Pablo Llarena concluye que el aval europeo a la Ley de Amnistía no elimina el argumento del “beneficio personal de carácter patrimonial” y mantiene vigente la orden nacional de detención contra Carles Puigdemont.
La situación judicial de Carles Puigdemont vuelve a quedar bloqueada en España. El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha rechazado aplicar por ahora la Ley de Amnistía al delito de malversación atribuido al expresidente de la Generalitat y mantiene activa la orden nacional de detención contra él.
La decisión llega dos meses después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declarara que la Ley de Amnistía española es compatible con el Derecho de la Unión. Sin embargo, Llarena sostiene que aquella sentencia europea elimina únicamente uno de los argumentos que utilizó en 2024 para negar la amnistía, pero no afecta a otro fundamento independiente: la existencia, según la interpretación del Supremo, de un propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial.
La resolución abre un nuevo capítulo en el largo conflicto judicial derivado del procés de 2017 y traslada buena parte de la atención al Tribunal Constitucional, que deberá pronunciarse sobre recursos de amparo relacionados con la interpretación del delito de malversación.
Llarena rechaza aplicar la amnistía a Puigdemont
El magistrado instructor del procés ha desestimado la petición formulada por Puigdemont para que se aplicara la amnistía a los hechos por los que está procesado provisionalmente por malversación.
La misma decisión afecta al exconseller Antoni Comín.
Llarena ya había rechazado la aplicación de la norma en un auto del 1 de julio de 2024. Entonces sostuvo que la malversación atribuida a los dirigentes independentistas quedaba fuera de la Ley de Amnistía por dos motivos principales.
El primero era la apreciación de un propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial. El segundo se refería a una eventual afectación de los intereses financieros de la Unión Europea.
El escenario cambió parcialmente el pasado 16 de julio de 2026.
Qué dijo realmente el TJUE sobre la Ley de Amnistía
La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyó el 16 de julio que la Ley Orgánica de Amnistía no es, con carácter general, incompatible con el Derecho de la Unión.
Entre otras cuestiones, el tribunal europeo descartó que los hechos analizados supusieran por sí mismos una afectación de los intereses financieros de la UE y consideró legítimo que una norma de esta naturaleza persiga reducir tensiones políticas e institucionales y favorecer la reconciliación.
Ese pronunciamiento tiene consecuencias para el razonamiento que había empleado previamente el Tribunal Supremo.
Llarena reconoce ahora que ya no puede sostener el argumento relativo a los intereses financieros europeos.
Pero, según su nuevo auto, eso no obliga automáticamente a amnistiar a Puigdemont.
La razón es que el instructor considera que continúa vigente el segundo fundamento: el posible beneficio personal patrimonial derivado de la utilización de fondos públicos para impulsar el procés.
El punto clave: qué significa “beneficio personal”
Ahí se encuentra el verdadero núcleo del conflicto jurídico.
La Ley de Amnistía excluye determinadas conductas de malversación cuando exista un propósito de enriquecimiento o beneficio personal de carácter patrimonial, pero el alcance concreto de esa expresión ha provocado interpretaciones enfrentadas.
El Supremo ha sostenido que evitar pagar personalmente determinados gastos y cargar su coste al erario puede constituir ese beneficio patrimonial.
Las defensas de Puigdemont y otros dirigentes del procés rechazan esa interpretación y consideran que las cantidades utilizadas perseguían objetivos políticos y no un enriquecimiento individual.
Por tanto, la disputa ya no gira principalmente sobre si la Ley de Amnistía es compatible con el Derecho europeo. El conflicto se centra ahora en cómo debe aplicarse la excepción relativa a la malversación en cada caso concreto.
Puigdemont sigue teniendo una orden de detención en España
La consecuencia inmediata del auto es especialmente relevante.
La orden nacional de detención contra Carles Puigdemont continúa vigente.
Llarena rechaza levantarla porque ninguno de los argumentos presentados por la defensa —amnistía, archivo del procedimiento o supuesta doble persecución— ha provocado por ahora la extinción de la causa.
El magistrado precisa, no obstante, que eso no significa que la medida sea irrevisable en el futuro.
La situación puede cambiar si aparecen nuevas circunstancias procesales o, especialmente, si el Tribunal Constitucional fija una interpretación diferente sobre la aplicación de la amnistía a la malversación.
El Tribunal Constitucional emerge como la siguiente batalla
El futuro judicial de Puigdemont puede depender ahora de lo que resuelva el Tribunal Constitucional.
Llarena ha dejado constancia de la existencia de recursos de amparo pendientes relacionados con la negativa del Supremo a amnistiar determinados delitos de malversación.
Uno de los casos especialmente relevantes es el del exconseller Jordi Turull.
Fuentes jurídicas consultadas por EFE señalaron días antes del auto que Llarena prevé aplicar a Puigdemont la doctrina que establezca el Constitucional en el caso Turull si esta obliga a modificar el criterio mantenido hasta ahora por el Supremo.
Eso convierte la decisión conocida esta semana en una negativa por ahora, no necesariamente en el cierre definitivo del procedimiento.
Bolaños sostiene que la amnistía plena es “cuestión de tiempo”
El Gobierno ha interpretado la resolución de manera muy diferente.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, declaró después de conocerse el auto que la aplicación completa de la amnistía a los protagonistas del procés es “cuestión de tiempo”.
Bolaños argumenta que tanto el Tribunal Constitucional como el TJUE han validado aspectos fundamentales de la norma y considera que el escenario cambiará cuando el Constitucional resuelva los recursos de amparo pendientes.
El ministro defendió además que la ley está contribuyendo a la denominada “normalización de Cataluña”, una valoración política del Ejecutivo que sigue siendo objeto de fuerte controversia entre los partidos españoles.
La posición de Llarena, en cambio, parte de una cuestión distinta: que la validez general de una ley no determina necesariamente que cualquier conducta incluida inicialmente en una causa penal tenga que ser amnistiada.
Esa diferencia entre constitucionalidad general y aplicación individual resulta esencial para entender el caso.
El Tribunal de Cuentas también mantiene abierto el frente del procés
Existe además un procedimiento paralelo ante el Tribunal de Cuentas relacionado con los fondos empleados para el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la acción exterior del procés.
El órgano fiscalizador ha rechazado los recursos presentados por varios encausados contra una providencia de julio mediante la que había solicitado alegaciones a las partes tras conocerse la sentencia del TJUE.
Entre quienes recurrieron figuraban Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa.
Conviene precisar un aspecto importante: el rechazo de esos recursos no equivale todavía a una sentencia definitiva que niegue la amnistía en el procedimiento contable.
Lo que ha hecho el Tribunal de Cuentas es mantener el trámite iniciado para decidir cómo afecta la resolución europea a la causa.
Puigdemont amenaza con reclamar responsabilidad al Estado
La defensa de Puigdemont también ha elevado el tono frente al Tribunal de Cuentas.
Su abogado, Gonzalo Boye, sostiene que la sentencia del TJUE debe ejecutarse sin una reinterpretación que, a su juicio, limite sus efectos.
Puigdemont ha advertido de que podría plantear una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Estado por lo que considera una eventual vulneración del Derecho de la Unión si finalmente no se respetara el alcance que su defensa atribuye a la sentencia europea. Esa posición corresponde a la defensa del expresidente catalán y no constituye una conclusión judicial.
La defensa también sostiene que los gastos controvertidos fueron sufragados exclusivamente con recursos propios de la Generalitat y ha invocado certificaciones de la Intervención General catalana para respaldar su posición.
Qué cambia con el auto y qué permanece igual
La resolución permite separar varios elementos que con frecuencia aparecen mezclados en el debate político.
Primero: el TJUE ha concluido que la Ley de Amnistía es compatible, en los aspectos examinados, con el Derecho europeo.
Segundo: esa decisión elimina el argumento del Supremo relativo a una hipotética afectación de los intereses financieros europeos.
Tercero: Llarena mantiene un argumento diferente para negar la amnistía: el supuesto propósito de obtener un beneficio personal patrimonial.
Cuarto: Puigdemont continúa procesado por presunta malversación y mantiene una orden nacional de detención.
Quinto: el Tribunal Constitucional todavía puede alterar el escenario cuando resuelva los recursos de amparo pendientes.
La batalla judicial, por tanto, no está cerrada.
De la negociación política al laberinto judicial
La Ley Orgánica de Amnistía fue aprobada en 2024 tras el acuerdo político alcanzado entre el PSOE y fuerzas independentistas catalanas en el contexto de la investidura de Pedro Sánchez.
Desde entonces, la norma ha recorrido simultáneamente varios niveles judiciales: Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Audiencia Nacional y Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El aval europeo ha despejado algunas de las dudas planteadas sobre su compatibilidad con el Derecho comunitario, pero no ha resuelto de forma automática todos los procedimientos individuales.
El caso Puigdemont demuestra precisamente esa diferencia.
Una cosa es determinar si una ley resulta jurídicamente válida en términos generales y otra establecer qué personas y qué conductas concretas cumplen sus requisitos.
Puigdemont sigue sin tener despejado su regreso
El resultado práctico del auto de Llarena es claro.
Carles Puigdemont no dispone en este momento de una vía libre para regresar a España sin riesgo de detención.
La orden nacional sigue vigente y su aplicación dependerá de la evolución del procedimiento.
La incógnita principal se desplaza ahora al Tribunal Constitucional. Si este fija una doctrina sobre la malversación que contradiga la interpretación utilizada por el Supremo, la situación de Puigdemont podría cambiar.
Hasta entonces, el choque jurídico continúa abierto entre una Ley de Amnistía avalada en términos generales por el TJUE y una interpretación del Supremo que considera que determinados hechos de malversación siguen fuera de su cobertura.
Esa distinción marcará el próximo capítulo del conflicto judicial del procés.
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