La implantación de los nuevos Tribunales de Instancia desata una crisis en los juzgados gallegos. Los sindicatos denuncian falta de personal, caos organizativo y retrasos que afectan ya a derechos fundamentales de los ciudadanos.
Una reforma judicial que amenaza con paralizar A Coruña
Lo que debía ser una modernización de la Justicia gallega está derivando, según los propios trabajadores, en un auténtico desastre organizativo. Los sindicatos con representación mayoritaria en la Administración de Justicia de Galicia han elevado el tono contra la Xunta tras denunciar que los juzgados de A Coruña están funcionando “al borde del colapso” por la implantación de los nuevos Tribunales de Instancia.
Las organizaciones sindicales CSIF, SPJ-USO, STAJ, UGT y CC.OO reunieron este martes a trabajadores judiciales en una asamblea celebrada en A Coruña para analizar el impacto de la llamada ley de eficiencia judicial, una reforma impulsada para reorganizar los órganos judiciales, pero que, según denuncian, se ha ejecutado de manera “improvisada”, sin medios suficientes y sin planificación real.
El malestar interno es ya evidente y las centrales advierten de que la situación afecta no solo a los funcionarios, sino también a miles de ciudadanos que dependen de la Justicia para resolver asuntos laborales, herencias, conflictos familiares o casos de violencia.
Sindicatos denuncian falta de personal y “caos” en los juzgados
Durante la reunión, los representantes sindicales detallaron una lista de problemas que consideran insostenibles. Entre las principales denuncias destacan:
- Plantillas insuficientes para asumir la nueva carga de trabajo.
- Repartos de tareas considerados “arbitrarios”.
- Espacios judiciales reorganizados de forma “caótica”.
- Sistemas informáticos “obsoletos” y sin adaptar a la nueva estructura.
- Eliminación del teletrabajo, que, según sostienen, ha empeorado todavía más la situación.
Los sindicatos exigen a la Dirección Xeral de Xustiza una negociación urgente para ampliar las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) y reforzar de inmediato las plantillas judiciales.
Según denuncian, el volumen de asuntos ya es “inasumible” para muchos funcionarios, que están soportando prolongaciones de jornada y una presión creciente que deteriora tanto las condiciones laborales como el servicio al ciudadano.
Retrasos judiciales y riesgo para derechos fundamentales
Uno de los aspectos más graves señalados por los trabajadores es el impacto directo sobre la ciudadanía. Las organizaciones alertan de que los retrasos acumulados afectan ya a procedimientos relacionados con:
- Derechos laborales
- Violencia de género
- Herencias
- Litigios civiles
- Procedimientos vinculados a derechos fundamentales
La crítica de fondo es demoledora: la reforma judicial, presentada como un avance modernizador, estaría generando exactamente el efecto contrario. Los sindicatos sostienen que la Xunta está poniendo en riesgo el derecho constitucional a una tutela judicial efectiva.
Además, denuncian que los programas informáticos continúan sin incorporar correctamente las modificaciones derivadas de la nueva legislación, provocando retrasos administrativos, pérdida de tiempo y confusión constante entre funcionarios y profesionales del ámbito jurídico.
La Xunta, bajo presión por la gestión de la Justicia gallega
La tensión aumenta también en el plano político. Las centrales sindicales consideran que la Xunta no ha sabido gestionar una transición de enorme complejidad y critican que se haya priorizado la implantación acelerada del nuevo modelo sin garantizar antes los recursos necesarios.
En un mensaje especialmente duro, los sindicatos llegaron a afirmar que, si los actuales responsables “no son capaces de afrontar esta situación”, el Gobierno gallego debería buscar “personas idóneas” para dirigir el área de Justicia.
La advertencia no es menor. Las organizaciones anuncian que, si no hay respuesta inmediata, iniciarán movilizaciones y protestas públicas para visibilizar lo que consideran un deterioro “sin precedentes” del sistema judicial gallego.
El debate de fondo: más burocracia y menos eficacia
La crisis abierta en A Coruña vuelve a poner sobre la mesa una cuestión cada vez más recurrente en España: el fracaso de numerosas reformas administrativas impulsadas desde los despachos políticos sin atender a la realidad diaria de funcionarios y ciudadanos.
Mientras las administraciones venden digitalización y eficiencia, muchos trabajadores denuncian que la Justicia sigue atrapada entre falta de medios, burocracia creciente y decisiones alejadas del terreno.
El caso gallego podría convertirse en un nuevo símbolo del deterioro institucional que afecta a servicios públicos esenciales cuando las reformas se aplican sin planificación ni inversión suficiente.
Porque la pregunta empieza a extenderse entre profesionales y ciudadanos es inevitable: ¿cómo puede garantizarse una Justicia rápida y eficaz si los propios juzgados denuncian estar al límite?
Chollones
Chollones
Chollones