La ministra de Vivienda no tenía consigo la última versión de los textos aprobados por el Consejo de Ministros y remitió varias respuestas a los documentos que todavía debían llegar al Congreso.
La ministra de Vivienda reconoce que no tiene la última versión
La rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 29 de septiembre de 2026 dejó uno de los momentos más llamativos de la jornada política. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, tuvo dificultades para concretar el contenido de los dos reales decretos-ley aprobados ese mismo día por el Gobierno.
Ante las preguntas de los periodistas, Rodríguez reconoció que no disponía de la versión definitiva de algunos de los textos y llegó a admitir: “Tengo un cacao”.
La ministra explicó que las negociaciones se habían prolongado hasta las últimas horas y que algunos aspectos todavía estaban siendo ajustados. En distintos momentos de su comparecencia pidió a los periodistas que esperasen a disponer de los documentos para poder analizar con precisión las medidas.
“Me falta la definición final de los textos”, reconoció Rodríguez en otro momento de la rueda de prensa. También evitó concretar algunos detalles relacionados con la entrada en vigor, alegando que las últimas redacciones todavía no estaban en su poder.
La situación resulta especialmente relevante porque los dos reales decretos habían sido aprobados previamente por el Consejo de Ministros y el Ejecutivo pretendía someterlos a convalidación en el Congreso apenas unos días después.
Dos decretos y una votación clave en el Congreso
El Gobierno aprobó dos textos diferenciados para abordar distintas medidas relacionadas con el alquiler y el acceso a la vivienda.
La intención del Ejecutivo era llevar ambos decretos a un Pleno extraordinario del Congreso el viernes 2 de octubre, donde los grupos parlamentarios tendrían que decidir sobre su convalidación.
El primer decreto concentra buena parte de las medidas anunciadas por el Gobierno:
- Ampliación hasta 2030 de determinadas medidas de protección frente a los desahucios.
- Prórroga extraordinaria de dos años para determinados contratos de alquiler que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028.
- Limitaciones a determinadas compras de viviendas por parte de fondos considerados especulativos hasta finales de 2028.
- Nuevas reglas para los alquileres de temporada y por habitaciones.
- Cambios fiscales relacionados con las sociedades de inversión inmobiliaria.
- Bonificaciones fiscales para determinados inquilinos.
- Un nuevo mecanismo de financiación para facilitar el acceso a la primera vivienda.
- Medidas destinadas a ampliar el parque de vivienda asequible y pública.
El segundo decreto aborda específicamente la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual y contempla un sistema de renovación automática bajo determinadas condiciones.
El Gobierno separa las medidas para intentar salvar el acuerdo
La división en dos decretos responde también a las diferencias existentes entre los socios de la coalición y los distintos grupos parlamentarios.
La renovación automática de los alquileres era una de las principales reivindicaciones de Sumar y del Sindicato de Inquilinas, mientras que otras medidas contaban con un respaldo político diferente. La separación permitió al Gobierno presentar un paquete más amplio sin concentrar todas las medidas en un único texto.
El problema es que la aprobación en Consejo de Ministros no equivale a la aprobación definitiva. Los reales decretos-ley necesitan la convalidación del Congreso dentro del plazo constitucional correspondiente.
Por ello, el Ejecutivo había solicitado un pleno extraordinario para el 2 de octubre.
El escudo antidesahucios se prolonga hasta 2030
Una de las medidas centrales del primer decreto consiste en extender hasta el 31 de diciembre de 2030 determinadas medidas de protección para hogares vulnerables.
Según la referencia oficial del Consejo de Ministros, el texto amplía mecanismos de protección frente a determinados procedimientos de desahucio y refuerza las actuaciones destinadas a evitar lanzamientos de personas vulnerables sin alternativa habitacional.
La decisión llega pocos días después del desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años de Madrid cuyo caso provocó una fuerte reacción política y social.
El Gobierno vinculó expresamente la aprobación de las nuevas medidas con la repercusión pública de ese caso.
Prórrogas de los alquileres y regulación de los contratos temporales
Otra de las principales novedades consiste en una prórroga extraordinaria de dos años para determinados contratos de vivienda habitual que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028.
El paquete también pretende endurecer las condiciones aplicables a los alquileres de temporada y a los contratos por habitaciones para combatir lo que el Ejecutivo considera utilización fraudulenta de estas modalidades.
Además, el Gobierno ha anunciado un IVA del 10 % para los pisos turísticos, junto con otras modificaciones fiscales relacionadas con la vivienda y las sociedades de inversión inmobiliaria.
Hasta 50 000 euros para acceder a la primera vivienda
El paquete incorpora también un mecanismo de financiación denominado “Tu Casa”, destinado a facilitar el acceso a la primera vivienda.
Según la información difundida por el Ejecutivo, el mecanismo permitirá cubrir mediante financiación pública hasta el 20 % del valor de la vivienda, con un máximo de 50 000 euros, a través del Instituto de Crédito Oficial.
También se contemplan bonificaciones fiscales para determinados hogares con ingresos de hasta 33 000 euros, graduadas en función de la renta. El Gobierno estima que estas medidas fiscales podrían alcanzar a alrededor de 1,6 millones de hogares.
El segundo decreto plantea una mayor estabilidad contractual
El segundo texto concentra una de las medidas políticamente más sensibles: la posibilidad de establecer mecanismos de renovación automática de los contratos de alquiler.
La iniciativa responde en parte a las demandas de Sumar y de organizaciones de inquilinos que reclaman mayor estabilidad para quienes viven de alquiler. Su tramitación parlamentaria, sin embargo, estaba pendiente de la votación del Congreso.
Esta separación explica también parte de la complejidad de las negociaciones que precedieron al Consejo de Ministros.
Una comparecencia marcada por las dudas sobre los textos
La principal controversia de la rueda de prensa no estuvo únicamente en el contenido de las medidas, sino en la dificultad de la propia ministra para responder con precisión a varias preguntas.
Rodríguez explicó que los textos habían experimentado modificaciones hasta las últimas horas y reconoció que no tenía sobre la mesa las versiones definitivas.
En otro momento tuvo que consultar sus documentos antes de responder y volvió a insistir en que sería necesario esperar a los textos finales para conocer determinados detalles.
La propia grabación de la comparecencia recoge expresiones como “tengo un cacao”, “tengo que revisar la última versión” y “me falta la definición final de los textos”.
El Gobierno defiende el resultado de la negociación
Mientras Rodríguez respondía a las preguntas sobre los detalles técnicos, el Ejecutivo defendía el acuerdo alcanzado entre sus socios.
La ministra habló de la necesidad de actuar con “inteligencia política”, “templanza” y “generosidad” durante las negociaciones. El Gobierno sostiene que las nuevas medidas pretenden reducir el esfuerzo económico de los hogares y aumentar la disponibilidad de vivienda asequible.
La Moncloa presenta el paquete como una respuesta a varios problemas simultáneos: la dificultad para acceder a una vivienda, la presión sobre los alquileres, los desahucios de hogares vulnerables y el reducido parque de vivienda pública.
La clave ahora está en el Congreso
Los anuncios realizados por el Gobierno no equivalen todavía a la aplicación definitiva de todo el paquete. La siguiente prueba será la convalidación parlamentaria de los dos reales decretos.
El Ejecutivo solicitó un pleno extraordinario para el viernes 2 de octubre de 2026, apenas tres días después de su aprobación en Consejo de Ministros.
Hasta entonces, el contenido definitivo de algunas disposiciones y el resultado de la negociación parlamentaria seguirán siendo elementos decisivos.
La comparecencia de Isabel Rodríguez deja, en cualquier caso, una imagen singular: el Gobierno acababa de aprobar dos normas de amplio alcance sobre vivienda y la propia titular del departamento tuvo que recurrir reiteradamente a los documentos y reconocer que no tenía consigo las últimas versiones.
El debate sobre la vivienda, por tanto, no termina con el Consejo de Ministros. Ahora se traslada al Congreso de los Diputados, donde los grupos tendrán que pronunciarse sobre unas medidas cuyo alcance definitivo dependerá de su convalidación.
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