Un estudio de la Universidad de Málaga analiza a 647 personas sin hogar y alerta del aumento de quienes acumulan más de una década sin alojamiento.
La exclusión social más extrema deja una huella difícil de revertir en Málaga. Al menos 117 personas analizadas por la Universidad de Málaga llevan más de diez años sin hogar, una cifra que representa el 18,1 % de la muestra y que pone el foco en uno de los mayores desafíos sociales de la ciudad: evitar que vivir en la calle se convierta en una situación permanente.
El informe también refleja un aumento de las personas que duermen directamente en la vía pública, dificultades económicas como principal causa de pérdida del alojamiento y una realidad marcada por la precariedad laboral, la falta de documentación y la discriminación. Los datos obligan a examinar no solo la dimensión del problema, sino también la capacidad de las administraciones para ofrecer soluciones estables.
La Universidad de Málaga alerta del sinhogarismo cronificado
El estudio Personas sin hogar en la ciudad de Málaga: situación y evolución 2024-2026, elaborado por la Cátedra de Inclusión Social de la Universidad de Málaga, analiza la situación de 647 personas sin hogar. El trabajo cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga y de diferentes entidades que atienden a esta población.
La investigación compara sus resultados con los de un estudio anterior, publicado en 2024 y basado en 512 personas entrevistadas. La comparación permite observar cambios en el perfil de quienes carecen de una vivienda y en la distribución entre quienes viven en la calle y quienes encuentran alojamiento en centros de atención.
Uno de los datos más relevantes es el aumento del peso de las personas que llevan más de una década sin hogar. En 2026 representan el 18,1 % de la población estudiada, cerca de diez puntos porcentuales más que en la investigación precedente.
El tiempo medio sin hogar, sin embargo, ha descendido de 3,83 años en 2024 a 3,44 años en 2026. Ambos indicadores apuntan en direcciones diferentes: mientras la media general baja, aumenta la proporción de personas que llevan periodos extraordinariamente prolongados en esta situación.
Esta diferencia es importante. La media puede reducirse si entran en la muestra personas que llevan menos tiempo sin alojamiento, aunque siga creciendo el grupo que acumula más de diez años de exclusión. Por eso, el porcentaje de casos cronificados aporta una perspectiva que el promedio, por sí solo, no ofrece.
Conviene precisar que el informe estudia a personas identificadas y entrevistadas, no a la totalidad de la población sin hogar de Málaga. Sus cifras describen la muestra analizada y no deben interpretarse automáticamente como un censo completo de todas las personas que atraviesan esta situación en la ciudad.
Más de 300 personas viven directamente en la calle
La distribución de las 647 personas estudiadas muestra que una parte considerable permanece sin alojamiento en la vía pública, mientras que otras reciben atención residencial.
Los datos principales son los siguientes:
- 302 personas, el 46,7 % del total, se encuentran en situación de calle.
- 345 personas, el 53,3 %, están alojadas en centros de atención.
- El Albergue Municipal acoge a 92 personas, equivalentes al 14,2 % de toda la muestra y a más de una cuarta parte de quienes están alojados en centros.
El resto de las personas atendidas se distribuye entre recursos como Cáritas Pozos Dulce, San Juan de Dios, Cáritas Calor y Café e Inserta Andalucía.
La comparación con 2024 refleja un incremento del 63,24 % en el número de personas en situación de calle, según las cifras recogidas en el estudio. En cambio, el número de personas alojadas en centros ha pasado de 327 a 345, un aumento mucho más moderado.
Esta diferencia plantea una cuestión central para la política social municipal: ¿están creciendo los recursos de alojamiento al mismo ritmo que las necesidades detectadas?
Los datos no permiten atribuir el aumento a una única causa ni demuestran por sí solos que la oferta de plazas sea insuficiente. Sí muestran, no obstante, que la atención residencial y la intervención en la calle son dos ámbitos que requieren seguimiento específico.
Disponer de una plaza de alojamiento puede reducir la exposición inmediata a los peligros de dormir al raso, pero no equivale necesariamente a recuperar una vivienda independiente. La salida duradera del sinhogarismo también depende de los ingresos, el acceso al empleo, la situación administrativa, la salud y la disponibilidad de alternativas residenciales asequibles.
Hombres, mujeres y una edad media de casi 44 años
El perfil de la población analizada es mayoritariamente masculino. Los hombres representan el 81,3 % de la muestra, frente a un 15,9 % de mujeres. Los porcentajes restantes corresponden a otras respuestas o situaciones no detalladas en la información publicada.
La diferencia también aparece al separar a las personas según su lugar de alojamiento. Los hombres constituyen el 84,1 % de quienes viven en la calle y el 78,8 % de quienes permanecen en centros.
Entre las mujeres, el patrón es distinto: representan el 10,9 % de las personas en situación de calle y el 19,7 % de las alojadas en centros. La mayor presencia relativa en estos recursos apunta a la importancia de contar con espacios de atención adaptados a sus circunstancias, aunque el estudio, por sí solo, no permite establecer las razones de esa distribución.
La edad media de las personas analizadas se sitúa en 43,8 años, dentro de un intervalo que va de los 18 a los 81 años. En el caso de los hombres, la media es de 42,9 años. Las mujeres presentan una edad media cercana a los 49 años.
Estos datos desmontan la idea de que el sinhogarismo afecta únicamente a personas jóvenes o a quienes se encuentran al final de su vida laboral. La muestra incluye adultos de edades muy diversas, muchos de ellos en una etapa en la que las dificultades de vivienda pueden comprometer su estabilidad económica y sus posibilidades de reconstruir un proyecto de vida.
La edad también importa cuando la situación se prolonga durante años. Una persona que lleva una década sin alojamiento puede haber acumulado problemas de salud, pérdida de vínculos sociales y dificultades para reincorporarse al mercado laboral. Cuanto más se alarga la exclusión, más necesario resulta combinar la respuesta inmediata con itinerarios de recuperación a largo plazo.
La procedencia: España y Marruecos concentran buena parte de la muestra
La investigación recoge una diversidad de procedencias entre las personas sin hogar estudiadas en Málaga.
Europa representa el 50 % del total. Dentro de ese grupo, el 37,7 % corresponde a personas españolas y el 12,3 % a ciudadanos de otros países europeos. África supone el 41,5 %, mientras que América alcanza el 6,6 % y Asia, el 1,5 %.
Entre las personas extranjeras, Marruecos es el país con mayor presencia, con 137 personas incluidas en la muestra.
Estas cifras describen el origen de las personas entrevistadas, pero no demuestran que la nacionalidad sea una causa del sinhogarismo. Para explicar las diferencias entre grupos sería necesario analizar, entre otros factores, la situación laboral, los ingresos, el acceso a una vivienda, las redes familiares y las dificultades administrativas.
El propio estudio identifica la falta de documentación como uno de los factores asociados a la pérdida del alojamiento. Esta circunstancia puede complicar el acceso al empleo formal y a determinados recursos, especialmente cuando no existe una red familiar o social que pueda ofrecer apoyo.
La respuesta institucional requiere, por tanto, distinguir entre las necesidades comunes a todas las personas sin hogar y las barreras específicas que afrontan determinados colectivos. La procedencia aporta información relevante para planificar los servicios, pero no sustituye al análisis de las circunstancias individuales.
La falta de dinero, principal causa declarada de quedarse sin hogar
Las dificultades económicas aparecen como el principal factor señalado por las personas encuestadas para explicar su situación.
Según el informe, el 40,5 % identifica los problemas económicos como motivo para acabar sin alojamiento. El 24,7 % apunta a dificultades laborales y el 21,3 % menciona la falta de documentación.
Los porcentajes reflejan las causas declaradas por los participantes y no deben entenderse necesariamente como factores excluyentes: una misma persona puede haber sufrido varias dificultades a lo largo de su trayectoria.
La combinación de ingresos insuficientes, inestabilidad laboral y problemas administrativos puede convertirse en una cadena difícil de romper. Perder el empleo reduce la capacidad para pagar una habitación; quedarse sin alojamiento complica mantener una rutina laboral; y carecer de documentación puede dificultar la regularización de la situación o el acceso a determinadas oportunidades.
El resultado es una espiral de vulnerabilidad que no se resuelve únicamente con una intervención puntual. Las ayudas de emergencia pueden cubrir necesidades inmediatas, pero la salida estable exige abordar los obstáculos que impiden recuperar ingresos y acceder a una vivienda.
El informe sitúa precisamente la vivienda o una habitación como la principal necesidad expresada por las personas encuestadas. El empleo aparece en segundo lugar y la regularización de la documentación, después.
La prioridad manifestada por los participantes es clara: disponer de un lugar donde vivir. Sin embargo, conseguirlo requiere más que encontrar una plaza temporal. La estabilidad depende de que la solución sea económicamente sostenible y compatible con los ingresos reales de cada persona.
Casi tres de cada diez tienen trabajo o actividad remunerada
La ausencia de vivienda no significa necesariamente que una persona carezca de toda actividad laboral. El estudio refleja que parte de quienes atraviesan esta situación obtiene ingresos, aunque eso no implica que disponga de recursos suficientes para acceder a un alojamiento estable.
Entre las 492 personas con información laboral válida, el 29,5 % declara que trabaja en el momento de la encuesta. Otro 57,5 % afirma haber trabajado anteriormente, pero no tener empleo en ese momento. El 13 % asegura no haber trabajado nunca.
La hostelería y la construcción destacan entre los sectores en los que han trabajado los participantes. También aparecen actividades relacionadas con la limpieza, el trabajo rural, el transporte y los cuidados.
Los datos evidencian una realidad que suele quedar fuera de las imágenes más habituales del sinhogarismo: tener experiencia laboral o realizar trabajos remunerados no garantiza poder pagar una vivienda.
La precariedad, los periodos sin empleo y la irregularidad de los ingresos pueden impedir que una persona mantenga una habitación o supere las condiciones exigidas para acceder a un alquiler. En otros casos, la falta de alojamiento dificulta la búsqueda de empleo y la conservación de una actividad profesional.
Por eso, las políticas de inserción laboral y las de vivienda no deberían funcionar como compartimentos aislados. La formación y el empleo pueden mejorar los ingresos, pero su eficacia se reduce si la persona continúa expuesta a la inseguridad de dormir en la calle.
El nivel educativo también influye en las oportunidades de salida
El informe recoge distintos niveles de formación entre las personas sin hogar de Málaga. Casi la mitad de la muestra, el 46,2 %, tiene estudios primarios. Tres de cada diez cuentan con estudios secundarios y el 18 % declara no tener estudios.
La formación universitaria representa el 4,1 % de las personas analizadas.
El estudio señala, además, que las personas alojadas en centros presentan un nivel educativo superior al de quienes viven en la calle. Este resultado describe una diferencia entre ambos grupos, pero no permite concluir que la formación sea la causa directa de estar alojado en un recurso residencial.
El nivel educativo puede influir en las oportunidades laborales, pero no determina por sí solo la posibilidad de mantener una vivienda. También intervienen los ingresos, la estabilidad del empleo, las circunstancias personales y las barreras de acceso al mercado residencial.
Los datos refuerzan la necesidad de diseñar programas de inserción adaptados a distintos perfiles. Algunas personas pueden necesitar formación básica o acompañamiento para incorporarse al mercado laboral; otras cuentan con experiencia y conocimientos profesionales, pero afrontan obstáculos económicos o administrativos que les impiden recuperar su autonomía.
Una respuesta eficaz no puede partir de la idea de que todas las personas sin hogar tienen las mismas necesidades ni de que existe una única vía para salir de la exclusión.
Las entidades sociales sostienen buena parte de la atención
Más de la mitad de las personas encuestadas afirma haber recibido ayuda del tercer sector, integrado por organizaciones sociales y entidades sin ánimo de lucro. En el caso de los Servicios Sociales, el porcentaje que declara haber recibido asistencia se sitúa en el 27,1 %.
El dato muestra el papel que desempeñan las organizaciones sociales en la atención a las personas sin hogar. Los recursos de alojamiento, la distribución de alimentos, el acompañamiento y la intervención social pueden cubrir necesidades que, de otro modo, quedarían desatendidas.
Sin embargo, recibir ayuda no significa haber superado la situación de exclusión. Una persona puede acudir a una entidad durante años y continuar sin acceso a una vivienda permanente.
Por ello, resulta importante diferenciar entre la asistencia inmediata y los resultados a largo plazo. La primera permite responder a las necesidades urgentes; la segunda debe medirse por la capacidad de facilitar alojamiento estable, ingresos suficientes y una recuperación progresiva de la autonomía.
El estudio no ofrece en los datos publicados una evaluación completa del coste, la eficacia o los resultados de cada programa. Por tanto, no permite determinar qué recurso consigue mejores resultados ni qué proporción de usuarios logra abandonar de forma definitiva el sinhogarismo.
Esa información sería relevante para evaluar las políticas públicas y orientar los recursos hacia las intervenciones que mejor funcionen.
El aislamiento social: un 34 % ha perdido el contacto con su familia
La falta de vivienda suele ir acompañada de una pérdida progresiva de vínculos personales. Aun así, el estudio muestra que el 66 % de las personas encuestadas mantiene contacto con algún familiar.
El contacto es más frecuente entre quienes se encuentran alojados en un centro. En el extremo contrario, el 34 % afirma haber perdido la relación con su familia.
La ruptura de esos vínculos puede dificultar la recuperación. La familia y las amistades pueden proporcionar apoyo emocional, ayuda material o una red de confianza para afrontar una emergencia. Cuando esa red desaparece, la persona puede depender en mayor medida de los recursos asistenciales.
No obstante, mantener contacto con familiares tampoco implica disponer de apoyo económico o de una alternativa residencial. Las relaciones pueden existir sin que sea posible ofrecer alojamiento, por falta de espacio, recursos o por conflictos previos.
La intervención social debe tener en cuenta estas diferencias y evitar dar por hecho que todas las personas cuentan con una red familiar disponible.
El estudio recoge asimismo que el 8,6 % está acompañado de un animal, generalmente un perro, mientras que el 56,2 % lleva bolsas, paquetes u otras pertenencias.
Estos elementos pueden condicionar el acceso a determinados alojamientos y servicios. La atención debe contemplar, cuando sea posible, soluciones que permitan proteger las pertenencias personales y atender las necesidades de quienes conviven con animales.
La discriminación y los robos agravan la vulnerabilidad
Vivir sin hogar también expone a las personas a situaciones de rechazo, inseguridad y violencia.
Según el estudio, casi el 75 % de los participantes afirma haberse sentido discriminado por su situación. Solo una de cada cuatro personas asegura no haber experimentado nunca esa forma de trato.
La discriminación puede dificultar el acceso al empleo, a una vivienda y a los servicios ordinarios. También puede contribuir al aislamiento y al deterioro de la confianza en las instituciones o en el entorno social.
Otro dato preocupante es que el 56,5 % declara haber sufrido el robo de dinero, documentación u otras pertenencias. Para alguien que vive en la calle, perder documentos, un teléfono o el poco dinero disponible puede tener consecuencias inmediatas: dificulta realizar gestiones, conservar el contacto con los servicios sociales y cubrir necesidades básicas.
El informe también refleja diferencias en la exposición a la violencia según el sexo. Las mujeres aparecen especialmente afectadas por las agresiones, incluidas las de carácter sexual: el 21,1 % de las mujeres analizadas declara haber sufrido este tipo de violencia, según los datos publicados.
La cifra subraya la necesidad de contar con recursos seguros y protocolos de atención adaptados a las mujeres sin hogar, especialmente cuando existen antecedentes de violencia o riesgo de nuevas agresiones.
La protección no debería limitarse a ofrecer un lugar donde pasar la noche. También exige facilitar vías para denunciar, recibir atención especializada y acceder a un alojamiento en condiciones de seguridad.
Qué dicen los datos sobre la respuesta de Málaga
El estudio de la Universidad de Málaga dibuja un problema con varias dimensiones: aumenta el número de personas de la muestra que viven directamente en la calle, una parte importante lleva más de diez años sin hogar y las dificultades económicas figuran como la principal causa declarada.
Al mismo tiempo, las cifras muestran que no todas las personas afectadas tienen el mismo perfil. Hay hombres y mujeres de edades diferentes, personas con estudios y experiencia laboral, ciudadanos españoles y extranjeros, y participantes que mantienen vínculos familiares junto a otros que los han perdido.
Esa diversidad obliga a evitar soluciones únicas. Los recursos de emergencia son esenciales, pero deben complementarse con programas que faciliten el acceso a una vivienda, la recuperación de ingresos, la atención a los problemas administrativos y la protección frente a la violencia.
También resulta necesario medir los resultados. Para evaluar si las políticas funcionan, no basta con contar las plazas disponibles o las ayudas distribuidas: es importante conocer cuántas personas consiguen acceder a un alojamiento estable, cuánto tiempo permanecen en él y cuántas vuelven a quedarse sin hogar.
La investigación publicada ofrece una fotografía relevante de las personas analizadas, aunque no constituye por sí misma una auditoría de la actuación municipal ni permite atribuir responsabilidades concretas por la evolución de las cifras.
La cuestión de fondo es si la respuesta institucional consigue transformar la atención de emergencia en una salida duradera de la exclusión.
El reto: evitar que vivir en la calle se convierta en una condena permanente
Las 117 personas que llevan más de diez años sin hogar representan el dato más contundente del estudio. Su situación refleja hasta qué punto puede prolongarse la exclusión cuando no se consigue recuperar una vivienda y una fuente estable de ingresos.
La reducción del tiempo medio sin hogar no elimina esa preocupación. El aumento del porcentaje de personas que superan la década en esta situación muestra que los promedios deben analizarse junto con la duración de los casos más graves.
Málaga dispone de una red de atención formada por recursos municipales y entidades sociales, pero la dimensión del problema exige evaluar si esa red facilita salidas estables, además de atender las urgencias cotidianas.
La vivienda, el empleo, la documentación y la protección frente a la violencia aparecen como necesidades conectadas. Si una de ellas queda sin resolver, la recuperación puede resultar mucho más difícil.
El informe de la Universidad de Málaga no ofrece una solución única, pero sí plantea una pregunta que las administraciones y las entidades sociales deben afrontar con datos: ¿qué está impidiendo que una parte de las personas sin hogar abandone definitivamente la calle y qué medidas pueden evitar que esa situación se prolongue durante décadas?
Chollones
Chollones
Chollones