La Administración Pública de España ha destinado un total de 722.940 euros en el año 2025 para servicios de protección contra la ocupación ilegal, según revela la Plataforma de Contratación del Sector Público. Este gasto se ha realizado en diversas medidas de seguridad, que incluyen la instalación de puertas antiokupa y sistemas de alarma en inmuebles de propiedad pública.
Este presupuesto se ha desglosado en varios contratos. Uno de los más significativos es el firmado con la empresa Wallner Europa por un importe de 491.204,58 euros, destinado al suministro de cerramientos antivandálicos para la rehabilitación de viviendas de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid.
Por otro lado, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Molina de Segura adjudicó un contrato de 3.993 euros a la empresa Soluzone Asistencia para la instalación de puertas antiokupa en viviendas y locales con un alto riesgo de ocupación. Además, se registró un contrato de 72.479 euros para el suministro de puertas de seguridad anti-intrusión en Barcelona, gestionado por el Instituto Municipal de Urbanismo.
También se han firmado contratos por 31.844 euros por parte de la Empresa Municipal de la Vivienda de Jerez de la Frontera para el suministro y alquiler de puertas y sistemas de alarma. Finalmente, la Junta de Andalucía adjudicó 123.420 euros para la instalación de puertas antiokupa en viviendas de protección pública en Málaga.
La acumulación de estos gastos genera un debate sobre la percepción y minimización del problema de la okupación, ya que mientras se invierte en medidas de seguridad, el Gobierno declara en público que la ocupación no representa un problema significativo para la ciudadanía.
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