El líder del PP regresa por segunda vez a Ceuta tras la crisis migratoria y anuncia acciones ante el Tribunal Supremo por la ausencia de Robles, Marlaska y Albares en el Senado.
La crisis de Ceuta deja de ser únicamente migratoria y fronteriza para convertirse también en una batalla institucional de primer nivel. Alberto Núñez Feijóo ha regresado este miércoles a la ciudad autónoma y ha anunciado que el Partido Popular acudirá al Tribunal Supremo por la negativa de tres ministros del Gobierno de Pedro Sánchez a comparecer en el Senado para explicar lo ocurrido.
La visita tiene además una evidente carga política: Feijóo vuelve por segunda vez a Ceuta mientras Sánchez no se ha desplazado a la ciudad, según destaca la información publicada este 19 de agosto.
El presidente del PP ha comparecido junto al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, y ha endurecido su discurso contra la actuación del Ejecutivo después de semanas de tensión fronteriza.
Feijóo anuncia un recurso al Supremo contra el Gobierno
El núcleo del nuevo enfrentamiento está en el Senado, donde el PP dispone de mayoría absoluta.
Los populares habían citado en comisión a tres miembros fundamentales del Ejecutivo para esclarecer la respuesta del Estado ante la crisis de Ceuta: Margarita Robles, ministra de Defensa; Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, y José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores.
Ninguno acudió a las comparecencias en las fechas reclamadas por la Cámara Alta.
Feijóo sostiene que esa negativa vulnera las obligaciones de control parlamentario del Gobierno y anunció en Ceuta la decisión de llevar la controversia al Tribunal Supremo.
«Hasta aquí hemos llegado», sentenció el líder popular, que calificó de «desolador» que se hayan producido antes explicaciones de responsables europeos que las de determinados ministros españoles.
La cuestión trasciende la disputa partidista. El fondo del conflicto es hasta dónde alcanza la capacidad de una Cámara parlamentaria para exigir la presencia de miembros del Ejecutivo y qué consecuencias jurídicas puede tener que estos rechacen una convocatoria.
El PP cambia de estrategia y evita el Constitucional
La decisión tiene otra derivada política relevante.
Según la información publicada por Libertad Digital, el PP ha decidido orientar esta nueva ofensiva hacia el Tribunal Supremo en lugar de recurrir nuevamente al Tribunal Constitucional.
El medio señala que existen 14 conflictos de atribuciones promovidos por el PP pendientes en el Constitucional, entre ellos uno relacionado con la ausencia de Sánchez en el Senado para informar sobre Adamuz.
La estrategia evidencia hasta qué punto la crisis de Ceuta se ha convertido en un nuevo frente de la batalla institucional entre Gobierno y oposición.
El PP intenta situar el debate más allá de la crítica política: quiere que la controversia sobre las comparecencias tenga recorrido judicial.
Feijóo endurece su posición sobre la inmigración en Ceuta
La segunda gran cuestión abordada por Feijóo ha sido el futuro de las personas que cruzaron la frontera durante la crisis.
El dirigente popular volvió a reclamar un mando único y defendió el retorno de quienes entraron irregularmente en territorio español, utilizando un discurso especialmente contundente sobre la gestión migratoria.
La posición del PP choca directamente con algunas de las medidas impulsadas por el Ejecutivo, entre ellas el anunciado traslado urgente a la Península de 500 niñas migrantes al que hace referencia la información original.
Aquí existe un debate jurídico que no puede reducirse a consignas políticas: las devoluciones y retornos deben ejecutarse conforme a la legislación española, europea e internacional aplicable, y en el caso de menores entran además en juego garantías específicas y el principio del interés superior del menor.
Por tanto, la contundencia política deberá enfrentarse después a la viabilidad jurídica de cada medida.
«España ha perdido el control de sus fronteras»
Feijóo centró buena parte de su intervención en una acusación particularmente grave contra el Ejecutivo: considera que España perdió el control de su frontera en Ceuta y que, transcurridos 20 días, todavía no se habría recuperado completamente la normalidad.
El presidente del PP reprochó al Gobierno que trate lo ocurrido como un episodio pasajero y denunció que continúan existiendo interrogantes sobre el número de personas que permanecen en la ciudad, las condiciones sanitarias y el horizonte para recuperar la normalidad.
La crítica política encuentra aquí su punto más sensible.
Ceuta no es únicamente una cuestión migratoria. Es una frontera exterior de España y de la Unión Europea situada frente a Marruecos, por lo que cualquier episodio de entrada masiva tiene implicaciones migratorias, policiales, diplomáticas y de seguridad.
Precisamente por eso resulta razonable exigir transparencia sobre qué ocurrió, qué información manejaba previamente el Ejecutivo y qué contactos se mantuvieron con Rabat.
Otra cuestión distinta es atribuir responsabilidades concretas sin pruebas suficientes. En una crisis de esta naturaleza resulta imprescindible separar los hechos acreditados de las acusaciones políticas.
Juan Jesús Vivas eleva la presión sobre Sánchez
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, también endureció considerablemente su discurso.
Según la información publicada, Vivas reprochó al Ejecutivo no haber contenido el movimiento hacia la frontera y haber ignorado las peticiones de ayuda procedentes de la ciudad.
El dirigente ceutí aseguró además que, después de 20 días, continúa sin existir suficiente claridad sobre cuántas personas permanecen en Ceuta y cuándo podría considerarse completamente normalizada la situación.
Su intervención tiene especial relevancia porque es el responsable político de una ciudad sometida a una presión extraordinaria sobre servicios públicos, seguridad, alojamiento y atención sanitaria.
Vivas también rechazó las críticas dirigidas contra Ceuta por su respuesta a la emergencia.
«Nadie puede venir a Ceuta a dar lecciones de solidaridad y humanidad», sostuvo el presidente autonómico.
Ceuta reclama cambios en la Ley de Extranjería
Vivas ha planteado además una cuestión de fondo: reformar la Ley de Extranjería para facilitar las devoluciones.
Según la información disponible, el presidente ceutí cifra en 12 000 las personas migrantes que todavía permanecerían en la ciudad y reclama herramientas legales que permitan acelerar la respuesta del Estado.
Este es probablemente uno de los debates que sobrevivirá a la emergencia inmediata.
Una entrada masiva en una ciudad de dimensiones territoriales reducidas puede provocar rápidamente una presión excepcional sobre sus servicios. La cuestión política consiste en determinar qué capacidad debe reservarse el Estado para responder a una situación extraordinaria y cómo compatibilizarla con las garantías legales individuales.
Marruecos vuelve al centro del debate
Hay además un asunto que ninguna discusión sobre Ceuta puede ignorar: Marruecos.
Vivas cuestionó que España siga dependiendo de la cooperación del país vecino para garantizar la seguridad fronteriza mientras persisten las históricas reivindicaciones marroquíes sobre Ceuta.
El debate afecta directamente a la política exterior española.
La colaboración con Rabat es fundamental para controlar los flujos migratorios irregulares hacia España. Pero precisamente esa dependencia convierte la gestión de la relación bilateral en una cuestión estratégica.
España necesita cooperación con Marruecos, pero también necesita que esa cooperación se desarrolle bajo criterios de reciprocidad, seguridad jurídica y respeto inequívoco a la soberanía española.
Sánchez, gran ausente en la ofensiva política del PP
El PP pretende convertir además la ausencia física de Pedro Sánchez en uno de los símbolos de esta crisis.
Feijóo ha visitado Ceuta por segunda vez desde el episodio fronterizo, mientras el presidente del Gobierno no lo ha hecho hasta ahora, según la información publicada este miércoles.
Una visita presidencial, por sí sola, evidentemente no soluciona una crisis migratoria. El funcionamiento del Estado depende de decisiones administrativas, policiales, diplomáticas y presupuestarias, no de fotografías.
Pero en política la presencia también transmite prioridades.
Y resulta comprensible que una parte de los ceutíes espere del presidente del Gobierno una implicación visible cuando una ciudad española afronta una emergencia de esta magnitud.
La crisis de Ceuta entra ahora en los tribunales
La decisión del PP de acudir al Supremo abre una fase diferente.
Hasta ahora el choque se había desarrollado fundamentalmente en tres escenarios: Ceuta, el Congreso y el Senado. Ahora puede incorporarse un cuarto: los tribunales.
La batalla jurídica deberá determinar si las actuaciones denunciadas por el PP tienen realmente recorrido procesal y qué obligaciones concretas podían exigirse a los ministros citados.
Conviene, por ello, evitar anticipar el resultado.
Presentar una acción ante el Tribunal Supremo no significa que el Supremo vaya a compartir la interpretación jurídica del PP.
Pero políticamente la ofensiva ya cumple otro objetivo: mantener en primer plano la cuestión de por qué los ministros no acudieron al Senado cuando la oposición reclamaba explicaciones sobre una crisis fronteriza de enorme gravedad.
Una crisis que exige respuestas más allá del enfrentamiento partidista
La cuestión central permanece abierta.
¿Qué ocurrió exactamente en la frontera de Ceuta, qué información tenía el Gobierno antes de la entrada masiva y qué mecanismos fallaron?
El Ejecutivo tiene la responsabilidad de ofrecer explicaciones detalladas. Y la oposición tiene derecho a fiscalizar su actuación, aunque sus acusaciones también deben sostenerse sobre hechos comprobables.
Ceuta necesita además algo más que una sucesión de comparecencias, recursos judiciales y enfrentamientos entre partidos.
Necesita una estrategia estable sobre control fronterizo, cooperación con Marruecos, inmigración irregular, protección de menores, seguridad y capacidad asistencial.
La visita de Feijóo y su ofensiva ante el Supremo elevan todavía más la presión política sobre Sánchez. Pero el verdadero examen llegará cuando las instituciones tengan que demostrar que España puede controlar eficazmente su frontera exterior y responder a una emergencia sin convertir Ceuta en rehén permanente de la improvisación política.
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