Un tribunal de Nuevo México sanciona a la compañía de Mark Zuckerberg por prácticas engañosas sobre los datos personales. El caso reabre el debate sobre la responsabilidad de las grandes tecnológicas y el poder de sus algoritmos.
La privacidad de millones de usuarios vuelve a situar a Meta en el centro de una batalla judicial de enorme impacto económico. Un tribunal de Nuevo México ha impuesto a la compañía matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp una sanción civil de 25 000 millones de dólares por engañar a los consumidores sobre la protección de sus datos personales.
El caso hunde sus raíces en el escándalo de Cambridge Analytica, que puso bajo sospecha el uso de información personal con fines políticos. Pero la controversia no termina ahí: la empresa también afronta acusaciones relacionadas con la seguridad de los menores y denuncias sobre el comportamiento de sus algoritmos durante la campaña electoral brasileña.
El contraste entre las sanciones judiciales y los resultados económicos de la tecnológica vuelve a plantear una cuestión de fondo: ¿son suficientes las multas para disuadir a las grandes plataformas cuando sus modelos de negocio dependen de la recopilación y explotación de datos?
Meta, condenada en Nuevo México por prácticas engañosas sobre privacidad
El juez Francis Mathew, del estado estadounidense de Nuevo México, ha fijado una sanción civil de 25 000 millones de dólares contra Meta por las prácticas relacionadas con la privacidad de Facebook.
La cuantía es inferior a los más de 219 000 millones de dólares que, según la información del proceso, podrían haberse justificado aplicando los máximos previstos por la legislación estatal. Aun así, la sanción anunciada representa una de las cifras más elevadas de este litigio.
El procedimiento comenzó con una demanda presentada en 2021 y está relacionado con el escándalo de Cambridge Analytica, destapado en 2018. La consultora británica obtuvo, mediante una aplicación de terceros, datos personales de hasta 87 millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento, según las informaciones difundidas sobre el caso.
La información recopilada se utilizó para elaborar perfiles con fines políticos. Cambridge Analytica había trabajado para la campaña presidencial de Donald Trump en 2016, lo que convirtió el escándalo en un asunto de alcance internacional y reabrió el debate sobre el uso de datos personales para influir en procesos electorales.
La resolución de Nuevo México se centra en las prácticas de la compañía y en las declaraciones que realizó sobre la gestión de la información de sus usuarios. Meta ha rechazado las acusaciones y ha anunciado su intención de recurrir el veredicto.
Más de 43 millones de infracciones contabilizadas por el jurado
La sanción se apoya en un veredicto emitido el 25 de septiembre de 2026 por un jurado de Santa Fe. Según la información del proceso, los miembros del jurado consideraron engañosas 26 de las 29 declaraciones examinadas de la compañía y sus directivos.
Las afirmaciones analizadas se referían, entre otros aspectos, al acceso de terceros a los datos personales y a la gestión de contenidos relacionados con los discursos de odio y la desinformación.
La acusación sostenía que Meta conocía el alcance del acceso de terceros a la información de los usuarios y que sus prácticas habían perjudicado a los consumidores. La compañía, por su parte, negó haber vendido los datos personales y cuestionó que se hubiera demostrado que los consumidores resultaran efectivamente engañados.
El jurado contabilizó más de 43 millones de infracciones de las leyes estatales de protección de los consumidores. El cálculo tuvo en cuenta el número de usuarios de Facebook o residentes de Nuevo México a los que se dirigían las declaraciones consideradas engañosas.
La legislación estatal permite imponer sanciones civiles de hasta 5 000 dólares por infracción. La cantidad final, sin embargo, depende de la resolución judicial y no equivale automáticamente a multiplicar el máximo legal por cada infracción contabilizada.
Los abogados del estado habían solicitado entre 35 000 y 40 000 millones de dólares, mientras que Meta defendía un límite de 3 450 millones. La diferencia entre ambas posiciones muestra la magnitud de la disputa sobre la responsabilidad de la compañía y el alcance de las sanciones.
Meta anuncia que recurrirá la sanción
Meta ha defendido ante los tribunales que no vende los datos personales de sus usuarios y ha cuestionado que las acusaciones demuestren un perjuicio concreto para los consumidores.
La empresa anunció en septiembre que recurriría el veredicto. Por tanto, la resolución no debe confundirse con el final definitivo de la disputa judicial: el recurso puede abrir una nueva fase en la que se revisen aspectos de la decisión y de la cuantía impuesta.
El caso también plantea una cuestión jurídica relevante: hasta dónde puede llegar la responsabilidad de una plataforma por las declaraciones que realiza sobre sus prácticas de privacidad y por la forma en que permite el acceso a información de terceros.
La protección de datos no depende únicamente de que una empresa venda o no directamente información personal. También entran en juego el consentimiento, los permisos concedidos a aplicaciones externas, la transparencia de las condiciones de uso y los controles aplicados para evitar accesos no autorizados.
La resolución de Nuevo México sitúa estas cuestiones en el centro de una disputa de gran repercusión económica, aunque será necesario conocer el desarrollo de los recursos para determinar sus consecuencias definitivas.
Cambridge Analytica: el escándalo que puso a Facebook bajo presión
El origen del caso se encuentra en la polémica que estalló en 2018 por el acceso de Cambridge Analytica a datos de usuarios de Facebook.
La consultora obtuvo información a través de una aplicación desarrollada por un tercero. El episodio puso de manifiesto cómo los datos recopilados mediante servicios aparentemente independientes podían utilizarse para elaborar perfiles de usuarios y orientar mensajes políticos.
La cifra de hasta 87 millones de afectados se convirtió en uno de los datos más representativos del escándalo. La controversia provocó un intenso debate sobre el consentimiento, la transparencia de las plataformas y el papel de las empresas tecnológicas en las campañas electorales.
La relación de Cambridge Analytica con la campaña presidencial de Trump de 2016 añadió una dimensión política al caso. Sin embargo, el hecho de que la consultora trabajara para esa campaña no demuestra, por sí solo, que el acceso a los datos determinara el resultado electoral.
El problema central fue la utilización de información personal sin el consentimiento adecuado de los afectados y la dificultad de los usuarios para comprender cómo podían circular sus datos entre aplicaciones, empresas y organizaciones.
La nueva sanción de Nuevo México vuelve a colocar ese episodio bajo el foco judicial y refuerza la discusión sobre las obligaciones que deben asumir las plataformas cuando terceros acceden a información de sus usuarios.
Meta acumula otros procedimientos y sanciones millonarias
La resolución de Nuevo México no es el primer gran procedimiento al que se enfrenta la compañía por sus prácticas de privacidad y seguridad.
Entre los antecedentes más relevantes figuran:
- 2019: acuerdo de 5 000 millones de dólares. Meta acordó pagar esa cantidad para resolver las acusaciones de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) por incumplir una orden anterior relacionada con la privacidad. El pago se hizo efectivo en abril de 2020.
- 2022-2023: acuerdo de 725 millones de dólares. La compañía pactó esa cantidad para cerrar una demanda colectiva relacionada con el acceso de terceros, incluida Cambridge Analytica, a datos personales. El acuerdo recibió aprobación judicial en octubre de 2023.
- Marzo de 2026: sanción de 375 millones de dólares. Según la información publicada, un jurado de Santa Fe condenó a la empresa por engañar sobre la seguridad de los menores en Facebook, Instagram y WhatsApp.
- Fase posterior del proceso sobre menores: 567 millones de dólares. Un juez ordenó aportar esa cantidad a un fondo estatal para la salud mental de los adolescentes e introducir medidas de protección en Facebook e Instagram.
Estas cantidades corresponden a procedimientos distintos y no deben sumarse como si todas fueran sanciones firmes de la misma naturaleza. Los acuerdos judiciales, las condenas y las órdenes adoptadas en diferentes fases de un litigio tienen implicaciones legales diferentes.
En conjunto, los casos muestran que la supervisión de las grandes plataformas tecnológicas abarca cada vez más aspectos: la privacidad de los datos, la seguridad de los menores y la responsabilidad de las empresas por el funcionamiento de sus servicios.
Beneficios millonarios frente a sanciones históricas
La sanción de Nuevo México coincide con la publicación de resultados económicos de Meta correspondientes a los nueve primeros meses de 2026.
Según las cifras recogidas por RTVE, la compañía acumuló un beneficio neto de 52 481 millones de dólares, un 39 % más que en el mismo periodo del año anterior.
La comparación ilustra la dimensión económica de la empresa, aunque no basta por sí sola para determinar el impacto real de la sanción sobre sus cuentas. Para ello habría que conocer el tratamiento contable de la resolución, el calendario de pago y el resultado de los recursos anunciados.
El caso reabre, no obstante, el debate sobre la eficacia de las multas frente a compañías con ingresos y beneficios de gran escala. Una sanción puede ser elevada en términos absolutos y, al mismo tiempo, tener un efecto distinto según la capacidad financiera de la empresa y las obligaciones que le imponga la justicia.
Además de las consecuencias económicas, las resoluciones pueden exigir cambios operativos, reforzar controles y generar precedentes que afecten a otras plataformas.
La cuestión no es solo cuánto paga una compañía, sino si las medidas adoptadas consiguen evitar que se repitan las prácticas cuestionadas.
Brasil: denuncias por el supuesto sesgo de los algoritmos electorales
Meta afronta también una controversia en Brasil por las acusaciones de que sus sistemas de recomendación habrían favorecido a un candidato frente a otro durante la campaña presidencial.
Según mensajes internos publicados por Folha de S.Paulo y recogidos por VerificaRTVE, se habría restringido la promoción de publicaciones de Lula da Silva, mientras que las recomendaciones algorítmicas habrían favorecido a su rival, Flávio Bolsonaro.
La difusión de esas informaciones provocó una protesta frente a las oficinas de la compañía en São Paulo. Los manifestantes reclamaron que la tecnológica no interfiriera en el proceso electoral.
Meta atribuyó los problemas a incidentes técnicos y negó favorecer a ningún candidato. Por tanto, las acusaciones deben presentarse como tales y no como una manipulación electoral demostrada judicialmente.
Según la información difundida, el Tribunal Superior Electoral de Brasil exigió un trato igualitario para ambas campañas antes de la segunda vuelta prevista para el domingo. El alcance de esa exigencia y las medidas adoptadas por la plataforma deberán seguirse a través de las comunicaciones oficiales y de la evolución del procedimiento electoral.
El episodio pone sobre la mesa un problema cada vez más relevante: los algoritmos determinan qué contenidos reciben mayor visibilidad y cuáles llegan a menos usuarios. En una campaña electoral, esas decisiones pueden afectar al alcance de los mensajes políticos, aunque demostrar que una diferencia de visibilidad altera el resultado electoral exige pruebas adicionales.
La transparencia sobre los criterios de recomendación y la posibilidad de auditar el funcionamiento de los sistemas son, por ello, elementos centrales del debate.
Qué significa el caso para la privacidad de los usuarios
La disputa judicial de Nuevo México ofrece varias lecciones para los usuarios de las redes sociales y para el debate sobre la regulación tecnológica.
Primero, el consentimiento importa. Los usuarios deben poder comprender qué información se recopila, con qué finalidad y bajo qué condiciones puede compartirse con terceros.
Segundo, las aplicaciones conectadas pueden ampliar el acceso a los datos. Revisar los permisos concedidos a servicios externos ayuda a limitar la información que se comparte, aunque no sustituye las obligaciones legales de las plataformas.
Tercero, las políticas de privacidad deben ser comprensibles y coherentes con las prácticas reales. Una empresa puede publicar condiciones extensas, pero eso no resuelve por sí solo las dudas sobre la transparencia de sus procedimientos.
Cuarto, las recomendaciones algorítmicas requieren escrutinio. Cuando una plataforma tiene un papel central en la distribución de información política, la transparencia y la supervisión adquieren una importancia especial.
Estas cuestiones afectan a Facebook, pero también a Instagram, WhatsApp y otras plataformas que procesan grandes volúmenes de información personal.
La responsabilidad de las grandes tecnológicas, de nuevo bajo examen
La sanción de 25 000 millones de dólares sitúa a Meta ante una nueva batalla judicial por sus prácticas de privacidad. El caso recupera el legado de Cambridge Analytica, pero también se conecta con las discusiones actuales sobre la seguridad de los menores y la influencia de los algoritmos en la circulación de contenidos políticos.
La empresa ha anunciado que recurrirá el veredicto, de modo que la disputa todavía puede evolucionar. Mientras tanto, el proceso plantea una cuestión que trasciende a una sola compañía: cómo garantizar que las plataformas digitales rindan cuentas por el tratamiento de los datos personales y por las declaraciones que hacen sobre sus propios servicios.
Para los usuarios, la privacidad no es una cuestión técnica secundaria. Afecta a la información que comparten, a la forma en que se construyen sus perfiles y a quién puede acceder a ellos.
El desenlace del recurso y las medidas que se adopten serán claves para conocer el alcance definitivo de la resolución. La verdadera prueba será si las sanciones y las obligaciones judiciales consiguen reforzar la protección de los usuarios y evitar nuevas vulneraciones.
Chollones
Chollones
Chollones