La destitución del entonces director adjunto operativo de la Guardia Civil vuelve al foco tras publicarse nuevas informaciones que cuestionan los motivos del relevo y su impacto en la Unidad Central Operativa.
La sustitución del entonces director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, el teniente general Pablo Salas, vuelve a situarse en el centro del debate político y judicial. Según una información publicada por Libertad Digital, el relevo impulsado por el Ministerio del Interior en diciembre de 2023 habría respondido al objetivo de ejercer un mayor control sobre la Unidad Central Operativa (UCO), responsable de algunas de las investigaciones más sensibles que afectan al entorno del Gobierno.
Las afirmaciones, basadas en fuentes policiales consultadas por el citado medio, se producen en un contexto marcado por diversas investigaciones judiciales y por la creciente tensión institucional entre el Ejecutivo y determinados sectores de la Guardia Civil.
Un relevo que sorprendió dentro de la Guardia Civil
El 12 de diciembre de 2023, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cesó como DAO al teniente general Pablo Salas, que ocupaba el cargo desde junio de 2020.
Su sustituto fue el teniente general Manuel Llamas, hasta entonces responsable del Mando de Personal y antiguo jefe de Gabinete de la exdirectora general de la Guardia Civil, María Gámez.
Oficialmente, el relevo fue presentado como un cambio dentro de la normalidad institucional. Sin embargo, según las fuentes citadas por Libertad Digital, la decisión sorprendió incluso al propio Salas, quien, siempre según esas fuentes, no recibió una explicación detallada sobre los motivos de su destitución.
La UCO, en el centro de la controversia
La información sostiene que el cambio en la cúpula operativa de la Guardia Civil se produjo apenas unas semanas antes de que estallara públicamente el denominado caso Koldo, una investigación que ya estaba siendo desarrollada por la UCO desde 2022.
Posteriormente, esta misma unidad asumió también diligencias relacionadas con otros procedimientos judiciales que afectan al entorno del presidente del Gobierno, entre ellos los casos que afectan a Begoña Gómez y David Sánchez.
Las fuentes consultadas por el citado medio sostienen que el Ejecutivo pretendía reforzar el control sobre la unidad encargada de estas investigaciones. Estas afirmaciones no han sido confirmadas oficialmente por el Gobierno.
Nuevas revelaciones sobre presiones internas
La publicación también recuerda que el actual DAO, Manuel Llamas, aparece mencionado en actuaciones judiciales relacionadas con la denominada investigación sobre las llamadas «cloacas del PSOE».
Según dicha información, se le atribuye haber trasladado instrucciones para que los investigadores adoptaran una actitud de mayor prudencia en aquellas investigaciones con repercusión política. Estas afirmaciones forman parte de la documentación incorporada a un procedimiento judicial y deberán ser valoradas por los tribunales competentes.
El ascenso del jefe de la UCO también genera dudas
Otro de los episodios que vuelve a cobrar protagonismo es el ascenso del entonces jefe de la UCO, Rafael Yuste, a general de brigada en diciembre de 2023.
Algunos sectores interpretaron aquel movimiento como un cambio que alejaba al responsable de la unidad investigadora en un momento especialmente delicado por las causas abiertas de mayor repercusión política.
No obstante, el Gobierno siempre ha defendido que estos nombramientos responden a criterios organizativos y de carrera profesional.
La directora general de la Guardia Civil también bajo el foco
La actual directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, también ha sido objeto de críticas tras la apertura de varias informaciones reservadas dirigidas a esclarecer posibles filtraciones de documentación interna relacionadas con investigaciones de la UCO.
Las pesquisas internas afectaron a asuntos vinculados al caso del hermano del presidente del Gobierno, a la trama Koldo y a supuestas tensiones dentro de la propia unidad.
Durante su comparecencia en la Comisión de Interior del Senado, González defendió la legalidad de estas actuaciones y aseguró que se trata de procedimientos habituales dentro de la institución. Además, recordó que todas las investigaciones internas fueron archivadas sin derivar en expedientes disciplinarios para ningún agente.
Un nuevo frente político e institucional
Las nuevas informaciones vuelven a alimentar el debate sobre la independencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y sobre la autonomía de las unidades encargadas de investigar casos de corrupción con repercusión política.
Mientras continúan abiertos distintos procedimientos judiciales, la polémica sobre la relación entre el Gobierno y la UCO sigue ocupando un lugar destacado en el panorama político español.
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