La investigación por un presunto fraude con fondos europeos examina el contrato de unos 50 millones adjudicado en 2023 y sus problemas posteriores de funcionamiento.
La investigación de la Fiscalía Europea sobre las pulseras telemáticas utilizadas para controlar a agresores con órdenes de alejamiento vuelve a poner el foco sobre la gestión del Ministerio de Igualdad durante la etapa de Irene Montero.
La operación desplegada esta semana por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el Ministerio de Igualdad y en el Tribunal de Cuentas busca documentación relacionada con los contratos de estos dispositivos. La investigación, iniciada el año pasado, analiza un presunto fraude que afecta a fondos europeos destinados a los sistemas de control de agresores por violencia de género.
El caso tiene una dimensión especialmente delicada porque el cambio de proveedor estuvo acompañado de problemas en la migración de datos históricos, una incidencia que, según la información conocida por la Fiscalía, dificultó durante meses el acceso a determinados registros de localización utilizados como prueba en procedimientos judiciales.
Un contrato de unos 50 millones bajo investigación
El punto de partida se encuentra en la nueva licitación impulsada por el Ministerio de Igualdad en julio de 2023, cuando Irene Montero todavía estaba al frente del departamento.
Según la información publicada por Libertad Digital, el contrato rondó los 50 millones de euros y fue adjudicado a la UTE Vodafone-Securitas. El nuevo sistema modificó además el modelo anterior: los dispositivos dejaron de alquilarse y pasaron a adquirirse directamente.
Hasta ese momento, el servicio estaba gestionado por Telefónica, mientras que los dispositivos eran suministrados mediante un sistema de alquiler a Attenti, empresa especializada en monitorización electrónica.
El cambio de modelo empresarial y tecnológico es ahora uno de los elementos que están siendo examinados por los investigadores.
La Fiscalía Europea ha confirmado que sus diligencias se refieren a fondos europeos utilizados para la adquisición de dispositivos telemáticos destinados a garantizar el cumplimiento de medidas cautelares y condenas por violencia de género.
El problema que hizo saltar las alarmas: los datos históricos
La polémica sobre el nuevo sistema no comenzó con la investigación europea.
En 2025 ya se conoció que la transición entre los sistemas de gestión había provocado un problema con los datos históricos. Durante meses, el centro de control tuvo dificultades para acceder a determinados registros de ubicación anteriores al 20 de marzo de 2024.
La consecuencia potencial era especialmente grave.
Las localizaciones GPS de estos dispositivos pueden utilizarse en procedimientos judiciales para acreditar si un investigado o condenado ha incumplido una orden de alejamiento. Si los registros no están disponibles o no pueden garantizarse como prueba fiable, los tribunales pueden encontrarse con dificultades para acreditar un supuesto quebrantamiento.
La propia Fiscalía llegó a hablar de una “potencial desprotección” de las víctimas en relación con los problemas detectados.
El cambio de proveedor y las decisiones de Igualdad
La nueva contratación se produjo durante la etapa de Irene Montero como ministra de Igualdad.
Según las fuentes jurídicas citadas por Libertad Digital, los investigadores estarían analizando las decisiones adoptadas en aquel proceso y sus consecuencias posteriores. Esas mismas fuentes apuntan a una posible responsabilidad de diferentes cargos de aquella etapa, entre ellos Ángela Rodríguez ‘Pam’ y Victoria Rosell, y no descartan que la investigación pueda alcanzar a la propia Montero.
Sin embargo, este extremo debe ser interpretado con precisión.
No existe, según la información pública disponible, una imputación judicial de Montero, Rosell o Rodríguez ‘Pam’ por esta investigación. Lo que existe son hipótesis sobre eventuales responsabilidades que deberán determinar la Fiscalía Europea y, en su caso, los tribunales.
La propia investigación continúa abierta y la Fiscalía Europea no ha facilitado detalles sobre el estado concreto de las diligencias.
¿Por qué aparece Irene Montero en el foco de la investigación?
La conexión con la exministra se explica fundamentalmente por su responsabilidad política durante el periodo en el que se diseñó y licitó el nuevo sistema.
El Ministerio de Igualdad estaba dirigido por Irene Montero cuando se puso en marcha la nueva licitación de 2023. Además, Ángela Rodríguez ‘Pam’ ocupaba entonces la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, mientras que Victoria Rosell ejercía como delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.
La investigación deberá determinar qué decisiones correspondieron a cada nivel administrativo y si existieron irregularidades con relevancia penal.
La responsabilidad política por una decisión administrativa tampoco equivale automáticamente a responsabilidad penal.
Ese matiz será fundamental para interpretar las próximas actuaciones de la Fiscalía Europea.
Las quejas por el funcionamiento de las pulseras
Los problemas tecnológicos han sido otro de los elementos que han aumentado la presión sobre el Ministerio.
Durante la controversia surgieron denuncias relacionadas con fallos técnicos, errores de localización y problemas en determinados dispositivos. También se cuestionó la capacidad de algunos aparatos para impedir su manipulación o retirada.
La cuestión adquirió una dimensión judicial porque los datos de geolocalización pueden resultar determinantes para demostrar el incumplimiento de una orden de alejamiento.
La información publicada por Libertad Digital sostiene que estos problemas generaron procedimientos en los que no pudieron aportarse determinados registros GPS, lo que habría contribuido a sobreseimientos provisionales y absoluciones en casos de presunto quebrantamiento.
No obstante, no debe confundirse la existencia de fallos del sistema con la afirmación de que todos los procedimientos archivados fueran consecuencia directa de ellos. Esa relación causal debe acreditarse caso por caso.
La Fiscalía Europea entra en escena
La intervención de la Fiscalía Europea eleva la relevancia del caso porque su competencia está vinculada a la protección de los intereses financieros de la Unión Europea.
La investigación analiza precisamente un posible fraude relacionado con fondos europeos utilizados en la adquisición de los dispositivos.
La UCO está colaborando con los fiscales europeos en las diligencias. Los agentes acudieron al Ministerio de Igualdad y al Tribunal de Cuentas para solicitar documentación relativa a los contratos.
La actuación no significa que se haya acreditado ya un fraude.
La Fiscalía Europea ha empleado la fórmula de “presunto delito de fraude”, mientras continúa la investigación y recopila documentación.
El Tribunal de Cuentas también queda bajo la lupa
La investigación no afecta únicamente al Ministerio de Igualdad.
Los agentes de la UCO también actuaron en el Tribunal de Cuentas, dentro de una operación que incluía otras diligencias relacionadas con fondos europeos. En el caso de las pulseras, el objetivo era obtener documentación relacionada con la contratación y gestión de estos dispositivos.
El papel del Tribunal de Cuentas adquiere especial relevancia porque este organismo anunció una fiscalización de la contratación y gestión de las pulseras para 2026.
La cuestión de fondo es si los controles administrativos fueron suficientes para detectar posibles irregularidades antes de que el asunto llegara a la Fiscalía Europea.
Ana Redondo defiende la gestión actual
La actual ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido públicamente el sistema y ha asegurado que el Gobierno facilitará toda la documentación requerida.
“Toda la información que se requiera se va a ofrecer”, afirmó Redondo al ser preguntada por la investigación. La ministra añadió que, según la información de la que dispone, los fondos se han invertido correctamente.
Redondo también rechazó algunas informaciones difundidas durante la polémica y afirmó que el debate sobre las pulseras había estado marcado por “bulos y mentiras”.
Según su versión, el contrato actualmente vigente mejora los problemas que pudiera presentar el sistema anterior.
La posición del Ministerio contrasta con la preocupación expresada anteriormente por la Fiscalía sobre la disponibilidad de determinados datos históricos y con las críticas políticas formuladas por la oposición.
Una investigación con tres preguntas clave
A partir de la información conocida, la investigación europea deberá aclarar al menos tres cuestiones fundamentales:
- Si hubo irregularidades en la utilización de fondos europeos destinados a las pulseras.
- Si el procedimiento de contratación y el cambio de modelo se ajustaron a la normativa aplicable.
- Si los responsables de las decisiones administrativas conocían o podían prever los problemas técnicos que posteriormente afectaron al sistema.
Estas cuestiones son diferentes y no deben mezclarse.
Una contratación que presente problemas técnicos no constituye necesariamente fraude. Del mismo modo, una eventual irregularidad administrativa tampoco implica automáticamente que exista responsabilidad penal de la ministra que dirigía el departamento.
La clave será determinar qué ocurrió durante la preparación, adjudicación y ejecución del contrato y quién tomó cada decisión.
El precedente de la pérdida de pruebas sobre los agresores
El elemento más sensible de toda esta investigación no es únicamente económico.
Los dispositivos existen para proteger a víctimas de violencia de género y controlar a personas sometidas a órdenes de alejamiento. Por eso, cualquier fallo que afecte a su capacidad de localización o a la conservación de los datos puede tener consecuencias mucho más graves que las derivadas de un simple incumplimiento contractual.
La controversia de 2025 ya puso sobre la mesa esa cuestión. La pérdida o inaccesibilidad temporal de determinados historiales generó problemas para utilizar los datos como prueba judicial y provocó críticas por el riesgo de desprotección.
Ahora la Fiscalía Europea intenta determinar si detrás del contrato existen irregularidades con impacto sobre el presupuesto comunitario.
Lo que se sabe y lo que todavía no está demostrado
Para evitar conclusiones anticipadas, estos son los hechos que pueden diferenciarse con la información disponible:
- La Fiscalía Europea investiga un presunto fraude relacionado con fondos europeos destinados a las pulseras telemáticas.
- La UCO ha intervenido documentación en el Ministerio de Igualdad y el Tribunal de Cuentas.
- El nuevo contrato se impulsó en 2023, durante la etapa de Irene Montero.
- La adjudicación se realizó a la UTE Vodafone-Securitas y el importe citado por Libertad Digital ronda los 50 millones de euros.
- La transición tecnológica provocó problemas de acceso a determinados datos históricos de localización.
- La Fiscalía había advertido de una posible “potencial desprotección”.
- Fuentes jurídicas citadas por Libertad Digital no descartan futuras responsabilidades de Ángela Rodríguez ‘Pam’, Victoria Rosell o Irene Montero, pero no consta que ninguna de ellas haya sido imputada públicamente por esta investigación.
- La investigación continúa abierta y la Fiscalía Europea no ha hecho públicos todos sus detalles.
Un caso que puede reabrir el debate sobre la gestión de Igualdad
La investigación europea llega en un momento especialmente incómodo para el Gobierno. La actuación de la UCO coincide con una nueva etapa política en la que el Ministerio de Igualdad defiende su gestión y prepara nuevas políticas con un elevado impacto presupuestario.
El caso de las pulseras introduce, sin embargo, una cuestión mucho más concreta: cómo se gastó el dinero destinado a una herramienta cuya finalidad última era proteger a mujeres sometidas a situaciones de riesgo.
La respuesta definitiva no la dará una disputa política ni una acusación mediática. La tendrá que aportar la investigación de la Fiscalía Europea, con la documentación contractual, los informes técnicos y las decisiones administrativas sobre la mesa.
Hasta entonces, el dato políticamente más relevante es este: un contrato multimillonario de Igualdad, diseñado durante la etapa de Irene Montero y parcialmente financiado con fondos europeos, está siendo examinado por una investigación por presunto fraude.
Y la cuestión decisiva queda abierta: ¿se trató de una mala gestión administrativa con consecuencias técnicas o existieron irregularidades que puedan tener relevancia penal?
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