Un correo interno del Departamento de Defensa estadounidense plantea castigos diplomáticos contra aliados europeos que cierren sus bases a operaciones ofensivas, abriendo una grieta sin precedentes en la Alianza Atlántica.
Según ha revelado Reuters, un correo interno del Pentágono, que circula en altos niveles del Departamento de Defensa estadounidense, plantea castigar a varios miembros de la OTAN que, a juicio de Washington, no respaldaron sus operaciones en la guerra contra Irán. El documento, redactado por Elbridge Colby, principal asesor de política del Pentágono, expresa frustración ante la negativa de algunos aliados a conceder acceso a bases, espacio aéreo y derechos de sobrevuelo (conocido como ABO en jerga militar) para la guerra contra Irán. La amenaza es de calado: el documento incluye la posible suspensión de España de la Alianza y la revisión de la posición estadounidense sobre la soberanía británica sobre las Malvinas, una apuesta geopolítica que trasciende los conflictos inmediatos y expone tensiones profundas sobre la naturaleza del compromiso atlántico.
El origen del conflicto: una visión incompatible de la legitimidad
La crisis actual no emerge de la nada. El Gobierno de Pedro Sánchez fue uno de los primeros en dejar clara su negativa a permitir el uso de instalaciones militares españolas para operaciones ofensivas contra Irán. En marzo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, confirmaron públicamente que ni las bases de Rota y Morón estaban autorizadas, ni se permitía el uso del espacio aéreo español para acciones relacionadas con la guerra contra Irán.
Esta posición refleja una línea jurídica clara que ha caracterizado al Gobierno español desde el inicio de las hostilidades: mientras Washington y Tel Aviv argumentaban legítima defensa, Madrid enfatizaba el cumplimiento del derecho internacional. Sánchez ha criticado repetidamente la operación contra Irán como «ilegal», una calificación que, aunque controvertida en Washington, conecta con la preocupación europea sobre un expansionismo estadounidense percibido como desapegado de los marcos multilaterales.
El conflicto, sin embargo, venía fraguándose desde meses atrás. Donald Trump ha señalado reiteradamente a España por su bajo gasto en defensa y su resistencia a los objetivos marcados dentro de la OTAN. La guerra con Irán ha actuado como catalizador de una fricción más profunda sobre el modelo de alianza que Trump aspira a construir.
Las medidas contenidas en el memorando: presión política de alto impacto
El correo del Pentágono, según explicó un oficial estadounidense, contiene opciones que circularían en altos niveles del Departamento de Defensa. Aunque formal, la amenaza de suspensión carece de base legal en los tratados fundacionales. Oficiales de la OTAN han confirmado que la Alianza carece de mecanismo legal alguno para suspender o expulsar a estados miembros. El marco legal de los tratados no proporciona mecanismo para la expulsión o suspensión de un estado miembro.
Sin embargo, el Pentágono no se limita a lo imposible jurídicamente. Una de las opciones contempladas en el correo envisionaba suspender a países «difíciles» de puestos importantes o prestigiosos dentro de la OTAN. También se contempla revisar apoyos diplomáticos estadounidenses a posiciones europeas sensibles, como ocurre con las Malvinas, donde el presidente argentino de extrema derecha, Javier Milei, aliado cercano de Trump, expresó optimismo ante la posible reconsideración estadounidense de la soberanía de las islas.
Lo que distingue estas amenazas no es su viabilidad jurídica, sino su valor simbólico. El Pentágono busca enviar un mensaje claro a los aliados europeos: la seguridad colectiva tiene un precio medible en cooperación militar inmediata.
La respuesta española: legalidad frente a presión
Sánchez respondió con contundencia: «No trabajamos con correos. Trabajamos con documentos oficiales y posiciones del Gobierno de Estados Unidos». La respuesta es diplomáticamente inteligente: descredibiliza el mensaje al negar su formalidad, mientras reafirma la posición española basada en derecho internacional.
Reafirmando la oposición de España a la guerra contra Irán, que ha descrito repetidamente como «ilegal», Sánchez añadió: «La posición del Gobierno de España es clara: colaboración absoluta con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional». Esta formulación contiene un mensaje implícito de considerable peso: España no se opone a la cooperación con Estados Unidos por capricho, sino por principio institucional.
El Gobierno no ha cerrado completamente las puertas. Madrid ha cerrado su espacio aéreo a todos los aviones estadounidenses implicados en la guerra, lo que sugiere que una reinterpretación de la legalidad de la operación podría cambiar el cálculo político español. Pero la línea roja permanece: España no facilitará operaciones que considere en violación del derecho internacional.
Trump eleva el tono: la lógica de la transacción
La dureza de la amenaza presidencial trasciende el correo del Pentágono. Trump amenazó con cortar todo trato comercial con España en marzo, afirmando que «España ha sido un aliado terrible» e indicando que ordenó al Secretario del Tesoro «cortar toda relación con España». Las amenazas comerciales añaden dimensión material a lo que de otro modo sería un choque meramente diplomático.
Esta lógica responde a la visión transaccional de Trump sobre las alianzas: los compromisos no son vinculantes porque se funden en una arquitectura de seguridad colectiva, sino porque cada actor extrae un beneficio material. Europa, desde esta óptica, se ha acomodado bajo el paraguas estadounidense, ejerciendo lo que el Pentágono denomina un «sentido de derecho adquirido».
El presidente estadounidense ha llegado a plantear incluso la posibilidad de abandonar la OTAN. Aunque no con intención explícita de hacerlo, estas amenazas repercuten significativamente en la cohesión de la Alianza.
El dilema institucional: la OTAN sin mecanismos de castigo
Una paradoja subyace a toda esta crisis: NATO ha confirmado oficialmente que el Tratado Fundador «no prevé disposición alguna para la suspensión de la adhesión a la OTAN, o la expulsión». El único mecanismo existe para la salida voluntaria de un país, regulado por el Artículo 13 del Tratado, que requiere que un país notifique su intención al Gobierno de los Estados Unidos y espere un año antes de ser desvinculado.
Esta ausencia de mecanismos de castigo formal no es accidental. Refleja la naturaleza consensual de la Alianza: el Tratado de la Atlántica Nord se fundamenta en la defensa colectiva voluntaria, no en la coerción. Aunque no existe una «suspensión» formal, podrían construirse formas de suspensión «de facto» políticamente, mediante el aislamiento político dentro del Consejo del Atlántico Norte o la limitación de participación en operaciones conjuntas.
El Pentágono, al plantear estas opciones, opera en un espacio gris: presión política sin base legal. Esto genera una vulnerabilidad institucional considerable: la OTAN carece de herramientas legales para disciplinar a miembros que incumplen expectativas estadounidenses, más allá de la persuasión diplomática.
Las consecuencias esperables: una alianza redefinida
Las dos instalaciones estadounidenses en territorio español —Rota (que alberga el depósito más grande de armas y combustible de Europa y sirve como punto de partida para aviones de transporte, petroleros y bombarderos hacia África y Oriente Próximo) y Morón— son críticas para las operaciones estadounidenses en el flanco sur de Europa y el Mediterráneo.
Esto significa que una retirada real estadounidense, más allá de las amenazas, sería costosa para ambas partes. Para España, significaría pérdida de influencia estratégica y, presumiblemente, impacto económico. Para Estados Unidos, representaría una complicación logística significativa en sus operaciones mediterráneas.
Sin embargo, la mera insinuación de estas consecuencias está provocando efectos de importancia. En Polonia, el primer ministro Donald Tusk ha cuestionado públicamente si Estados Unidos será «leal» a su compromiso con la OTAN y defenderá Europa en caso de ataque ruso. Esta erosión de confianza en la garantía estadounidense es acaso el daño más profundo de esta crisis.
La opinión de El Vértice
La amenaza del Pentágono a España expone una fractura fundamental en la concepción occidental de la alianza atlántica. Para Washington bajo Trump, la OTAN es un instrumento transaccional: los miembros «pagan» (con acceso a bases, militares desplegados, participación en operaciones) a cambio de seguridad. Para España —y para buena parte de Europa— la OTAN es una institución basada en principios de derecho internacional y legitimidad colectiva.
Aquí no se trata meramente de gastos en defensa o números de marineros desplegados. Se trata de si una democracia occidental puede mantener límites legales a sus compromisos militares sin ser castigada con amenazas comerciales o aislamiento diplomático. La respuesta de Sánchez al apelar al derecho internacional es correcta institucionalmente, aunque políticamente frágil: Washington tiene herramientas económicas más concretas que el Derecho Internacional para presionar.
España tiene razón en insistir que la legalidad internacional debe mediar en estos compromisos. Pero también tiene la obligación de explicar con claridad por qué considera «ilegal» una operación militar autorizada por uno de los principales actores de Occidente. Apelar a marcos legales sin articularlos públicamente equivale a refugiarse en la formalidad.
La crisis de la OTAN no es, en realidad, una crisis de defensa. Es una crisis sobre qué tipo de Occidente queremos construir: uno basado en transacciones de poder o uno fundado en instituciones multilaterales. España ha elegido el segundo camino. Ahora debe defender esa elección con argumentos tan sólidos como sus límites institucionales.
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