Un informe de la Guardia Civil incorporado a la investigación apunta a que Díez intervino en contrataciones mientras trabajaba en Correos y recoge mensajes sobre un puesto presuntamente diseñado a su medida.
El caso Leire Díez vuelve a colocar bajo presión a la empresa pública Correos y al entorno político que dirigió la compañía durante la etapa de Juan Manuel Serrano, antiguo jefe de Gabinete de Pedro Sánchez. Un oficio de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, citado por Libertad Digital, recoge comunicaciones que los investigadores consideran relevantes tanto sobre la incorporación laboral de Díez como sobre determinados encargos jurídicos realizados posteriormente.
La documentación sostiene que Leire Díez habría explicitado que una de sus principales misiones era «proteger» al entonces presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, y analiza la contratación de servicios jurídicos vinculados a un acuerdo de la empresa pública.
Se trata, en todo caso, de hechos sometidos a investigación judicial. Las conclusiones policiales y las hipótesis sobre posibles delitos deberán ser contrastadas durante la instrucción y, en su caso, determinadas por los tribunales.
La UCO investiga contratos de Correos y el papel de Leire Díez
Según el oficio policial citado por el diario, desde febrero de 2022 Díez habría mantenido conversaciones con el abogado Juan Antonio Carrillo Donaire para concretar un encargo relacionado con un acuerdo entre Correos y la editorial Vicens Vives.
Los investigadores señalan que el trabajo habría sido articulado mediante dos contratos menores: uno destinado a elaborar un informe jurídico sobre el borrador de un convenio y otro para redactar el propio convenio.
Es precisamente dentro de estas conversaciones donde aparece uno de los mensajes más comprometidos políticamente.
Según la documentación reproducida por el medio, Díez manifestó que su «principal misión» era proteger al presidente Serrano y planteó que el despacho pudiera convertirse en una referencia para cuestiones relacionadas con el asesoramiento a la Presidencia de Correos.
La relevancia del episodio reside en que Correos es una empresa pública y, por tanto, la contratación realizada con sus recursos está sometida a las obligaciones y controles correspondientes.
El mensaje sobre «proteger» a Juan Manuel Serrano
Las conversaciones intervenidas en el teléfono de Leire Díez constituyen una de las principales piezas utilizadas por los investigadores para reconstruir sus actuaciones.
En uno de esos intercambios, siempre según el informe policial citado, Díez habría trasladado al abogado que su misión fundamental consistía en proteger a «nuestro presidente», en referencia a Juan Manuel Serrano.
Carrillo habría respondido mostrando su conformidad.
La investigación trata ahora de determinar qué finalidad tuvieron realmente esos contratos, cómo fueron adjudicados y si existieron irregularidades penalmente relevantes.
La diferencia es fundamental: que la UCO formule una hipótesis policial no equivale a que exista una condena ni permite dar por probado judicialmente un delito de malversación o corrupción.
La investigación analiza una posible comisión
El informe también presta atención a conversaciones posteriores entre Juan Antonio Carrillo y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández.
Según la documentación reproducida, ambos hablaron sobre la posibilidad de realizar los trabajos mediante un contrato menor de unos 15 000 euros.
Los investigadores conceden especial importancia a un mensaje en el que se habría preguntado por el porcentaje correspondiente a distintas partes involucradas.
La UCO analiza si esas referencias podrían estar relacionadas con una eventual comisión vinculada a la contratación, extremo que deberá acreditar la investigación judicial.
Este punto conecta el episodio de Correos con una investigación mucho más amplia relacionada con la SEPI y diferentes operaciones empresariales.
La UCO también pone el foco sobre cómo Díez llegó a Correos
El segundo frente afecta directamente a la contratación de Leire Díez.
Según el oficio citado, los mensajes analizados mostrarían que Díez conoció previamente el borrador del perfil profesional de Relaciones Institucionales que posteriormente ocuparía dentro de Correos.
La UCO recoge comunicaciones con José Luis Pérez Pastor, vicesecretario de Correos, relacionadas con la elaboración de ese perfil.
Uno de los mensajes resulta especialmente significativo para los investigadores: Pérez Pastor habría indicado a Díez que «modifica lo que estimes» respecto al documento.
La Guardia Civil considera estas conversaciones relevantes para determinar si la plaza fue configurada específicamente para adecuarse al perfil profesional de Díez, una sospecha que deberá ser esclarecida judicialmente.
Juan Manuel Serrano, investigado por la contratación
El caso alcanza directamente a Juan Manuel Serrano, una figura que durante años perteneció al círculo político más próximo a Pedro Sánchez.
Serrano fue jefe de Gabinete del actual presidente del Gobierno cuando este dirigía el PSOE y posteriormente presidió Correos.
Según la información publicada, Serrano está investigado por la creación del puesto que terminó ocupando Leire Díez.
Además, está previsto el análisis forense del teléfono móvil que le fue intervenido durante el registro de su domicilio, mientras los investigadores examinan las comunicaciones mantenidas entre ambos.
En el teléfono de Díez se habrían localizado más de 10 000 mensajes intercambiados con Serrano, un volumen documental que puede resultar determinante para reconstruir la relación profesional y las decisiones adoptadas durante aquella etapa.
El caso Leire Díez amplía el foco sobre la SEPI
La investigación no se limita a Correos.
Las pesquisas relacionadas con Leire Díez han terminado conectando diferentes nombres, contratos y operaciones vinculados a empresas públicas y a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Entre las operaciones sometidas a investigación aparecen actuaciones relacionadas con compañías como Plus Ultra, Air Europa, Duro Felguera y Tubos Reunidos, aunque la situación procesal y los hechos investigados son diferentes en cada caso y no deben presentarse como una única conducta acreditada.
El origen de parte de las pesquisas se encuentra en el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), creado durante la pandemia y dotado inicialmente con 10 000 millones de euros.
La investigación judicial trata de determinar si determinadas ayudas y operaciones cumplieron todos los requisitos exigidos y si alrededor de ellas se produjeron conductas delictivas.
Un caso políticamente incómodo para el PSOE
La dimensión política resulta difícil de separar de la judicial porque algunos de los protagonistas ocuparon puestos relevantes en estructuras públicas durante los gobiernos de Pedro Sánchez.
Serrano fue uno de los colaboradores próximos al presidente antes de dirigir Correos. Díez ha quedado situada en el centro de diferentes investigaciones después de conocerse reuniones y conversaciones que han generado fuertes acusaciones de la oposición sobre la existencia de una supuesta estructura destinada a obtener información contra investigadores y adversarios políticos.
Sin embargo, conviene diferenciar entre acusaciones políticas, hipótesis policiales y hechos judicialmente acreditados.
Lo que sí añade ahora una nueva dimensión al caso es la documentación atribuida a la UCO: los investigadores no sólo examinan las actuaciones posteriores de Díez, sino también las circunstancias de su llegada a Correos y el empleo de recursos de la empresa pública durante aquella etapa.
La Justicia deberá determinar si existió malversación
La cuestión decisiva será establecer si los contratos investigados respondieron a necesidades legítimas de Correos o si, por el contrario, se utilizaron recursos públicos para objetivos particulares o ajenos al interés de la compañía.
También deberá esclarecerse si existió realmente alguna comisión irregular y qué participación tuvo cada persona investigada.
Por eso, aunque el contenido de los mensajes puede resultar políticamente explosivo, la existencia de una conversación comprometedora no sustituye la necesaria acreditación judicial de los delitos.
El caso entra así en una fase especialmente delicada. La UCO dispone de miles de comunicaciones, existen dispositivos electrónicos intervenidos y la Audiencia Nacional continúa reconstruyendo las relaciones entre los distintos protagonistas.
El caso Leire Díez deja de girar únicamente alrededor de sus contactos y coloca ahora el foco sobre algo mucho más sensible: cómo consiguió su puesto en Correos y qué se hizo posteriormente con recursos de una empresa pública.
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