El Supremo ordena al Gobierno que revele datos sobre el cierre nuclear
El Tribunal Supremo ha decidido recientemente que el Gobierno español debe proporcionar información pertinente sobre la gestión de residuos radiactivos y los costos asociados con el cierre de la central nuclear de Almaraz. Esta decisión se produce en medio de un conflicto legal entre el Ejecutivo y las empresas propietarias de las centrales nucleares sobre la tasa Enresa, que se utiliza para financiar el desmantelamiento de instalaciones nucleares y la gestión de residuos.
En 2024, el Gobierno desechó un plan para establecer un almacén único de residuos en Villar de Cañas, optando por construir almacenes individuales en cada central. Esta decisión fue recibida con críticas por ser más costosa. Para cubrir un sobrecoste estimado en más de 2 000 millones de euros, el entonces Ministerio de Teresa Ribera aumentó un 30 por ciento la tasa Enresa, lo que generó indignación en las empresas involucradas.
Las empresas del sector nuclear presentaron tres recursos ante el Tribunal Supremo. Uno de éstos se centró en la necesidad de que el Gobierno presentara documentación adicional para evaluar si los costos habían sido calculados correctamente. Entre la información solicitada se incluye un desglose de los sobrecostes relacionados con la nueva estrategia de gestión de residuos y detalles sobre el fondo acumulado para el desmantelamiento de las instalaciones nucleares.
La decisión del alto tribunal exige que Enresa entregue, en un plazo de un mes, información detallada acerca de los costos adicionales y el estado financiero del fondo, así como otros documentos relevantes para la resolución del litigio. Esta situación pone de manifiesto las tensiones existentes entre el Gobierno y el sector nuclear, a medida que se discute el futuro de la energía nuclear en España.
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