una industria europea de semiconductores en un mercado que exige grandes inversiones y una elevada especialización tecnológica.
Estados Unidos y Asia cuentan con empresas consolidadas, capacidad industrial y cadenas de suministro muy desarrolladas. Europa intenta reducir esa dependencia mediante programas de apoyo público y proyectos estratégicos, pero la financiación inicial no garantiza por sí sola que una compañía consiga competir internacionalmente.
Openchip dispone de un desarrollo tecnológico propio, respaldo institucional y una hoja de ruta que contempla la producción a gran escala a partir de 2028. Sin embargo, la salida de ACS y la necesidad de buscar nuevos coinversores ponen de manifiesto que el proyecto todavía debe superar importantes obstáculos financieros.
La SETT tendrá que encontrar socios privados si quiere materializar la inversión autorizada. La Generalitat mantiene su apoyo, mientras que la empresa debe demostrar que puede atraer capital y transformar BER10 en un producto comercial.
El éxito de Openchip no debería medirse únicamente por los millones de financiación pública anunciados, sino por su capacidad para fabricar, vender y competir sin depender indefinidamente de nuevas inyecciones institucionales.
La pregunta que queda sobre la mesa es inevitable: ¿logrará España consolidar un fabricante estratégico de tecnología propia o acabará dependiendo de nuevas rondas de dinero público para mantener vivo el proyecto?
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