Mensajes internos atribuidos a la trama investigada por Pedraz muestran que Luis Sáenz de Tejada planteó cuestionar a la jueza Beatriz Biedma por participar en protestas judiciales contra la ley de amnistía.
La presión sobre la jueza Beatriz Biedma, que investigó al hermano de Pedro Sánchez, no habría comenzado con las maniobras para desacreditar su actuación judicial. Unos mensajes de WhatsApp incorporados a la investigación que dirige el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz muestran que, ya en septiembre de 2024, se planteó utilizar su participación en protestas contra la ley de amnistía para cuestionar su imparcialidad e intentar apartarla del procedimiento.
Los mensajes, publicados por Libertad Digital, atribuyen al exjuez y abogado Luis José Sáenz de Tejada la afirmación de que la participación de Biedma en esas concentraciones podía constituir incluso una infracción disciplinaria y que su posición política supuestamente «contaminaba» su actuación en la causa contra David Sánchez.
El contenido adquiere mayor relevancia porque meses después aparece documentado otro intento de actuar contra la magistrada. Un documento denominado «Estado de situación», intervenido por la UCO y fechado el 16 de enero de 2025, recogía actuaciones destinadas a presentar denuncias contra Biedma ante la Fiscalía y posteriormente ante el entonces CGPJ.
Todo ello forma parte de una investigación judicial todavía abierta. Los mensajes y documentos acreditan actuaciones y conversaciones; no permiten atribuir automáticamente a todos los participantes todas las decisiones o intenciones mencionadas en ellos.
Los mensajes contra Biedma aparecen en septiembre de 2024
El episodio comienza, según la información publicada sobre el chat, el 9 de septiembre de 2024.
Sáenz de Tejada compartió en el grupo una información de Canal Extremadura sobre las concentraciones protagonizadas por jueces extremeños en protesta por determinados aspectos de la futura ley de amnistía.
Entre los magistrados que participaron en esas movilizaciones se encontraba Biedma, entonces instructora de la investigación sobre David Sánchez.
La reacción de Sáenz de Tejada fue plantear que la participación de la jueza podía ser utilizada contra ella.
En el mensaje publicado por Libertad Digital, el abogado sostiene que Biedma había participado en protestas contra leyes todavía en tramitación y plantea que aquello podía ser una infracción disciplinaria. A continuación afirma que esa circunstancia «contamina» a la magistrada por ser la jueza que investigaba al hermano de Pedro Sánchez.
La relevancia del mensaje está precisamente en su fecha.
En aquel momento, Biedma todavía estaba instruyendo el procedimiento que terminaría llevando a David Sánchez a juicio.
La estrategia descrita en el chat no se centraba, por tanto, en discutir exclusivamente las resoluciones de la magistrada, sino en buscar elementos personales o disciplinarios que pudieran servir para cuestionar su permanencia en el procedimiento.
La acusación de que Biedma había filtrado la imputación
Dos meses después, el 17 de noviembre de 2024, Sáenz de Tejada volvió a referirse a la magistrada.
En esta ocasión sostuvo en el chat que Biedma había filtrado supuestamente su intención de imputar a David Sánchez para facilitar la personación del Partido Popular como acusación popular.
El mensaje también acusaba a la jueza de haber investigado al hermano del presidente sin haberle escuchado y afirmaba que el procedimiento estaba preparado de antemano.
Se trata de acusaciones realizadas dentro del chat, no de hechos establecidos por una sentencia.
El mismo mensaje incorporaba otra acusación contra la magistrada: que había sido «condenada» por el Tribunal Constitucional por vulnerar derechos fundamentales y que había participado en concentraciones contra la amnistía.
Esta última afirmación requiere una precisión jurídica importante.
El Tribunal Constitucional no condenó penalmente a Biedma
La propia información publicada por Libertad Digital aclara un extremo que resulta fundamental para entender los mensajes.
Beatriz Biedma no fue condenada penalmente por el Tribunal Constitucional.
En marzo de 2021, el TC estimó un recurso de amparo relacionado con una resolución dictada por la entonces magistrada.
El tribunal consideró vulnerados determinados derechos fundamentales en relación con la inadmisión de un habeas corpus solicitado por una persona detenida por un presunto atentado contra agentes de la autoridad.
La sentencia declaró vulnerados el derecho a la libertad personal y el derecho a la tutela judicial efectiva y anuló el auto correspondiente.
Eso es jurídicamente distinto de una condena penal o disciplinaria.
La diferencia no es menor: el mensaje del chat utilizó la expresión «condenada», mientras que lo que consta es una sentencia estimatoria de amparo que anuló una resolución judicial.
La UCO ya había encontrado un plan para cuestionarla
Los nuevos mensajes conocidos ahora se suman a otra pieza documental revelada durante el verano.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil intervino un documento de cuatro páginas denominado Estado de situación, fechado el 16 de enero de 2025.
En su apartado dedicado a Badajoz se describen actuaciones relacionadas con Luis Sáenz de Tejada y una denuncia contra la jueza que instruía el caso de David Sánchez.
Según el documento, se habría acordado que Sáenz de Tejada presentara una denuncia ante la Fiscalía General para denunciar supuestos casos de corrupción judicial en Badajoz, entre ellos los que afectarían a Biedma.
El texto añade que la denuncia fue archivada dos días después y que posteriormente se presentó una versión modificada ante el Consejo General del Poder Judicial el 21 de noviembre de 2024.
La secuencia resulta especialmente significativa porque enlaza temporalmente con los mensajes del chat.
Primero aparecen las críticas a la participación de Biedma en las protestas contra la amnistía. Después se plantean acusaciones sobre su actuación en el procedimiento. Y finalmente aparece documentada una estrategia de denuncias contra la magistrada.
Biedma terminó solicitando ser considerada perjudicada
La situación dio un nuevo giro en septiembre de 2026.
Biedma solicitó al juez Santiago Pedraz que la reconociera como perjudicada en la causa que investiga las actuaciones atribuidas a la denominada trama de Leire Díez.
En su escrito, la magistrada sostiene que habría sido objeto de actuaciones dirigidas a obtener información sobre ella y su entorno, desacreditarla profesionalmente, promover denuncias y quejas y tratar de apartarla de procedimientos judiciales concretos.
La petición no se limita a los mensajes sobre las protestas contra la amnistía.
Biedma también ha señalado la existencia de indicios sobre supuestos contactos de personas vinculadas a la trama con un clan relacionado con el narcotráfico de Badajoz.
Según el escrito de la magistrada, esos contactos habrían tenido como finalidad actuar contra ella por su intervención en el procedimiento contra David Sánchez.
La investigación judicial deberá determinar ahora el alcance real de esas actuaciones y quién participó en ellas.
Los supuestos contactos con un clan de narcotráfico
Este es uno de los elementos más graves que rodean actualmente la investigación.
Según la denuncia presentada por Vox y difundida por EFE y RTVE, se investiga un supuesto encuentro con un intermediario relacionado con un conocido narcotraficante de Badajoz.
La acusación sostiene que se habría trasladado información sobre seguimientos realizados a Biedma y que se habría planteado darle un «sustillo». RTVE recoge además que Sáenz de Tejada habría reconocido su participación en el encuentro, aunque niega disponer de los vídeos mencionados en las diligencias.
Estos extremos forman parte de actuaciones judiciales y acusaciones que están siendo investigadas.
No debe confundirse, por tanto, la existencia de una denuncia, un informe policial o una declaración de una parte con una sentencia que haya establecido responsabilidades penales.
La investigación de Pedraz y el caso Leire Díez
El contexto de todos estos hechos es la investigación que dirige Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional sobre las actuaciones atribuidas a la red relacionada con Leire Díez.
La UCO ha investigado diferentes actuaciones destinadas presuntamente a obtener información o desacreditar a jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad relacionados con investigaciones sensibles para el entorno del Gobierno y del PSOE.
Biedma aparece entre los objetivos identificados en esa investigación.
La magistrada considera que las actuaciones contra ella no fueron un episodio aislado, sino que formarían parte de una estrategia dirigida a neutralizar su investigación sobre David Sánchez.
Pedraz ha dado traslado a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la solicitud de Biedma de ejercer la acusación particular.
El caso David Sánchez acabó con una condena
La presión sobre Biedma debe analizarse además a la luz del resultado posterior del procedimiento que instruyó.
La causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, terminó en juicio y posteriormente en una condena a nueve años de inhabilitación para empleo público, según la información publicada por RTVE y otros medios.
La investigación había examinado la creación y adjudicación de un puesto en la Diputación de Badajoz ocupado posteriormente por David Sánchez.
La defensa y las acusaciones han mantenido posiciones enfrentadas sobre el procedimiento y sus conclusiones.
Precisamente por ello, cualquier intento de apartar a la magistrada durante la fase de instrucción habría tenido potencialmente consecuencias relevantes sobre el desarrollo de la causa. Eso explica el interés de los investigadores en determinar qué actuaciones se realizaron contra Biedma y con qué finalidad.
Una cronología que permite entender la estrategia
Los documentos conocidos permiten reconstruir una secuencia temporal:
Septiembre de 2024: aparece en el chat una crítica a Biedma por participar en protestas judiciales contra la amnistía. Se plantea que esa participación podría ser utilizada para cuestionarla.
Noviembre de 2024: Sáenz de Tejada vuelve a atacar a la jueza y la acusa de haber filtrado información sobre una eventual imputación de David Sánchez.
Noviembre de 2024: según el documento intervenido por la UCO, se presenta una denuncia ante el CGPJ después de que otra actuación ante la Fiscalía hubiera sido archivada.
Enero de 2025: queda fechado el documento Estado de situación intervenido posteriormente por la UCO, que recoge las actuaciones relacionadas con Badajoz.
2025: la investigación sobre las actuaciones atribuidas a Leire Díez incorpora diferentes elementos relativos a jueces y fiscales.
Septiembre de 2026: Biedma solicita personarse como perjudicada en la causa de Pedraz y denuncia actuaciones dirigidas contra ella y contra la investigación que dirigía.
28 de septiembre de 2026: salen a la luz nuevos mensajes en los que se observa que las protestas contra la amnistía fueron utilizadas para cuestionar la imparcialidad de la magistrada.
La cuestión de fondo: ¿se intentó convertir una protesta judicial en un arma contra Biedma?
El aspecto más relevante de los nuevos mensajes no es que Biedma participara en protestas contra la ley de amnistía.
Las asociaciones judiciales y magistrados pueden expresar públicamente sus posiciones sobre cuestiones que afectan al funcionamiento de la Justicia, dentro de los límites establecidos por la legislación y las normas profesionales.
Lo relevante es cómo se utilizó esa participación dentro de la estrategia descrita en los mensajes.
El contenido atribuido a Sáenz de Tejada muestra que la protesta fue presentada como un posible argumento para cuestionar la actuación de Biedma y su permanencia en la instrucción del caso.
A partir de ahí, la investigación deberá determinar si aquello fue simplemente una opinión de un participante del chat o si formó parte de una actuación coordinada con otras personas.
La existencia posterior de denuncias contra la magistrada y de otros movimientos documentados por la UCO convierte esa cuestión en uno de los elementos que Pedraz tendrá que esclarecer.
La diferencia entre una crítica judicial y una campaña para apartar a una jueza
Hay una frontera esencial entre criticar una resolución judicial y tratar de apartar a quien la dicta mediante actuaciones personales o disciplinarias.
La primera forma parte del debate jurídico y público.
La segunda, si se demostrara que estuvo coordinada para interferir ilegítimamente en un procedimiento, podría tener consecuencias jurídicas.
Por eso, el contenido de los chats tiene interés probatorio potencial.
No demuestra por sí solo una conspiración completa, pero sí permite conocer qué argumentos se manejaban internamente y qué objetivos se planteaban.
La investigación de Pedraz tendrá que determinar si esos mensajes tuvieron continuidad en actuaciones concretas y si existió coordinación entre los diferentes protagonistas.
Un asunto que ya trasciende el caso David Sánchez
La controversia ha dejado de ser únicamente una cuestión relacionada con la instrucción del caso del hermano de Pedro Sánchez.
Ahora existe una investigación específica sobre las supuestas actuaciones destinadas a desacreditar, presionar o apartar a la magistrada.
Biedma ha pedido formar parte de ella como perjudicada. La UCO ha aportado documentación. Existen denuncias y querellas presentadas por distintas partes y el juez Pedraz debe decidir el alcance procesal que tendrán esas actuaciones.
El elemento que habrá que determinar es si todos estos episodios forman parte de una misma estrategia o si se trata de actuaciones independientes de personas diferentes.
Lo que queda por aclarar
A día de hoy, los elementos conocidos permiten afirmar que existieron mensajes en los que se cuestionó a Biedma por participar en protestas contra la amnistía y que existen documentos incorporados a la investigación que describen actuaciones para promover denuncias contra ella.
También está acreditado que la propia magistrada ha denunciado ante la Audiencia Nacional que fue objeto de una campaña para desacreditarla y apartarla de la investigación sobre David Sánchez.
Lo que todavía debe esclarecer la Justicia es hasta dónde llegó la coordinación, quién tomó las decisiones, qué actuaciones fueron efectivamente ejecutadas y cuál era la finalidad concreta de cada una.
La diferencia entre una campaña de presión y una mera sucesión de iniciativas individuales tendrá que establecerse mediante pruebas.
Mientras tanto, los nuevos mensajes aportan una pieza relevante a la cronología: la participación de Biedma en las protestas contra la amnistía fue señalada dentro del chat como un posible argumento para cuestionar su actuación en el caso de David Sánchez.
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