Una oleada de avisos anónimos ha obligado a desviar aviones, activar protocolos antiterroristas y movilizar cazas militares. España también ha sufrido incidentes en Barajas, mientras los investigadores intentan averiguar si existe una operación coordinada.
Lo que está ocurriendo en los aeropuertos europeos ha encendido las alarmas de las autoridades. En apenas unos días, las falsas amenazas de bomba han conseguido alterar decenas de operaciones aéreas y movilizar recursos de seguridad de varios países sin que, hasta ahora, se haya localizado ningún artefacto explosivo.
Al menos 35 vuelos han resultado afectados desde el lunes 2 de noviembre, según el recuento difundido por Reuters y recogido por distintos medios internacionales. La jornada del jueves 5 concentró la mayor parte de los incidentes, con cerca de 30 vuelos afectados en una nueva oleada de avisos.
El episodio ha obligado a realizar aterrizajes no previstos, inspeccionar aeronaves, evacuar pasajeros y desplegar aviones de combate para escoltar determinados aparatos. La sucesión de incidentes plantea una cuestión especialmente preocupante: ¿se trata de bromas criminales independientes o de una campaña organizada para poner a prueba la seguridad europea y generar alarma?
Por ahora, ningún Gobierno ha identificado oficialmente a los responsables ni ha confirmado una conexión entre todos los avisos.
Una oleada de amenazas que afecta a varios países europeos
Los incidentes comenzaron a acumularse a principios de semana. El lunes, un vuelo de Wizz Air que cubría la ruta entre Londres-Luton y Sofía tuvo que desviarse a Budapest después de recibir una amenaza.
El martes se notificaron nuevos avisos que afectaron al menos a siete aviones y a un crucero, según los recuentos difundidos por las agencias internacionales.
Pero el jueves llegó la mayor escalada. Las amenazas alcanzaron conexiones entre Irlanda, Reino Unido, España, Francia, Italia, Bulgaria, Rumanía, Polonia, Dinamarca, Bélgica, Finlandia, Austria y República Checa, entre otros países.
Entre las compañías afectadas figuran Ryanair, Wizz Air, Aer Lingus, Finnair, LOT, easyJet y Air Serbia.
El patrón no apunta, por el momento, a una única aerolínea ni a un aeropuerto concreto. Sin embargo, varios de los incidentes han tenido como origen o destino instalaciones italianas y búlgaras.
Según el recuento publicado por The Guardian, Sofía y Milán registraron seis incidentes cada una, Roma cinco y Praga cuatro. Ryanair fue la compañía con más casos contabilizados en ese balance.
La ausencia de un patrón completamente definido complica las investigaciones y obliga a las autoridades a tratar cada aviso como una posible amenaza real hasta que se compruebe lo contrario.
Cazas militares, desvíos y operaciones de emergencia
Uno de los episodios más llamativos se produjo en Bulgaria, donde tres cazas MiG-29 de la Fuerza Aérea búlgara despegaron para interceptar y escoltar tres aviones comerciales de Ryanair que se dirigían a Sofía.
Los vuelos procedían de Copenhague, Madrid y Londres. Los dos primeros aterrizaron en la capital búlgara, mientras que el tercero fue desviado a Plovdiv, la segunda ciudad del país.
Las autoridades activaron los protocolos de seguridad y desplegaron equipos de emergencia para inspeccionar las aeronaves. No se encontraron explosivos.
También llamó la atención el caso de un vuelo de Aer Lingus que cubría la ruta entre Dublín y Roma. El Airbus A320 fue desviado a la base aérea de Évreux, en el norte de Francia, después de una alerta de bomba.
A bordo viajaban 151 pasajeros y seis tripulantes, que fueron trasladados a una zona segura mientras los equipos especializados intervenían sobre el avión.
En otros países se repitieron las inspecciones y los aterrizajes preventivos. Algunos aparatos llegaron a sus destinos previstos, pero tuvieron que permanecer en zonas aisladas para que los especialistas revisaran el avión, el equipaje y las pertenencias de los pasajeros.
La movilización de cazas, policías, bomberos y equipos de desactivación de explosivos demuestra el impacto operativo de estos avisos, aunque finalmente resulten infundados.
España también ha sufrido amenazas en el aeropuerto de Madrid-Barajas
La oleada no se ha limitado al centro y norte de Europa. El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas también tuvo que activar sus protocolos de seguridad después de recibir varios avisos por correo electrónico.
Según la información difundida por Reuters, la Guardia Civil confirmó tres amenazas recibidas por correo en un intervalo aproximado de 20 minutos.
Los mensajes afectaban a seis vuelos: dos salidas de Air Europa con destino a París y cuatro llegadas de Iberia procedentes de Roma y Milán.
La alerta obligó a adoptar medidas preventivas y a realizar comprobaciones sobre las aeronaves afectadas. Algunos aviones fueron detenidos o regresaron a sus posiciones de estacionamiento mientras se efectuaban las inspecciones.
En otro incidente, el aeropuerto de Murcia activó un protocolo de seguridad por una amenaza relacionada con un vuelo procedente de Manchester. Los pasajeros desembarcaron y fueron sometidos a las comprobaciones correspondientes mientras las fuerzas de seguridad inspeccionaban el aparato.
Estos episodios muestran que España no está al margen de una situación que afecta a las principales conexiones internacionales. Aunque no se haya confirmado la presencia de explosivos, cada aviso obliga a movilizar recursos y puede alterar la planificación de aerolíneas y aeropuertos.
El nombre de Male State aparece en algunos mensajes, pero no hay responsables identificados
Uno de los elementos que más interrogantes ha generado es la aparición del nombre de Male State, un movimiento extremista ruso de carácter ultranacionalista y antifeminista, en algunos de los mensajes amenazantes.
Según informaciones difundidas por medios italianos y búlgaros, determinados correos electrónicos enviados a organizaciones aeroportuarias afirmaban proceder de supuestos integrantes de ese movimiento.
Los mensajes mencionaban presuntos explosivos en vuelos con destino a Roma y Sofía. Sin embargo, la utilización del nombre de un grupo no demuestra que sus integrantes hayan enviado las amenazas.
Reuters informó de que el fundador del movimiento negó su participación. Tampoco existe una reivindicación cuya autenticidad haya sido verificada por las autoridades.
La cautela resulta fundamental. En una investigación de este tipo, la firma de un correo electrónico, una referencia ideológica o una reivindicación no acreditada no bastan para establecer la autoría.
Los investigadores deben analizar los mensajes, sus metadatos, las cuentas utilizadas, los posibles puntos de origen y las coincidencias entre las comunicaciones.
¿Una campaña coordinada o una sucesión de imitadores?
La repetición de amenazas en distintos países ha abierto el debate sobre una posible operación coordinada.
Algunos especialistas en seguridad consideran que los incidentes podrían encajar en una estrategia de guerra híbrida: acciones de bajo coste que buscan generar desconfianza, consumir recursos públicos y alterar servicios esenciales sin necesidad de recurrir a un ataque físico convencional.
El responsable del grupo especializado en seguridad aérea Dyami, Eric Schouten, ha señalado que resulta complicado demostrar la implicación de un país concreto en este tipo de operaciones. No obstante, considera que el patrón podría encajar en las características de una campaña de desestabilización.
La hipótesis debe tratarse con prudencia. También es posible que algunos avisos procedan de individuos con motivaciones personales o de personas que imitan amenazas anteriores al comprobar el impacto que provocan.
Por ahora, no hay pruebas públicas suficientes para atribuir la oleada a Rusia, Irán o cualquier otro Estado. Las acusaciones políticas sobre operaciones de sabotaje en Europa no sustituyen a una investigación que identifique a los autores de estos mensajes concretos.
La diferencia es importante: una campaña de amenazas puede tener consecuencias graves sin que exista necesariamente una estructura estatal detrás.
El objetivo puede ser provocar el máximo daño sin colocar una bomba
El impacto de estas amenazas no depende de que exista realmente un artefacto explosivo.
Cada aviso obliga a las autoridades a aplicar protocolos de seguridad que pueden incluir:
- Desvío del avión a otro aeropuerto o a una instalación militar.
- Aislamiento de la aeronave en una zona específica de la pista.
- Desembarque y comprobación de pasajeros y tripulación.
- Inspección del equipaje, la cabina y las bodegas.
- Intervención de unidades policiales y especialistas en explosivos.
- Suspensión temporal de operaciones o modificación de los movimientos aeroportuarios.
Estas medidas son necesarias porque las autoridades no pueden asumir que una amenaza es falsa antes de verificarla. El coste operativo y humano de ignorar un aviso auténtico sería potencialmente catastrófico.
Sin embargo, esa obligación también crea una vulnerabilidad: un mensaje anónimo puede provocar una respuesta de seguridad de gran magnitud incluso cuando no existe ningún explosivo.
Los efectos se extienden más allá del vuelo señalado. Los pasajeros pueden perder conexiones, las tripulaciones deben modificar sus horarios y las compañías tienen que reorganizar aviones y personal. En aeropuertos con una elevada actividad, una incidencia puede repercutir en otras operaciones.
Los autores se enfrentan a consecuencias penales
Las amenazas falsas de bomba no son simples bromas. Pueden constituir delitos y dar lugar a investigaciones penales, especialmente cuando provocan la movilización de servicios de emergencia, alteran el transporte público o ponen en peligro la seguridad de las personas.
Las consecuencias jurídicas dependen del país, del contenido del mensaje, de la intención del autor y de los daños o alteraciones provocados.
En España, la simulación de un peligro para la comunidad y la comunicación de avisos falsos a los servicios de emergencia pueden tener relevancia penal, además de generar posibles responsabilidades por los gastos y perjuicios ocasionados. La calificación concreta dependerá de los hechos acreditados y de la legislación aplicable.
Si se demuestra que detrás de los avisos existe una organización criminal o una operación destinada a causar terror, las autoridades también podrían investigar otras figuras delictivas, siempre que concurran los requisitos legales correspondientes.
En cualquier caso, todavía no se ha identificado públicamente a los responsables de esta oleada europea.
Europa afronta un problema de seguridad que va más allá de los aeropuertos
La sucesión de amenazas pone de manifiesto hasta qué punto los servicios esenciales pueden verse afectados por acciones aparentemente sencillas.
No hace falta introducir un explosivo en un avión para provocar desvíos, retrasos, evacuaciones y despliegues militares. Basta con que una amenaza parezca suficientemente creíble para activar los protocolos de emergencia.
La prioridad de las autoridades debe ser identificar a los responsables sin rebajar las medidas de seguridad ni alimentar conclusiones precipitadas sobre quién está detrás de los ataques.
Los 35 vuelos afectados constituyen una señal de alarma para el transporte aéreo europeo, pero también una advertencia sobre la facilidad con la que una campaña de comunicaciones maliciosas puede poner bajo presión a varios países al mismo tiempo.
La pregunta ya no es únicamente quién está enviando los mensajes. También es cómo impedir que una sucesión de amenazas anónimas pueda paralizar parcialmente uno de los sistemas de transporte más importantes de Europa.
Mientras no haya una investigación concluyente, los pasajeros seguirán dependiendo de unos protocolos que, aunque costosos y perturbadores, son imprescindibles para garantizar su seguridad.
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