La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha puesto sobre la mesa una iniciativa que busca la «democratización de las empresas» a través de incentivos fiscales. Esta propuesta, presentada recientemente en el Consejo de Ministros, contempla la posibilidad de reducir impuestos o priorizar en la contratación pública a aquellas compañías que aumenten la participación de los trabajadores en sus decisiones, incluyendo la inclusión en consejos de administración. Sin embargo, se han planteado preocupaciones sobre la viabilidad y los efectos de este enfoque.
Uno de los elementos críticos es que la utilización de la fiscalidad con el objetivo de dirigir el modelo de gobernanza empresarial puede alterar la competencia. Las empresas que se alineen con el modelo preferido pagarán menos impuestos que aquellas que opten por un modelo diferente, lo que puede crear una asimetría que no refleje únicamente criterios de productividad o innovación.
Además, se argumenta que esta intervención podría erosionar la neutralidad del sistema fiscal. Los incentivos fiscales condicionados a la estructura de gobernanza empresarial reducirían la base imponible del sector y podrían llevar a la necesidad de aumentos en otros impuestos para mantener el equilibrio fiscal.
Por otro lado, el impacto práctico de estas medidas se enfrenta al legado de otros modelos similares en diferentes países. En particular, la experiencia alemana se presenta frecuentemente como un ejemplo a seguir en esta materia, aunque la literatura académica no muestra un consenso claro sobre si esta cogestión en realidad mejora la productividad de las empresas. Estudios sugieren que el modelo alemán, que aplica regímenes de cogestión obligatoria en empresas de más de 2.000 empleados, puede estar ligado a decrementos en el valor de mercado y en la productividad.
Por su parte, el caso sueco durante los años 70 y 80, con el Plan Meidner, intentó una transferencia gradual de la propiedad a fondos controlados por trabajadores, pero se encontró con un masivo rechazo social, lo que llevó a su abandono.
Con respecto a la situación actual en España, se debe considerar que las cooperativas, que ofrecen una opción de gestión participativa a los trabajadores, siguen siendo una minoría dentro del sistema empresarial. Las cooperativas enfrentan obstáculos significativos en cuanto a la acumulación de capital y la escala, lo que limita su capacidad de competir en el mercado.