La investigación sobre el fraude del IVA en hidrocarburos vuelve a poner el foco en los controles de la Agencia Tributaria y en el recorrido internacional del dinero.
Por El Vértice | 5 de octubre de 2026
La investigación del caso Hidrocarburos vuelve a poner contra las cuerdas los mecanismos de control fiscal en España. La red investigada por la Audiencia Nacional habría canalizado decenas de millones de euros hacia Portugal, en operaciones que ahora están siendo reconstruidas por las autoridades españolas y portuguesas.
La información publicada por Libertad Digital sitúa en 56 millones de euros el volumen gestionado por una de las sociedades relacionadas con la trama y sostiene que parte de los movimientos hacia Portugal no habría provocado las alertas esperables en los sistemas de control de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
El dato cobra especial relevancia porque la causa investiga un presunto fraude de gran dimensión relacionado con el IVA de los hidrocarburos y con sociedades que, según los investigadores, habrían sido utilizadas para interponer empresas y dificultar el seguimiento del dinero.
La Fiscalía Europea ya ha incorporado al caso información procedente de Portugal. Sus pesquisas han identificado 27,9 millones de euros enviados desde empresas españolas del sector de los combustibles hacia cuentas portuguesas entre 2022 y 2024, con el presunto uso de empresas pantalla.
El caso Hidrocarburos vuelve a poner el foco sobre Hacienda
La dimensión internacional de la investigación es uno de los elementos que más preocupa a los investigadores.
La documentación conocida hasta ahora muestra que el dinero no permanecía necesariamente dentro de España. Parte de los fondos investigados siguió rutas que conducían a Portugal y posteriormente a otras jurisdicciones.
La Fiscalía Europea explicó que las autoridades portuguesas detectaron movimientos sospechosos vinculados a cuatro empresas españolas del sector de los combustibles: Salamanca Fuel, Canary Island, Casmar Hidrocarburos y Obaoil 3000.
Según esa investigación, las mercantiles españolas habrían utilizado empresas fachada portuguesas para justificar supuestos pagos por suministros y facilitar posteriormente el retorno de las ganancias a España.
La finalidad investigada estaría relacionada con la evasión del IVA generado en operaciones de comercialización de carburantes.
56 millones gestionados en apenas dos meses
Uno de los datos que más llama la atención en la investigación es el volumen de dinero manejado por determinadas sociedades.
Servimedia informó en abril de 2025 de que Espaeventos SL, considerada por la investigación una posible empresa pantalla, pasó de encontrarse prácticamente inactiva a gestionar más de 56 millones de euros en apenas dos meses.
La Guardia Civil investigaba entonces si esa sociedad había sido utilizada como intermediaria en operaciones destinadas a evitar el pago del IVA.
Según aquella información, Espaeventos habría simulado operaciones de compra con Villafuel SL, empresa situada en el centro de la investigación sobre el fraude de hidrocarburos.
Dos personas señaladas como presuntos testaferros de la mercantil se acogieron a su derecho a no declarar ante el juez Santiago Pedraz.
El volumen de dinero resulta especialmente significativo cuando se compara con la actividad económica declarada de la sociedad.
El dinero salió de España hacia Portugal
La investigación portuguesa ha permitido reconstruir otra parte del recorrido de los fondos.
La Fiscalía Europea recibió información según la cual 27,9 millones de euros fueron transferidos desde empresas españolas del sector de los hidrocarburos a cuentas bancarias situadas en Portugal entre 2022 y 2024.
El análisis efectuado por las autoridades portuguesas apunta a la utilización de sociedades que, según la investigación, no desarrollarían una actividad económica real equivalente a las operaciones que justificaban los pagos.
El mecanismo investigado habría permitido sacar temporalmente los fondos de España y posteriormente distribuirlos por diferentes circuitos financieros.
La Fiscalía Europea ha trasladado estos datos al juez Pedraz para incorporarlos a la investigación española.
Parte del dinero volvió a España
La ruta financiera no terminaba necesariamente en Portugal.
Según la documentación recogida por EL PAÍS, del dinero investigado por las autoridades portuguesas:
- Al menos 9 millones de euros fueron devueltos a cuentas bancarias españolas.
- 3 millones fueron enviados a Reino Unido mediante operadores vinculados a criptomonedas.
- Otros 3 millones terminaron repartidos entre cuentas de diferentes países.
- En Portugal permanecieron alrededor de 13 millones, de los que las autoridades lusas lograron incautar 11,8 millones de euros.
El reparto internacional dificulta considerablemente la trazabilidad de los fondos y explica la participación de organismos europeos y de las autoridades de diferentes países.
Víctor de Aldama aparece vinculado a una de las sociedades
La documentación trasladada por la Fiscalía Europea también sitúa al empresario Víctor de Aldama en el entramado financiero investigado.
Una de las sociedades mencionadas es Atmosferaudaz, constituida en agosto de 2022 y relacionada formalmente con actividades de consultoría y operaciones inmobiliarias.
Según la información publicada, esta mercantil recibió 7,4 millones de euros procedentes de empresas de hidrocarburos.
Informes de la Guardia Civil incorporados a la investigación de la Audiencia Nacional ya habían señalado esta sociedad como uno de los vehículos utilizados presuntamente para retornar fondos a España mediante operaciones inmobiliarias.
La investigación deberá determinar qué operaciones fueron reales, cuáles respondían a servicios efectivos y cuáles pudieron utilizarse para ocultar el origen del dinero.
Un presunto fraude fiscal de gran dimensión
El caso Hidrocarburos no se limita a una serie de transferencias internacionales.
La Audiencia Nacional investiga un entramado mucho más amplio relacionado con el fraude del IVA y los impuestos asociados a la comercialización de carburantes.
La mecánica investigada parte de un modelo especialmente vulnerable a las empresas pantalla: una sociedad vende combustible, repercute el IVA al comprador y posteriormente no ingresa ese impuesto en Hacienda.
La utilización sucesiva de sociedades interpuestas puede dificultar que la Administración determine quién ha obtenido realmente el beneficio.
La investigación también analiza posibles relaciones entre empresas, testaferros, intermediarios y personas con capacidad de influencia política.
El papel de Hacienda queda bajo el foco
El elemento políticamente más delicado es el funcionamiento de los controles tributarios.
Si, como sostiene la información publicada por Libertad Digital, determinados movimientos millonarios hacia Portugal no generaron alertas suficientes, surge una cuestión relevante: ¿eran adecuados los mecanismos de detección de operaciones sospechosas de la Agencia Tributaria?
La pregunta debe distinguirse de otra diferente: que una operación no genere una alerta automática no significa necesariamente que Hacienda la conociera, la autorizara o actuara de forma irregular.
Los sistemas de control tributario funcionan mediante cruces de información, análisis de riesgo, inspecciones y cooperación internacional. No todas las operaciones sospechosas son detectadas en tiempo real.
Por eso será necesario conocer qué información tenía la Administración, cuándo la recibió y qué actuaciones realizó antes de extraer conclusiones.
La dimensión internacional complica la investigación
Portugal se ha convertido en una pieza importante del caso.
Las autoridades lusas fueron precisamente quienes detectaron movimientos que posteriormente permitieron reconstruir parte del entramado financiero.
La colaboración internacional resulta fundamental porque el dinero puede atravesar varias jurisdicciones en cuestión de horas.
En el caso investigado aparecen movimientos relacionados con España, Portugal, Reino Unido y varios países europeos y latinoamericanos, según la información trasladada a la Fiscalía Europea.
La intervención de la Fiscalía Europea añade además una dimensión comunitaria a una investigación que inicialmente se desarrollaba principalmente en España.
¿Cómo funciona el supuesto fraude del IVA?
El mecanismo investigado puede resumirse de forma sencilla.
Una empresa adquiere combustible y posteriormente lo vende repercutiendo el IVA correspondiente. El comprador paga ese impuesto dentro del precio final.
El problema aparece cuando la sociedad que ha cobrado el IVA no lo entrega a Hacienda.
Si después desaparece, se vacía patrimonialmente o utiliza sociedades sucesivas, recuperar el dinero resulta mucho más complicado.
Las empresas pantalla pueden utilizarse, presuntamente, para dificultar la identificación del verdadero beneficiario de las operaciones.
En el caso Hidrocarburos, los investigadores tratan de determinar si este mecanismo se empleó de forma sistemática.
El caso ya había señalado movimientos millonarios
La investigación no empezó con los datos procedentes de Portugal.
La Audiencia Nacional lleva años siguiendo el rastro de una presunta estructura dedicada al fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos.
El juez Santiago Pedraz dirige las actuaciones y la Guardia Civil ha elaborado diferentes informes sobre las sociedades y personas investigadas.
La causa ha adquirido una dimensión considerable por el número de empresas analizadas y por el volumen económico de las operaciones.
La aparición de nuevas rutas internacionales demuestra que todavía quedan movimientos financieros por reconstruir.
Portugal aporta nuevas pruebas al caso
La información procedente de Portugal tiene especial importancia porque permite observar la operación desde fuera del sistema financiero español.
Las autoridades lusas detectaron las transferencias y abrieron una investigación por blanqueo de capitales.
Posteriormente, los datos fueron puestos a disposición de la Fiscalía Europea y trasladados al procedimiento español.
Esta cooperación puede permitir a los investigadores comparar:
- Las facturas emitidas.
- Los movimientos bancarios.
- Las sociedades que recibieron el dinero.
- Los beneficiarios finales.
- Las declaraciones fiscales.
- Las operaciones posteriores de retorno de fondos.
El objetivo es comprobar si existe correspondencia entre la actividad económica declarada y los movimientos financieros reales.
Una cuestión incómoda para el sistema tributario español
El caso plantea una cuestión que va más allá de los investigados.
España dispone de una de las administraciones tributarias con mayores capacidades de análisis de información financiera y fiscal. La AEAT utiliza grandes volúmenes de datos para seleccionar contribuyentes y operaciones de riesgo.
Sin embargo, ningún sistema de control puede garantizar la detección inmediata de todas las operaciones fraudulentas.
Precisamente por ello, la investigación deberá determinar si hubo fallos concretos en los controles o si las operaciones fueron diseñadas de manera que resultaran difíciles de detectar.
La diferencia es fundamental.
Una cosa es un fraude sofisticado que logra atravesar temporalmente los controles. Otra, muy distinta, sería demostrar que existieron señales concretas ignoradas por los responsables de supervisión.
El dinero y las responsabilidades políticas
El caso Hidrocarburos también ha adquirido una dimensión política por las conexiones investigadas entre empresarios y responsables públicos.
Los investigadores analizan diferentes relaciones personales, empresariales y políticas que podrían haber facilitado determinadas operaciones.
No obstante, una relación o contacto no demuestra por sí mismo la comisión de un delito.
La responsabilidad penal deberá establecerse mediante pruebas y resoluciones judiciales.
Este principio es especialmente importante en una causa todavía abierta, en la que la investigación continúa incorporando documentación financiera de distintos países.
Las cifras que explican la dimensión del caso
Los datos conocidos permiten hacerse una idea de la magnitud de la investigación:
- 56 millones de euros: volumen gestionado en apenas dos meses por Espaeventos según la investigación citada por Servimedia.
- 27,9 millones: transferencias desde empresas españolas de hidrocarburos hacia Portugal detectadas por la investigación europea.
- 7,4 millones: fondos recibidos por Atmosferaudaz procedentes de empresas del sector, según la información de la Fiscalía Europea.
- 11,8 millones: cantidad incautada por las autoridades portuguesas.
- 231 millones: volumen aproximado del fraude más amplio investigado por la Audiencia Nacional, según la información publicada sobre la causa.
Las cifras corresponden a diferentes operaciones y tramos de la investigación y no deben sumarse automáticamente, porque pueden referirse a sociedades o periodos distintos.
¿Qué queda por aclarar?
La investigación todavía debe responder a varias preguntas fundamentales:
- Quiénes eran los beneficiarios finales de los fondos enviados al extranjero.
- Qué parte de las operaciones correspondía a actividad comercial real.
- Qué sociedades actuaron como empresas pantalla.
- Qué conocimiento tenían los responsables de las distintas compañías.
- Qué información recibió Hacienda y cuándo.
- Si los mecanismos de control tributario detectaron señales de riesgo.
- Qué parte del dinero fue recuperada o permanece bloqueada.
- Si existieron conexiones entre el entramado empresarial y otras investigaciones judiciales.
Estas cuestiones serán determinantes para establecer las eventuales responsabilidades penales.
Un caso que pone a prueba los controles contra el fraude
El caso Hidrocarburos ha dejado de ser únicamente una investigación sobre empresas del sector de los carburantes.
Las transferencias internacionales, la utilización de sociedades interpuestas y la intervención de la Fiscalía Europea han convertido la causa en un complejo mapa financiero que atraviesa varias jurisdicciones.
La cifra de 56 millones de euros gestionados por una sociedad en apenas dos meses, junto con los 27,9 millones detectados en transferencias hacia Portugal, explica por qué el recorrido del dinero se ha convertido en una de las prioridades de los investigadores.
La cuestión que queda ahora sobre la mesa es doble: cómo pudo operar durante tanto tiempo una estructura de estas dimensiones y qué señales fueron capaces —o no— de detectar los mecanismos de control fiscal españoles.
La respuesta tendrá que salir de la investigación judicial y de la documentación de Hacienda.
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