La batalla política por la inmigración y la nacionalidad española vuelve a subir de intensidad. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha respondido con dureza a las críticas del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien acusó al Gobierno de utilizar la Ley de Memoria Democrática y los procesos extraordinarios de regularización de inmigrantes como herramientas de «ingeniería electoral».
Desde Moncloa califican esas declaraciones de una «gravedad e irresponsabilidad máximas», mientras la oposición insiste en que el Ejecutivo está ampliando el censo electoral con fines políticos.
El Gobierno acusa al PP de generar «odio y desinformación»
Tras el Consejo de Ministros extraordinario, la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, arremetió contra el presidente del PP asegurando que sus declaraciones responden a la «desesperación y frustración» de quien, según dijo, «carece de un proyecto político para España».
Saiz defendió la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como Ley de Nietos, recordando que 2,5 millones de descendientes de españoles exiliados han solicitado la nacionalidad española desde la entrada en vigor de la norma.
Según los datos facilitados por el Ejecutivo:
- 2,5 millones de solicitudes registradas.
- Más de 545 000 expedientes aprobados.
- Más de 306 000 nacionalidades ya inscritas oficialmente.
La portavoz insistió en que la ley responde a un criterio de «reparación histórica y justicia» hacia los descendientes de quienes abandonaron España durante la Guerra Civil y la dictadura.
Feijóo denuncia una «ingeniería electoral»
La polémica estalló después de que Alberto Núñez Feijóo denunciara que el Gobierno estaría «fabricando votantes» mediante la concesión masiva de nacionalidades y los procesos extraordinarios de regularización de inmigrantes.
El líder popular considera que estas medidas podrían tener un impacto directo sobre futuros procesos electorales y ha reclamado una revisión de la política migratoria y de los mecanismos de acceso a la nacionalidad española.
Desde el PSOE, la portavoz Montse Mínguez respondió asegurando que el discurso del PP se acerca cada vez más al de Vox.
«A veces no sabemos si es Feijóo quien copia a Abascal o Abascal quien copia a Feijóo», afirmó.
El Gobierno defiende también la regularización extraordinaria
El Ejecutivo aprovechó la comparecencia para defender el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes, una medida que el Ministerio de Inclusión presentará oficialmente durante los próximos días.
Elma Saiz aseguró que la iniciativa está siendo un «éxito» y acusó nuevamente al Partido Popular de utilizar un discurso basado en el miedo y la desinformación.
La ministra insistió en que España necesita políticas migratorias que respondan tanto a criterios humanitarios como a las necesidades del mercado laboral.
Sumar pide aprovechar la recta final de la legislatura
Mientras tanto, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, evitó entrar en la polémica interna del PSOE, aunque sí advirtió que la coalición afronta la «recta final de la legislatura».
Desde Luxemburgo, donde participa en una reunión de ministros europeos de Empleo, reclamó al socio mayoritario del Gobierno que acelere la agenda social y apruebe medidas pendientes, especialmente en materia de vivienda.
Entre los compromisos anunciados figura un nuevo paquete de medidas que incluirá:
- Prórroga de los contratos de alquiler.
- Nuevas iniciativas para facilitar el acceso a la vivienda.
- Mantenimiento de parte del denominado escudo social.
Los socios reclaman más medidas
Aunque ERC ha valorado positivamente la prórroga de diversas ayudas económicas, considera que el decreto presentado por el Gobierno resulta insuficiente.
Los republicanos reclaman nuevas medidas de fiscalidad verde, entre ellas gravámenes sobre el queroseno utilizado por la aviación y una mayor apuesta por el autoconsumo energético.
Por su parte, Junts continúa marcando distancias con el Ejecutivo.
Su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, calificó de «ciencia ficción» la posibilidad de aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado mientras, según denunció, siguen pendientes compromisos económicos con Cataluña.
Además, volvió a plantear públicamente la necesidad de que Pedro Sánchez dé un paso atrás y permita que otro dirigente socialista asuma la Presidencia del Gobierno, siguiendo modelos similares a los aplicados recientemente en otros países europeos.
Podemos endurece sus críticas a Sánchez
Desde Podemos también aumentó la presión sobre el presidente del Gobierno.
Su portavoz, Pablo Fernández, acusó a Pedro Sánchez de no haber asumido responsabilidades políticas tras las condenas e investigaciones que afectan a antiguos dirigentes socialistas como José Luis Ábalos, Santos Cerdán y el denominado caso Leire Díez.
Fernández calificó de «indefendible» la respuesta ofrecida por el presidente durante el último Comité Federal del PSOE y aseguró que el Ejecutivo continúa evitando afrontar el desgaste provocado por los distintos casos judiciales.
La confrontación política sigue creciendo
El enfrentamiento entre Gobierno y oposición vuelve a situar la inmigración, la concesión de nacionalidades y la Ley de Memoria Democrática en el centro del debate político.
Mientras el Ejecutivo defiende que se trata de medidas de justicia histórica y de integración, la oposición sostiene que estas decisiones pueden tener consecuencias políticas y electorales de gran alcance.
Con la legislatura entrando en su tramo decisivo y las tensiones entre los socios del Gobierno aumentando, el debate sobre inmigración, nacionalidad y estabilidad parlamentaria promete seguir ocupando un lugar central en la agenda política española durante los próximos meses.
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