El Alto Tribunal rechaza que la Agencia Tributaria incluya en una misma liquidación dos fundamentos jurídicos incompatibles para mantener una deuda si el primero es anulado.
Nuevo revés judicial para Hacienda. El Tribunal Supremo ha limitado una práctica de la Agencia Tributaria conocida como liquidación condicional o de “doble vía”, por la que la Administración incorporaba en un mismo acto una tesis principal y otra alternativa para intentar conservar la regularización en caso de que la primera fuera anulada.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que este mecanismo puede colocar al contribuyente ante fundamentos jurídicos contradictorios, dificultando su derecho de defensa y generando inseguridad jurídica.
Hacienda no puede tener preparada una segunda justificación incompatible
El caso parte de una operación societaria realizada en 2004, posteriormente investigada por la Agencia Tributaria.
Hacienda calificó inicialmente determinadas operaciones como realizadas en fraude de ley, pero añadió en la misma liquidación una segunda fundamentación subsidiaria basada en las reglas especiales de valoración del Impuesto sobre Sociedades.
El problema surgió cuando la primera vía fue anulada por defectos procedimentales.
La Administración intentó entonces mantener la deuda utilizando la segunda justificación incluida previamente en la liquidación.
El Supremo rechaza ahora ese planteamiento.
Dos tesis que parten de premisas opuestas
La clave está en que ambas vías no eran simplemente alternativas técnicas.
Partían de presupuestos incompatibles.
Por un lado, Hacienda sostenía que la operación debía quedar fiscalmente neutralizada porque era fraudulenta.
Por otro, pretendía aplicar unas reglas de valoración que parten precisamente de que la operación es válida y regular.
Para el Tribunal Supremo, no resulta admisible que la Administración sostenga simultáneamente esas dos premisas con el único objetivo de garantizar que la liquidación sobreviva aunque una de ellas sea anulada.
El Supremo protege la seguridad jurídica del contribuyente
La sentencia pone especial énfasis en el derecho de defensa.
Una liquidación tributaria debe permitir al contribuyente saber con claridad por qué se le reclama una determinada cantidad.
Si Hacienda introduce fundamentos incompatibles entre sí, el inspeccionado puede no saber cuál es realmente la razón jurídica de la deuda.
Eso afecta directamente a la seguridad jurídica y a la posibilidad de defenderse eficazmente.
El Supremo concluye que la Agencia Tributaria no puede anticipar dentro de un mismo acto administrativo una segunda vía pensada para mantener los efectos económicos de la regularización si la primera resulta invalidada.
Hacienda no puede decidir de antemano cómo sobrevivirá una liquidación anulada
La resolución contiene una idea especialmente relevante: la Administración no puede definir por sí misma qué efectos deben mantenerse después de que una parte de su actuación sea declarada contraria a Derecho.
En otras palabras, Hacienda no puede blindar una deuda tributaria introduciendo de antemano una segunda justificación incompatible por si la primera fracasa en los tribunales.
La sentencia corrige así el criterio que habían mantenido previamente el Tribunal Económico-Administrativo Central y la Audiencia Nacional en este caso concreto.
Un fallo con impacto sobre futuras inspecciones
La decisión puede tener relevancia más allá del procedimiento analizado.
A partir de ahora, la Agencia Tributaria tendrá más dificultades para utilizar liquidaciones construidas sobre argumentos subsidiarios incompatibles entre sí.
El Supremo no impide que la Administración defienda jurídicamente una regularización.
Lo que rechaza es que pueda formular simultáneamente dos versiones contradictorias de una misma operación para asegurarse el cobro en cualquier escenario.
Para los contribuyentes, el fallo refuerza una garantía básica: la Administración debe explicar con precisión cuál es la causa jurídica de la deuda y asumir las consecuencias si esa fundamentación es anulada.
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