El Parlamento Europeo respalda un criterio específico para el azulejo, un avance que podría aliviar la presión sobre una industria castellonense amenazada por el encarecimiento de las emisiones.
La industria cerámica española llevaba cerca de un año alertando de las consecuencias que podía tener la política europea de emisiones sobre sus fábricas y su competitividad. Ahora ha conseguido un primer avance político en Bruselas, aunque la batalla todavía no ha terminado.
El Parlamento Europeo ha respaldado la creación de un valor de referencia específico —conocido como benchmark— para la industria cerámica dentro del sistema de derechos de emisión de CO₂. La medida responde a una reivindicación encabezada por la patronal española Ascer, en coordinación con representantes políticos e institucionales de España e Italia.
El cambio podría resultar decisivo para las empresas azulejeras de Castellón, donde se concentra buena parte de la producción española. El sector advertía de que la revisión europea de los criterios para el periodo 2026-2030 podía reducir un 34 % las asignaciones gratuitas de emisiones, con un coste adicional superior a 100 millones de euros anuales para las empresas afectadas, según los datos recogidos en la información original.
La votación supone un avance para una industria que considera que las exigencias climáticas europeas no reflejan suficientemente sus particularidades técnicas. Sin embargo, el respaldo del Parlamento no equivale todavía a una aprobación definitiva: el texto deberá superar la negociación entre las instituciones de la Unión Europea.
El recorte del CO₂ encendió las alarmas en Castellón
La controversia comenzó a finales de 2025, cuando la Comisión Europea anunció una actualización de los valores de referencia utilizados para calcular los derechos gratuitos de emisión correspondientes al periodo 2026-2030.
La propuesta provocó preocupación en el sector cerámico. Las empresas advertían de que la reducción prevista podía elevar sus costes de producción y debilitar su capacidad para competir con fabricantes de otros países.
La industria no cuestiona, al menos en los términos expuestos por la patronal, la necesidad de avanzar hacia la descarbonización. Su principal argumento es que algunos procesos productivos todavía no disponen de alternativas tecnológicas suficientemente maduras para reducir las emisiones sin provocar costes difíciles de asumir.
Por eso, Ascer defendió que el sistema europeo debía reconocer las características específicas de la fabricación cerámica y evitar que los nuevos criterios penalizaran a las empresas por limitaciones tecnológicas que no pueden resolver de forma inmediata.
El sector teme que un aumento sostenido de los costes termine provocando cierres de empresas, pérdida de empleo o deslocalizaciones hacia países donde las exigencias medioambientales o los costes de producción sean diferentes.
Qué es el benchmark que reclama la industria cerámica
El benchmark es un valor de referencia utilizado para determinar las asignaciones gratuitas de derechos de emisión dentro del régimen europeo de comercio de emisiones, conocido por sus siglas en inglés como ETS.
La petición de la industria consiste en disponer de un criterio específico para la cerámica que tenga en cuenta sus características productivas, en lugar de aplicar parámetros que, según el sector, no reflejan adecuadamente su realidad.
Una treintena de empresas, coordinadas por Ascer, presentaron alegaciones para reclamar ese tratamiento diferenciado. La patronal acompañó sus gestiones con informes y datos destinados a explicar ante las autoridades comunitarias el impacto que tendría la propuesta inicial.
El objetivo era evitar el recorte previsto y conseguir una fórmula que reconociera las dificultades técnicas del sector. Un informe de expertos de la propia Comisión Europea, presentado en julio según la información publicada, abrió una nueva posibilidad: con un valor de referencia específico, las asignaciones gratuitas de la industria cerámica podrían llegar a aumentar un 12 %, en lugar de sufrir la reducción del 34 % inicialmente prevista.
Esa estimación no constituye una garantía de que las empresas vayan a recibir un 12 % más de derechos. Se trata del impacto potencial atribuido al escenario analizado por los expertos, sujeto al resultado del procedimiento legislativo.
Una alianza de España e Italia para presionar en Bruselas
La reivindicación no se ha limitado a Castellón. La industria cerámica española ha encontrado un aliado en Emilia-Romaña, la región italiana que concentra una parte importante de la producción azulejera de ese país.
Ambas zonas comparten intereses industriales y preocupación por el impacto de los costes energéticos y medioambientales sobre la competitividad de sus fábricas. La coordinación entre las patronales de España e Italia ha permitido trasladar una posición común a las instituciones europeas.
En España, Ascer ha liderado la interlocución con Bruselas y ha trabajado con el Gobierno central, la Generalitat, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y representantes de distintos partidos políticos.
La estrategia ha buscado reunir apoyos más allá de las diferencias partidistas. La industria ha defendido que la continuidad de las fábricas y el empleo asociado requieren una transición climática compatible con las posibilidades tecnológicas reales de cada sector.
En marzo, la reivindicación llegó al Parlamento Europeo durante un encuentro en defensa de la cerámica en el que participaron representantes españoles e italianos. Entre ellos figuraban la consellera de Industria, Marián Cano; el vicepresidente de Emilia-Romaña, Vincenzo Colla; la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina; y los alcaldes de Onda y l’Alcora, Carmina Ballester y Samuel Falomir, respectivamente.
También participaron eurodiputados de distintas formaciones y representantes de las patronales Ascer y Confindustria.
El papel de Susana Solís, Leire Pajín y Vicent Marzà
La campaña ha contado con la participación de eurodiputados de distintos grupos políticos, un factor que ha permitido ampliar la base de apoyos a la reivindicación.
Según la información original, tres representantes desempeñaron un papel destacado en la fase parlamentaria:
- Susana Solís, del PP, contribuyó a impulsar una enmienda favorable a la creación de un valor de referencia propio y trabajó para recabar apoyos dentro de su grupo político. Su experiencia técnica como ingeniera y su trabajo previo en defensa de otros sectores industriales fueron aspectos valorados por la patronal.
- Leire Pajín, del PSOE, ayudó a buscar apoyos entre los socialistas y trasladó las demandas del sector al comisario europeo de Medio Ambiente. También mantuvo la interlocución con el Gobierno central.
- Vicent Marzà, de Compromís-Sumar, trabajó en Bruselas para respaldar la reivindicación y votó a favor de establecer un criterio específico durante el pleno del Parlamento Europeo mencionado en la información.
La Generalitat también intervino en la coordinación de las demandas del sector. El secretario autonómico de Industria, Felipe Carrasco, trabajó para trasladar la posición de la industria azulejera entre Valencia, Madrid y Bruselas.
Por su parte, el ministro de Industria, Jordi Hereu, había expresado su apoyo al sector durante una visita reciente a Ascer, según la noticia de origen.
La colaboración entre representantes de distintas formaciones muestra que la presión industrial puede superar las divisiones partidistas cuando están en juego la actividad económica y el empleo de un territorio.
Bruselas llegó a plantear una alternativa, pero no convenció a todos
El respaldo parlamentario llega después de varios meses de negociaciones sin avances suficientes para la industria.
Aunque el informe de expertos de la Comisión Europea abrió la puerta a un benchmark específico, la Comisión y una primera reunión de ministros de la Unión Europea rechazaron inicialmente esa opción, según la información publicada. La oposición de Francia y Alemania fue uno de los obstáculos señalados.
Como alternativa, se planteó aumentar los fondos destinados a las asignaciones gratuitas. Esa fórmula habría reducido el recorte previsto del 34 % al 20 %, pero habría mantenido una reducción considerable para el sector.
La industria consideró insuficiente esa salida porque no resolvía por completo el problema de fondo: la falta de un criterio que reflejara las características particulares de la fabricación cerámica.
El respaldo obtenido ahora en el Parlamento Europeo cambia el escenario político, aunque no garantiza que la propuesta vaya a mantenerse intacta en la negociación final.
La última batalla será el trílogo europeo
El siguiente paso será el trílogo, el proceso de negociación entre el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea para acordar el texto definitivo.
La industria tendrá que defender la inclusión del valor de referencia específico durante esa fase. Francia y Alemania serán interlocutores importantes, dado que, según la noticia original, ambos países se habían opuesto anteriormente a la propuesta.
No obstante, representantes del sector han destacado que eurodiputados de esos mismos países apoyaron la iniciativa en el Parlamento. Esa diferencia entre las posiciones expresadas en las distintas instituciones podría influir en la negociación.
Ascer ha calificado la aprobación parlamentaria de «muy relevante», aunque mantiene la prudencia hasta que concluya el procedimiento. La patronal sabe que una votación favorable supone un avance, pero no sustituye al acuerdo legislativo definitivo.
La descarbonización europea, entre los objetivos climáticos y la supervivencia industrial
El debate sobre la cerámica refleja una cuestión más amplia para la industria europea: cómo reducir las emisiones sin acelerar la pérdida de capacidad productiva frente a competidores internacionales.
Las empresas deben adaptarse a las exigencias climáticas, pero también necesitan tecnología disponible, energía competitiva y plazos que permitan financiar las transformaciones necesarias. Cuando esos elementos no avanzan al mismo ritmo, la regulación puede generar tensiones entre los objetivos medioambientales y la viabilidad económica de determinadas actividades.
La industria cerámica también ha reclamado medidas frente a la competencia de países como China e India, a los que el sector considera competidores capaces de operar bajo condiciones diferentes. Esa preocupación forma parte del debate sobre la competitividad europea, aunque la votación sobre el benchmark no resuelve por sí sola las diferencias de costes ni los posibles problemas de competencia internacional.
La cuestión de fondo es si la Unión Europea puede mantener una industria manufacturera relevante mientras exige una transformación profunda de sus procesos productivos. Para lograrlo, las normas deben acompañarse de instrumentos que tengan en cuenta la realidad técnica de cada actividad y que no conviertan la transición en una desventaja competitiva permanente.
Una victoria parcial para Castellón, pendiente del acuerdo definitivo
El respaldo del Parlamento Europeo representa un primer resultado favorable para la industria azulejera de Castellón y para sus aliados italianos. También demuestra que la coordinación entre patronales, administraciones y eurodiputados puede influir en una negociación europea compleja.
Pero el resultado final sigue abierto. La creación de un benchmark específico tendrá que superar la fase de negociación interinstitucional antes de traducirse en cambios efectivos para las empresas.
Hasta entonces, las cifras del posible recorte del 34 %, el coste anual superior a 100 millones de euros y el escenario de aumento del 12 % deben entenderse dentro de los supuestos descritos en la información publicada, no como resultados económicos definitivos.
La cerámica ha conseguido que Bruselas escuche su reclamación. Ahora deberá convertir ese respaldo político en una norma efectiva que permita avanzar hacia la descarbonización sin poner en riesgo la competitividad de una industria clave para Castellón.
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