La Audiencia Nacional espera la declaración del ex número tres socialista para avanzar en dos investigaciones que afectan al entorno de Pedro Sánchez: las presuntas cloacas del PSOE y la financiación irregular del partido.
Santos Cerdán, en el centro de dos investigaciones que amenazan al PSOE
El futuro judicial del PSOE vuelve a situarse bajo el foco de la Audiencia Nacional. La declaración de Santos Cerdán, antiguo secretario de Organización y uno de los hombres de máxima confianza de Pedro Sánchez durante su ascenso y consolidación en el partido, puede convertirse en una diligencia determinante para esclarecer dos investigaciones que afectan a la formación socialista.
El exdirigente deberá aportar explicaciones en dos procedimientos diferentes: uno sobre las presuntas actividades de una estructura dedicada a maniobrar contra investigaciones judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno, conocido como el caso de las cloacas socialistas, y otro sobre posibles irregularidades en la financiación de la organización.
La relevancia del asunto es considerable. Los magistrados Santiago Pedraz e Ismael Moreno, ambos de la Audiencia Nacional, instruyen las respectivas investigaciones y deberán determinar si existen elementos suficientes para atribuir responsabilidad penal al PSOE como persona jurídica.
Por ahora, el partido no está formalmente imputado en ninguna de estas dos investigaciones en los términos planteados por las acusaciones. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción ha reconocido la existencia de indicios en la causa de las cloacas, aunque considera que todavía deben practicarse diligencias antes de dar ese paso.
La cuestión que ahora adquiere protagonismo es qué información puede aportar Cerdán sobre el funcionamiento interno del partido, las decisiones de sus responsables y el posible uso de recursos de la organización para actividades investigadas judicialmente.
El juez Pedraz aplaza la imputación del PSOE a la espera de nuevas diligencias
La primera investigación está dirigida por el magistrado Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
En ella se investigan las presuntas actividades de una estructura vinculada a la exmilitante socialista Leire Díez, a la que se atribuyen maniobras destinadas a obtener información comprometedora sobre fiscales, mandos de la Guardia Civil y otras personas relacionadas con investigaciones que afectaban al PSOE.
La hipótesis judicial también examina si determinados recursos del partido pudieron utilizarse para facilitar estas actividades.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha elaborado informes sobre la presunta utilización de medios humanos, materiales y económicos relacionados con la estructura socialista.
Entre los aspectos que deben esclarecerse figuran:
- La posible utilización de instalaciones y recursos del PSOE para organizar reuniones.
- La contratación y el pago de profesionales relacionados con las actividades investigadas.
- La intervención de Santos Cerdán en la coordinación de las actuaciones.
- El posible conocimiento de otros responsables de la organización.
- La existencia de una eventual relación entre los recursos utilizados y los intereses del partido.
El 9 de octubre de 2026, el juez Pedraz rechazó la petición de la acusación popular, encabezada por el Partido Popular, para imputar inmediatamente al PSOE como persona jurídica.
El magistrado explicó que todavía no existía un principio de prueba suficiente para adoptar esa decisión, aunque dejó abierta la posibilidad de reconsiderarla una vez practicadas las diligencias pendientes.
En su resolución señaló que los hechos investigados podrían presentar, en abstracto, apariencia delictiva por parte del partido, pero que todavía era necesario acreditar razonablemente los elementos que permitirían atribuirle responsabilidad penal.
Entre las diligencias pendientes se encontraba precisamente la declaración de Santos Cerdán.
El magistrado también consideró necesario garantizar que el exsecretario de Organización pudiera declarar con conocimiento de los elementos esenciales de la investigación y con todas las garantías de defensa.
Anticorrupción aprecia indicios, pero considera prematura la imputación
La posición de la Fiscalía Anticorrupción constituye otro elemento importante de la investigación.
En su informe presentado ante Pedraz, el Ministerio Público reconoció que existían indicios que debían investigarse, pero consideró prematuro atribuir formalmente al PSOE la condición de persona jurídica investigada.
La Fiscalía defendió que primero debían completarse determinadas actuaciones, entre ellas las declaraciones de personas relacionadas con la presunta estructura y el análisis de los pagos efectuados.
Uno de los puntos más relevantes es la posible utilización de recursos económicos del partido para financiar actividades vinculadas a la investigación.
El informe fiscal considera que el empleo de fondos de una organización para satisfacer pagos relacionados con presuntas actividades delictivas constituye un elemento de especial relevancia para estudiar una eventual responsabilidad penal.
Sin embargo, para imputar a una organización no basta con acreditar que alguno de sus dirigentes o empleados pudo cometer un delito.
Es necesario determinar si concurren los requisitos legales para atribuir responsabilidad penal a la persona jurídica, incluida la posible actuación en su beneficio y las circunstancias relacionadas con sus mecanismos de control y supervisión.
Por eso, la declaración de Cerdán puede resultar importante para reconstruir quién tomó las decisiones, quién autorizó los pagos y qué conocimiento tenía la dirección socialista.
La Fiscalía también considera necesario investigar la intervención de otros responsables, entre ellos Leire Díez, Gaspar Zarrías y Juanma Serrano.
La segunda investigación: las sospechas sobre la financiación del PSOE
La segunda causa está dirigida por el magistrado Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.
Este procedimiento examina posibles irregularidades en la financiación del PSOE, incluidos los pagos en metálico realizados por la organización y las explicaciones ofrecidas sobre el origen y destino de determinados fondos.
La investigación se mantiene bajo secreto de sumario, por lo que todavía no se conocen públicamente todos sus elementos.
Uno de los asuntos que ha adquirido relevancia es el testimonio del empresario Víctor de Aldama, quien ha realizado declaraciones ante el juez sobre una supuesta financiación irregular de la formación socialista.
Según la información publicada por Libertad Digital, Aldama habría relacionado determinadas adjudicaciones de obra pública con aportaciones económicas destinadas al PSOE.
También habría denunciado una supuesta operación de financiación a través de cupos de petróleo de la compañía estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Estas afirmaciones forman parte de las declaraciones atribuidas al empresario y deberán ser contrastadas por los investigadores. No constituyen, por sí mismas, hechos judicialmente probados.
La investigación deberá determinar si existieron operaciones económicas irregulares, quiénes participaron en ellas, qué empresas intervinieron y si los fondos llegaron efectivamente a beneficiar al partido.
Los 250 millones de dólares de PDVSA: la acusación de Víctor de Aldama
Uno de los extremos más llamativos de las declaraciones de Aldama es su afirmación de que el régimen venezolano habría utilizado cupos de petróleo de PDVSA por un valor de 250 millones de dólares para financiar al PSOE y a la Internacional Socialista.
El empresario habría situado esta operación en el entorno de personas vinculadas al régimen de Nicolás Maduro y habría mencionado la participación de sociedades intermediarias para canalizar los movimientos económicos.
Según las informaciones difundidas por Libertad Digital, Aldama también habría relacionado la operación con José Luis Ábalos y José Luis Rodríguez Zapatero.
Se trata de acusaciones de enorme gravedad por sus posibles implicaciones políticas, económicas e internacionales.
Sin embargo, hay una distinción imprescindible: la existencia de un testimonio judicial no acredita automáticamente que los fondos llegaran a las organizaciones mencionadas ni que se produjera un delito de financiación ilegal.
Para verificar esa hipótesis será necesario reconstruir documentalmente:
- La procedencia de los supuestos derechos o cupos de petróleo.
- Las sociedades que habrían intervenido en las operaciones.
- Los contratos y movimientos bancarios relacionados.
- Los beneficiarios finales de las transacciones.
- La eventual llegada de dinero o recursos al PSOE o a la Internacional Socialista.
La investigación de Ismael Moreno deberá determinar si existen documentos, movimientos financieros y testimonios independientes que corroboren las manifestaciones del empresario.
La cifra de 250 millones de dólares, por su dimensión, exige un examen especialmente riguroso.
Los pagos en metálico del PSOE también están bajo investigación
La investigación sobre financiación irregular no se limita a las declaraciones de Aldama relacionadas con Venezuela.
La Audiencia Nacional también examina los pagos en efectivo realizados por el PSOE durante los años de la dirección de Pedro Sánchez.
El empresario declaró el 8 de julio de 2026 ante el juez Ismael Moreno en una pieza separada que permanece bajo secreto de sumario.
Según la información difundida por RTVE, la investigación analiza pagos en metálico realizados por el partido entre 2017 y 2024 y posibles delitos de blanqueo y financiación ilegal.
La Guardia Civil también ha intervenido en las pesquisas relacionadas con la documentación económica y los movimientos de dinero.
El objetivo es comprobar si los pagos respondían a gastos legítimos, si estaban correctamente justificados y si existieron operaciones destinadas a ocultar el verdadero origen o destino de determinados fondos.
En este contexto, la documentación contable del partido y las declaraciones de sus responsables adquieren especial importancia.
La investigación tendrá que determinar si existieron irregularidades administrativas, infracciones de la normativa sobre financiación de partidos o conductas que pudieran tener relevancia penal.
Santos Cerdán pasó casi cinco meses en prisión provisional
La situación judicial del antiguo secretario de Organización socialista no parte de cero.
Cerdán permaneció en prisión provisional desde finales de junio hasta el 19 de noviembre de 2025 por su presunta implicación en la trama de adjudicaciones de obra pública relacionada con el caso Koldo.
El procedimiento investigaba posibles delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.
La investigación inicial estuvo dirigida por el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, debido a la condición de aforado de algunos de los implicados.
Posteriormente, tras la renuncia de José Luis Ábalos a su escaño en el Congreso, parte del procedimiento pasó a la Audiencia Nacional, bajo la dirección de Ismael Moreno.
La prisión provisional de Cerdán fue una medida cautelar adoptada durante la instrucción, no una condena.
Su trayectoria política, sin embargo, quedó profundamente afectada por el escándalo.
Había sido uno de los principales responsables de la estructura orgánica del PSOE y desempeñó un papel relevante en la organización interna del partido durante los años de liderazgo de Sánchez.
Su posición dentro de la formación hace que sus explicaciones puedan resultar relevantes para determinar el alcance de las responsabilidades individuales y, en su caso, organizativas.
¿Puede el PSOE acabar imputado como persona jurídica?
La posibilidad de que un partido político sea investigado penalmente como organización está contemplada en el ordenamiento jurídico español.
El artículo 31 bis del Código Penal regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas y establece los requisitos para atribuirles determinados delitos cometidos en su nombre o por su cuenta y en su beneficio directo o indirecto.
En el caso de los partidos políticos, la investigación debe examinar si concurren las condiciones legales para esa responsabilidad.
No es suficiente que un dirigente esté investigado o que un trabajador haya participado presuntamente en una actividad ilícita.
Los tribunales deben analizar, entre otros aspectos, si los hechos beneficiaron a la organización y si existieron deficiencias relevantes en sus mecanismos de prevención, supervisión y control.
En las investigaciones que afectan al PSOE, precisamente, uno de los interrogantes fundamentales es si determinados recursos de la estructura socialista se utilizaron para actividades ajenas a los fines legítimos de la organización.
También deberá establecerse si las actuaciones fueron decisiones individuales o si existió conocimiento, autorización o participación de otros responsables.
La declaración de Cerdán podría contribuir a aclarar estas cuestiones, aunque no determina por sí misma que el partido vaya a ser imputado.
Pedro Sánchez y las responsabilidades dentro de la estructura socialista
La dimensión política del caso también afecta a Pedro Sánchez, que ha dirigido el PSOE durante el periodo en el que se desarrollan algunos de los hechos investigados.
La relación política entre Sánchez y Cerdán hace especialmente relevante conocer cómo funcionaba la estructura de Organización y qué mecanismos de supervisión existían.
No obstante, la responsabilidad política de una dirección y la responsabilidad penal individual son cuestiones diferentes.
La investigación judicial debe acreditar la participación concreta de cada persona y no puede extender automáticamente las sospechas sobre un dirigente al conjunto de la organización o a otros miembros de su dirección.
El PSOE, por su parte, tiene derecho a defenderse y a aportar la documentación que considere pertinente.
La cuestión de fondo es si los mecanismos internos del partido permitieron detectar y evitar posibles irregularidades o si determinados recursos pudieron emplearse sin los controles necesarios.
Dos investigaciones y una declaración pendiente
La declaración de Santos Cerdán concentra buena parte de la atención porque las dos investigaciones pueden necesitar información sobre el funcionamiento interno del PSOE, sus responsables y la gestión de determinados recursos.
Sin embargo, conviene no confundir ambos procedimientos.
El caso de las cloacas, dirigido por Santiago Pedraz, investiga presuntas maniobras para interferir en investigaciones judiciales y la posible utilización de medios del partido.
La causa sobre financiación, dirigida por Ismael Moreno, examina posibles irregularidades en los flujos económicos y en los pagos realizados por la organización.
Aunque existen personas y elementos que aparecen relacionados con ambas investigaciones, cada procedimiento tiene su propio objeto y sus propias exigencias probatorias.
La declaración del exsecretario de Organización puede aportar información relevante, pero los jueces deberán valorar sus manifestaciones junto con los informes de la UCO, la documentación intervenida, los testimonios y las pruebas económicas.
El PSOE no está condenado ni imputado actualmente como persona jurídica en estas dos causas. La posibilidad de que esa situación cambie dependerá de las diligencias pendientes y de las resoluciones que adopten los magistrados.
Lo que sí está en juego es el esclarecimiento de una serie de hechos que afectan a la transparencia de los partidos políticos y a la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
La pregunta que deberá responder la Justicia es tan sencilla como trascendente: ¿fueron actuaciones individuales de antiguos responsables socialistas o existió una utilización de la estructura del partido que pueda generar responsabilidad penal para la propia organización?
La respuesta dependerá de las pruebas. Y la declaración de Santos Cerdán puede ser uno de los elementos determinantes para conocerla.
Toqueteo
Toqueteo
Toqueteo