Los socialistas han acudido al Tribunal de Cuentas para solicitar que examine la operación inmobiliaria de la Comunidad de Madrid. Corbalán, señalado como una figura clave en la compra, no ha comparecido en la Asamblea tras el rechazo del PP.
El PSOE lleva al Tribunal de Cuentas la compra del ático de Chamberí
El PSOE ha solicitado al Tribunal de Cuentas que investigue a Pedro Corbalán, una figura vinculada a la compra del ático de Chamberí adquirido por la Comunidad de Madrid. La iniciativa busca que el organismo fiscalizador examine una operación que ha generado controversia política en torno al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
La denuncia, según la información publicada por EL PAÍS, señala a Corbalán por su papel en la operación inmobiliaria. El alto cargo ha mantenido silencio sobre el asunto y el PP ha impedido su comparecencia en la Asamblea de Madrid, según el titular de la noticia original.
El movimiento de los socialistas traslada el asunto al órgano encargado de fiscalizar la gestión económica del sector público. No obstante, la presentación de una denuncia no implica que se haya acreditado una irregularidad ni que el Tribunal de Cuentas haya abierto una investigación.
La información disponible sobre el escrito es limitada, ya que el artículo original está parcialmente bloqueado por suscripción. Por ello, no se conocen todos los argumentos de la denuncia ni las actuaciones concretas que reclama el PSOE.
Pedro Corbalán, el directivo que gestionó la compraventa
Pedro Corbalán Ruiz es el consejero delegado de Planifica Madrid, la empresa pública que adquirió el inmueble. Su participación en la operación es uno de los motivos por los que el PSOE reclama que se examine su actuación.
Según la documentación y las fuentes consultadas por EL PAÍS, Corbalán contactó con la inmobiliaria encargada de comercializar la vivienda, visitó el inmueble, firmó un contrato de arras por 630 000 euros y suscribió un acuerdo de confidencialidad.
También habría intervenido en la selección del inmueble, que debía tener entre 250 y 400 metros cuadrados y una gran terraza. La inmobiliaria llegó a mostrarle otra vivienda, situada en el paseo del Pintor Rosales, antes de que se eligiera el ático de Chamberí.
El papel de Corbalán resulta relevante para esclarecer quién tomó las decisiones y con qué autorizaciones se ejecutó la compra. Sin embargo, su participación en los trámites no demuestra por sí misma que se cometiera una irregularidad.
Una operación de más de seis millones de euros bajo escrutinio
La Comunidad de Madrid adquirió el ático por medio de Planifica Madrid por un importe superior a seis millones de euros. La operación generó críticas por las características del inmueble y por las dudas sobre su finalidad institucional.
Tras conocerse públicamente la compra, la empresa pública puso la vivienda a la venta. La operación no recibió ofertas y el inmueble volvió a salir a subasta, según la información publicada por EL PAÍS.
La controversia también se ha centrado en la justificación de la adquisición. El Gobierno regional ha defendido que el inmueble estaba destinado a usos institucionales, mientras que la oposición ha cuestionado la necesidad de comprar una vivienda de esas características con dinero público.
En una comparecencia parlamentaria anterior, el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, sostuvo que el ático podía servir como lugar de trabajo, descanso y alojamiento ocasional para autoridades. La oposición cuestionó que se hubiera aclarado quién ordenó la compra y qué procedimiento se siguió.
El Tribunal de Cuentas y la investigación judicial
La petición del PSOE se suma a las iniciativas previas relacionadas con la compra. Más Madrid ya había acudido al Tribunal de Cuentas para solicitar que se examinara si la adquisición pudo ocasionar un perjuicio a los fondos públicos.
Además, el asunto está bajo examen judicial. En septiembre, una jueza de Madrid solicitó a la Fiscalía que determinara si el juzgado era competente para investigar la compra del inmueble, después de recibir denuncias de distintas organizaciones y formaciones políticas.
Son procedimientos distintos: el Tribunal de Cuentas fiscaliza la gestión económica del sector público, mientras que la vía judicial puede determinar si existen indicios de delito. Ninguna de estas actuaciones equivale a una declaración de culpabilidad.
Las preguntas que siguen sin respuesta
La solicitud socialista vuelve a poner el foco en la documentación de la operación y en la cadena de decisiones que condujo a la compra.
Entre las cuestiones que la oposición ha planteado figuran quién dio la orden de buscar una vivienda con esas características, qué autorizaciones eran necesarias y qué responsables participaron en la decisión.
La comparecencia de Corbalán podría haber permitido conocer su versión directamente en la Asamblea. Sin embargo, el PP impidió que interviniera en la comisión, por lo que las explicaciones parlamentarias recayeron en el consejero de Presidencia.
El escrito presentado por el PSOE pretende que el Tribunal de Cuentas examine la actuación del directivo y las circunstancias económicas de la operación. La información disponible no permite afirmar qué conclusiones alcanzará el organismo ni si abrirá nuevas actuaciones.
Qué puede ocurrir ahora
La petición del PSOE abre una nueva vía de fiscalización sobre la compra del ático, pero todavía no supone que el Tribunal de Cuentas haya confirmado irregularidades.
El organismo deberá valorar la documentación y decidir qué actuaciones corresponden, mientras continúa el procedimiento judicial relacionado con la adquisición.
Por su parte, el Gobierno de Ayuso mantiene que el inmueble tenía una finalidad institucional. La oposición reclama aclaraciones sobre el procedimiento de compra y el uso de recursos públicos.
El caso sigue pendiente de explicaciones y de las decisiones de los organismos competentes. La documentación de la operación y las actuaciones que puedan realizar el Tribunal de Cuentas y la justicia serán determinantes para esclarecer si existieron responsabilidades.
Chollones
Chollones
Chollones