El socio minoritario exige aprobar el martes un paquete sobre alquileres y desahucios mientras el Gobierno intenta cerrar un acuerdo con Junts
El decreto de vivienda vuelve a poner a prueba la relación entre PSOE y Sumar. El socio minoritario del Gobierno ha advertido de que sus ministros podrían no acudir al próximo Consejo de Ministros si el Ejecutivo no lleva el martes 29 de septiembre un paquete de medidas que considere suficiente para afrontar la crisis residencial.
La amenaza se produce después del desahucio de Mari Carmen Abascal, una mujer de 87 años, y en plena negociación del Gobierno con sus socios parlamentarios para conseguir que el futuro real decreto-ley pueda superar posteriormente su convalidación en el Congreso.
Sumar reclama que la norma incluya medidas reforzadas sobre alquileres, desahucios, fondos de inversión y usos de la vivienda. El PSOE, por su parte, sostiene que el objetivo fundamental es conseguir que las medidas puedan obtener después el respaldo suficiente en el Parlamento.
Sumar eleva la presión sobre Pedro Sánchez
El mensaje de Sumar ha sido explícito. Comuns, Más Madrid, Izquierda Unida y Movimiento Sumar han reclamado que el Consejo de Ministros del martes apruebe un paquete de medidas frente a la crisis de la vivienda y han advertido de que no aceptarán una norma que consideren insuficiente.
La formación ha utilizado una expresión especialmente contundente para definir su posición: “No valen parches”.
Además, ha recordado que sus ministros ya protagonizaron una situación similar meses atrás, cuando se ausentaron de una reunión del Consejo de Ministros en el contexto de las negociaciones para prorrogar medidas relacionadas con los alquileres.
El nuevo pulso coloca al Ejecutivo ante una doble negociación: cerrar el contenido del decreto dentro del propio Gobierno y, al mismo tiempo, conseguir los apoyos necesarios para que sobreviva en el Congreso.
Las exigencias de Sumar para el decreto de vivienda
Sumar ha reclamado un paquete que incluya varias medidas concretas:
- Prórroga reforzada de los contratos de alquiler.
- Mayor protección frente a desahucios.
- Medidas dirigidas contra determinadas operaciones de los fondos de inversión.
- Regulación de usos que considera especulativos, incluidos los pisos turísticos.
- Medidas frente al supuesto fraude mediante contratos de temporada o alquileres por habitaciones.
- Renovación automática de los contratos de alquiler en determinados supuestos.
- La recuperación de la vivienda de Mari Carmen Abascal.
La exigencia sobre la vivienda de Mari Carmen constituye uno de los puntos más controvertidos.
Sumar ha defendido que el Gobierno debería recuperar el inmueble del que fue desalojada la mujer, mientras que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha rechazado esa posibilidad al considerar que una expropiación de este tipo no tendría un encaje constitucional claro.
El caso de Mari Carmen dispara el conflicto político
El caso de Mari Carmen Abascal se ha convertido en uno de los símbolos del debate actual sobre vivienda.
La mujer, de 87 años, fue desahuciada de la vivienda que tenía alquilada en Madrid después de décadas residiendo en ella. Su situación provocó una fuerte reacción política y social y ha servido como argumento para quienes reclaman reforzar la protección frente a los desahucios.
La propia Mari Carmen ha pedido públicamente al presidente del Gobierno que apruebe el decreto y ha reclamado que su caso sirva para modificar las normas y evitar situaciones similares.
Sumar ha utilizado precisamente este episodio para elevar la presión sobre su socio mayoritario.
La formación sostiene que el Ejecutivo debe responder con medidas estructurales y no limitarse a una solución puntual.
El PSOE intenta evitar un choque con sus socios
El Ministerio de Vivienda, dirigido por Isabel Rodríguez, ha señalado que trabaja para que el decreto pueda llegar al Consejo de Ministros del martes.
Fuentes del departamento han indicado que esa es la voluntad del Gobierno, aunque las negociaciones continuaban durante el fin de semana con los diferentes grupos parlamentarios.
El Ejecutivo afronta así un problema que va más allá de la aprobación formal de un real decreto-ley.
La norma tendría que superar después el trámite parlamentario de convalidación. Por eso, el sector socialista del Gobierno ha insistido en la necesidad de alcanzar previamente un acuerdo que permita reunir los votos suficientes.
El ministro Óscar López resumió esa posición al señalar que lo importante es que las medidas terminen siendo aprobadas por el Congreso.
Junts aparece como una pieza clave
La aritmética parlamentaria complica todavía más el escenario.
El Gobierno negocia con sus socios habituales y también con Junts, cuya posición puede resultar determinante para la tramitación de la norma.
Las conversaciones con la formación de Carles Puigdemont han abierto otro frente dentro del Ejecutivo.
Entre las cuestiones planteadas aparecen medidas fiscales para los propietarios afectados por determinadas prórrogas de los contratos de alquiler. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se mostró dispuesto a estudiar algunas de esas condiciones con el objetivo de facilitar un acuerdo.
El problema es que cada concesión a un socio parlamentario puede generar nuevas tensiones con otro.
Así, el Gobierno necesita encontrar un punto de equilibrio entre Sumar, Junts y el resto de grupos parlamentarios sin romper la posición común dentro del Consejo de Ministros.
El precedente de abril pesa sobre las negociaciones
El conflicto actual tiene además un antecedente parlamentario.
En abril de 2026, una prórroga de los alquileres destinada a evitar determinados desahucios no consiguió salir adelante en el Congreso. RTVE señala que PP, Vox y Junts votaron contra aquella iniciativa.
Sumar utiliza ahora aquel episodio para reclamar al PSOE una posición más firme.
El PSOE, por su parte, centra el discurso en la necesidad de conseguir una mayoría parlamentaria efectiva.
El desacuerdo refleja una cuestión esencial en la política española de vivienda: aprobar una medida en el Consejo de Ministros no garantiza que pueda mantenerse posteriormente en el Congreso.
Sumar también carga contra el PSOE por los fondos de inversión
La tensión entre los socios no se limita a los desahucios.
Sumar ha recordado que el PSOE se abstuvo recientemente en la toma en consideración de una iniciativa para prohibir la compra de viviendas por fondos de inversión.
Para Sumar, esta posición evidencia diferencias de fondo sobre el modelo de política residencial.
El PSOE, en cambio, insiste en la necesidad de construir acuerdos parlamentarios que permitan aprobar medidas con efectos jurídicos duraderos.
La discrepancia muestra dos estrategias diferentes dentro del Ejecutivo: Sumar reclama mayor intervención sobre el mercado residencial, mientras que el PSOE está tratando de combinar las demandas de su socio minoritario con las condiciones de otros grupos necesarios para sacar adelante las normas.
Bolaños rechaza expropiar la vivienda de Mari Carmen
Uno de los puntos donde la distancia resulta más evidente es la propuesta de recuperar mediante expropiación la vivienda de Mari Carmen.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, rechazó esta opción y argumentó que las fórmulas de expropiación planteadas no tendrían un encaje constitucional claro.
La posición del ministro supone una diferencia significativa respecto a las exigencias de Sumar.
Mientras Sumar considera que la recuperación del inmueble tendría un valor político y social, el sector socialista del Gobierno ha descartado esa vía.
El desacuerdo pone de manifiesto que la crisis de vivienda está generando tensiones no solo entre Gobierno y oposición, sino dentro del propio Ejecutivo.
La respuesta del Gobierno llega en plena crisis residencial
El pulso político coincide con un escenario de fuerte presión social alrededor de la vivienda.
Las protestas de Madrid y la acampada de la Puerta del Sol han convertido los desahucios y el acceso a la vivienda en uno de los principales focos de debate político de estos días.
Sumar interpreta estas movilizaciones como una señal de que existe una demanda social para reforzar la protección de los inquilinos.
Otros colectivos, sin embargo, han advertido de los posibles efectos de algunas medidas antidesahucios.
La Plataforma de Afectados por la Ocupación ha expresado su rechazo a determinadas propuestas porque considera que podrían favorecer situaciones de ocupación ilegal. Esta es una posición de la plataforma y no una conclusión independiente sobre el efecto jurídico de las medidas.
El Gobierno ya ha aprobado otras medidas de vivienda en 2026
El nuevo decreto no parte de cero.
En abril, el Gobierno aprobó el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7 000 millones de euros en cinco años. El plan establece que el Estado aporta el 60 % de los fondos y las comunidades autónomas el 40 %. Además, al menos el 40 % de los recursos se destina a construcción y adquisición de vivienda, un 30 % a rehabilitación y otro 30 % a protección de colectivos y territorios con mayores necesidades.
En junio, el Ejecutivo informó además de nuevas inversiones vinculadas al parque público y a CASA 47, con 22 nuevos proyectos que sumaban 1 629 viviendas y actuaciones de urbanización con potencial para unas 22 000 viviendas.
Estas políticas forman parte de la estrategia general del Gobierno, pero el decreto que reclama Sumar tiene otro objetivo inmediato: responder a la situación de los alquileres y los desahucios.
El verdadero problema: aprobar el decreto y lograr que sobreviva
La próxima reunión del Consejo de Ministros representa, por tanto, solo el primer paso.
Si el Ejecutivo aprueba el decreto el 29 de septiembre, posteriormente tendrá que afrontar su convalidación parlamentaria.
Ese es precisamente el motivo por el que el PSOE insiste en las negociaciones con los diferentes grupos.
La situación deja tres escenarios principales sobre la mesa:
- El Gobierno aprueba un decreto con las principales demandas de Sumar y busca posteriormente los votos para convalidarlo.
- El Ejecutivo presenta un texto más limitado, lo que podría provocar el plante de Sumar anunciado para el Consejo de Ministros.
- Las negociaciones con Junts y otros grupos obligan a modificar el contenido, generando nuevas tensiones dentro de la coalición.
Ninguno de estos escenarios estaba cerrado al cierre de la información publicada el 26 de septiembre. El Ministerio de Vivienda confirmó que trabajaba para llevar el texto al Consejo de Ministros, mientras las negociaciones continuaban.
Un nuevo pulso entre PSOE y Sumar
La vivienda se ha convertido en uno de los asuntos que con mayor frecuencia enfrentan a los dos socios del Gobierno.
Sumar reclama más protección para los inquilinos y mayor intervención sobre determinados usos del mercado inmobiliario.
El PSOE busca aprobar medidas que puedan obtener posteriormente respaldo parlamentario suficiente.
Y Junts aparece como uno de los actores que pueden condicionar el resultado final.
El choque vuelve a demostrar la dificultad de gobernar con una mayoría parlamentaria fragmentada: cada acuerdo exige equilibrar posiciones diferentes y cada concesión puede abrir un nuevo frente político.
Por ahora, Sumar ha fijado su línea roja: si el decreto no llega al Consejo de Ministros con medidas que considere suficientes, sus ministros amenazan con no acudir.
El martes será la primera prueba.
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