Estados Unidos vuelve a elevar la presión sobre el comercio internacional. La Administración de Donald Trump ha anunciado una nueva batería de aranceles contra 60 países, una decisión que sustituye al gravamen temporal del 10 % aplicado durante los últimos 150 días y que introduce un nuevo criterio basado en la lucha contra el trabajo forzoso en las cadenas globales de suministro.
Estados Unidos sustituye el arancel temporal por un nuevo sistema de gravámenes
El Gobierno estadounidense ha confirmado que, una vez expirado el arancel global temporal del 10 %, entrará en vigor un nuevo régimen comercial que afectará a 60 economías.
La Administración Trump sostiene que la medida busca incentivar que los países adopten y apliquen leyes eficaces para impedir la importación y exportación de productos elaborados mediante trabajo forzoso, una práctica que Washington considera una vulneración de los derechos humanos y una distorsión de la competencia internacional.
El nuevo esquema establece dos niveles de aranceles, en función del grado de compromiso de cada país con la erradicación del trabajo forzado.
Aranceles del 10 % para los países con legislación adecuada
Los países que, según la evaluación de Estados Unidos, cuentan con una normativa suficiente para combatir el trabajo forzoso estarán sujetos al arancel más bajo, del 10 %.
Entre ellos figuran:
- Argentina
- Canadá
- México
- Reino Unido
- India
- Indonesia
- Malasia
- Bangladesh
- Pakistán
- Sri Lanka
- Guatemala
- Honduras
- El Salvador
- Ecuador
- Camboya
- Jordania
- Trinidad y Tobago
Gravamen del 12,5 % para las economías investigadas
Los países que, según Washington, no disponen de mecanismos suficientes para impedir el comercio de productos elaborados con trabajo forzoso afrontarán un arancel del 12,5 %.
Además, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Suiza estarán sujetas a un tratamiento diferenciado, ya que algunos de sus productos mantendrán un gravamen del 10 %, mientras que otros podrían quedar sujetos al 12,5 %, dependiendo del resultado de las investigaciones comerciales abiertas por Estados Unidos.
Esta diferenciación introduce un nuevo elemento de incertidumbre para numerosos exportadores que operan en el mercado estadounidense.
Washington justifica la medida por razones de derechos humanos
El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, defendió la decisión afirmando que décadas de presión diplomática no han conseguido eliminar el trabajo forzoso de las cadenas globales de suministro.
Según explicó, Estados Unidos mantiene desde hace casi un siglo una prohibición sobre la importación de mercancías producidas mediante trabajo forzado y considera que ha llegado el momento de exigir un compromiso similar a sus socios comerciales.
La Administración estadounidense sostiene que la medida pretende mejorar las condiciones laborales internacionales y eliminar ventajas competitivas derivadas de prácticas consideradas desleales.
Una nueva fase de la política comercial de Trump
La decisión llega después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anulase en febrero los anteriores aranceles recíprocos globales aprobados al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
Tras ese revés judicial, la Casa Blanca recurrió a otra base legal para mantener un arancel general del 10 % sobre la mayoría de las importaciones, medida que ahora evoluciona hacia un sistema selectivo vinculado a criterios relacionados con el trabajo forzoso.
La política comercial de Donald Trump continúa así apostando por una mayor protección del mercado estadounidense y por utilizar los aranceles como instrumento de presión económica y diplomática frente a sus socios comerciales.
Incertidumbre para el comercio internacional
La entrada en vigor de estos nuevos gravámenes abre una nueva etapa de incertidumbre para el comercio mundial.
Las empresas exportadoras deberán adaptarse a un sistema más complejo, mientras numerosos gobiernos podrían estudiar respuestas diplomáticas o incluso recurrir a organismos internacionales si consideran que las nuevas medidas vulneran las normas del comercio global.
El alcance definitivo de estos aranceles dependerá ahora de su aplicación práctica y de las posibles negociaciones bilaterales que Estados Unidos mantenga con los países afectados en los próximos meses.
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