La Comunidad de Madrid acusa a Francisco Martín de aplicar criterios distintos ante las protestas de Ferraz y la acampada frente a la sede de Ayuso. El Gobierno regional prepara un recurso contencioso-administrativo y no descarta acciones penales.
Ayuso anuncia acciones judiciales contra el delegado del Gobierno por la acampada de Sol
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado acciones judiciales contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, después de que este rechazara el requerimiento regional para desalojar la acampada instalada en la Puerta del Sol. El Ejecutivo autonómico cuestiona que la Delegación invoque ahora el derecho fundamental de reunión cuando anteriormente restringió concentraciones frente a la sede del PSOE y en las inmediaciones de La Moncloa.
El conflicto enfrenta a ambas administraciones por la permanencia de varias tiendas de campaña en el centro de Madrid, frente a la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad. La acampada comenzó el sábado, tras una manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, remitió un requerimiento a la Delegación del Gobierno para que desalojara la plaza en un plazo de 48 horas. Sin embargo, Francisco Martín rechazó la petición y defendió el derecho de los acampados a reunirse.
La Comunidad de Madrid prepara ahora un recurso contencioso-administrativo con solicitud de medidas cautelares y ha anunciado que emprenderá acciones judiciales contra el delegado, sin descartar la vía penal.
La Comunidad denuncia un doble criterio entre Sol y Ferraz
El principal argumento del Gobierno regional es la diferencia entre la actuación de la Delegación del Gobierno durante las protestas frente a la sede socialista de Ferraz y su respuesta actual ante la acampada de Sol.
En noviembre de 2023, durante las movilizaciones contra la amnistía y el Gobierno de Pedro Sánchez, la Policía Nacional intervino en varias ocasiones frente a la sede del PSOE. Las protestas se saldaron con 84 detenidos y 367 sanciones, según los datos recogidos en la información de origen.
En aquel contexto, los responsables policiales alegaron riesgos para la seguridad y se produjeron cargas policiales y el uso de gases lacrimógenos. La actuación también dio lugar a una investigación judicial sobre el delegado del Gobierno.
La controversia volvió a surgir en febrero de 2024, cuando Francisco Martín firmó una resolución que modificaba el recorrido de una concentración comunicada frente a la sede socialista. La Delegación desplazó la protesta más de 150 metros y justificó la decisión por el riesgo de que los manifestantes invadieran las calzadas de las calles Ferraz y Marqués de Urquijo.
La Comunidad de Madrid considera que la respuesta actual ante la acampada de Sol evidencia una diferencia de criterio en la aplicación del derecho de reunión.
No obstante, la legalidad de cada intervención debe analizarse atendiendo a sus circunstancias concretas, los riesgos acreditados y las resoluciones judiciales correspondientes.
El TSJM ya anuló restricciones a las protestas en Ferraz
La disputa adquiere una dimensión judicial porque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ya anuló decisiones de la Delegación del Gobierno relacionadas con las protestas frente a la sede del PSOE.
En una de sus resoluciones, el tribunal consideró que la modificación del lugar de una concentración vulneraba el derecho fundamental de reunión. Los magistrados recordaron que el emplazamiento y el recorrido forman parte de los elementos que configuran ese derecho.
La Constitución permite limitar las manifestaciones cuando existen razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes. Sin embargo, el tribunal concluyó que la Delegación no había acreditado suficientemente esos riesgos en el caso analizado.
La sentencia también cuestionó el carácter genérico del informe policial aportado, cuya fecha y autoría no constaban, según la información publicada. La Fiscalía se posicionó entonces a favor del manifestante.
El TSJM también había anulado otra resolución que declaraba la sede del PSOE como un área de especial protección para desviar una marcha. En noviembre de 2025, volvió a corregir una decisión de la Delegación que prohibía una manifestación cuyo recorrido terminaba en Ferraz.
En esas resoluciones, el tribunal insistió en que las restricciones al derecho de reunión deben estar justificadas mediante razones objetivas y proporcionadas. La existencia de riesgos hipotéticos no basta, por sí sola, para impedir una protesta.
Estos antecedentes forman parte del contexto jurídico que la Comunidad de Madrid plantea en su enfrentamiento con el delegado del Gobierno. Sin embargo, las sentencias anteriores no determinan automáticamente la legalidad de la acampada actual ni el resultado del nuevo procedimiento.
La Delegación del Gobierno rechaza el desalojo de Sol
Francisco Martín ha confirmado que recibió el requerimiento de la Comunidad de Madrid, pero ha rechazado ordenar la intervención solicitada.
El delegado ha defendido el derecho fundamental de reunión de las personas acampadas y ha asegurado que la Delegación se limitará a velar por la seguridad ciudadana.
En su respuesta, también ha reclamado a Ayuso que contribuya a convalidar los decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros, introduciendo así otro asunto político en el enfrentamiento entre ambas administraciones.
La Policía Nacional no tiene previsto entrar en la plaza para desalojar a los acampados, según la información publicada.
La posición de la Delegación se apoya en la protección constitucional del derecho de reunión. La Comunidad, por su parte, sostiene que las condiciones de la acampada y las molestias denunciadas justifican su intervención.
Pintadas, basura y preocupación por las pérdidas comerciales
El Gobierno regional ha denunciado la presencia de pintadas, basura y orines en la fachada de la Real Casa de Correos, un edificio protegido como Bien de Interés Cultural.
Además de los daños y problemas de limpieza, el Ejecutivo autonómico ha trasladado su preocupación por el impacto económico que la acampada podría tener sobre los comercios de la zona.
La Comunidad ha cifrado en más de 90 millones de euros las pérdidas que, según sus estimaciones, sufrieron los comerciantes durante las movilizaciones del 15M. La cifra se ha utilizado como referencia para expresar el temor a que la ocupación de Sol vuelva a perjudicar a los negocios.
El Ayuntamiento de Madrid también ha intervenido en el conflicto. La vicealcaldesa, Inma Sanz, ha remitido un requerimiento propio al delegado del Gobierno.
La controversia afecta, por tanto, a las competencias y responsabilidades de las distintas administraciones sobre el espacio público, la seguridad y la protección del derecho de reunión.
La acampada comenzó por el desahucio de una mujer de 87 años
La movilización que dio origen a la acampada estuvo relacionada con el caso de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba siete décadas viviendo en el barrio madrileño del Retiro.
El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid convocó una manifestación para protestar contra su desahucio y reclamar el denominado «decreto Maricarmen».
La protesta terminó con la instalación de tiendas de campaña en la Puerta del Sol. Aunque posteriormente se alcanzó un acuerdo entre Urbagestión y la Empresa Municipal de la Vivienda para que Maricarmen regresara a su domicilio, el sindicato advirtió de que la movilización podía continuar.
De este modo, la acampada ha pasado de estar vinculada a un caso concreto de vivienda a convertirse también en el centro de una disputa institucional sobre el uso del espacio público y los límites del derecho de reunión.
El antecedente de las protestas en La Moncloa
La Comunidad de Madrid también ha señalado la actuación de la Delegación del Gobierno durante la Marcha por la Dignidad, celebrada el pasado 23 de mayo.
En aquella ocasión, la Delegación estableció que la marcha terminara en el Arco de la Victoria. Cuando varias decenas de participantes intentaron avanzar hacia el Palacio de la Moncloa, la Policía intervino y les impidió continuar.
El incidente terminó con tres detenidos y siete agentes heridos leves, según la información de origen.
La Comunidad utiliza este episodio, junto con las restricciones de las protestas de Ferraz, para cuestionar la respuesta de Francisco Martín ante la acampada de Sol.
Sin embargo, las circunstancias de cada protesta son diferentes y las actuaciones policiales deben valorarse atendiendo a los hechos y a las justificaciones legales de cada intervención.
El recurso judicial marcará el siguiente paso del conflicto
Tras el rechazo del requerimiento, el Gobierno de Ayuso pretende trasladar el enfrentamiento a los tribunales mediante un recurso contencioso-administrativo y una solicitud de medidas cautelares.
La Comunidad también ha anunciado acciones judiciales contra Francisco Martín, sin descartar posibles acciones penales. La información disponible no concreta qué delitos podrían invocarse ni cuál será el contenido definitivo de las actuaciones.
El caso plantea una cuestión jurídica central: cómo compatibilizar el derecho fundamental de reunión con la protección del espacio público y los derechos de quienes viven o trabajan en la zona.
Los antecedentes del TSJM sobre las protestas de Ferraz añaden relevancia al debate, pero no permiten anticipar el resultado del nuevo procedimiento. Será necesario valorar las circunstancias específicas de la acampada y las razones que cada administración aporte ante los tribunales.
Mientras tanto, la permanencia de las tiendas en Sol mantiene abierto el enfrentamiento entre la Comunidad de Madrid y la Delegación del Gobierno.
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