El Ministerio del Interior da marcha atrás en su prohibición inicial tras la polémica por las cargas policiales del 11-N. Los antidisturbios podrán seguir utilizando botes lacrimógenos, pero tendrán vetado el gas pimienta en los dispositivos de orden público.
La decisión apenas ha durado un día. Fernando Grande-Marlaska ha rectificado en menos de 24 horas una de sus principales instrucciones sobre el material antidisturbios de la Policía Nacional, después de que su anuncio de prohibir los gases lacrimógenos provocara un enfrentamiento con los sindicatos policiales.
El Ministerio del Interior ha aclarado que los agentes podrán continuar utilizando determinados dispositivos lacrimógenos durante las manifestaciones y los operativos de orden público. La restricción afectará específicamente a los espráis de defensa personal, como el conocido gas pimienta, que dejarán de utilizarse en este tipo de intervenciones.
La rectificación llega después de las polémicas cargas policiales registradas durante la huelga general del 11 de noviembre, especialmente en el centro de Madrid, donde las actuaciones de los antidisturbios provocaron numerosas críticas, denuncias y peticiones de explicaciones políticas.
El episodio abre un nuevo frente para el ministro del Interior: mientras algunos sectores cuestionan la proporcionalidad de las intervenciones policiales, los sindicatos advierten de que limitar los medios de actuación puede comprometer la seguridad de los propios agentes y de los ciudadanos.
Marlaska cambia de criterio y rectifica la prohibición de los gases lacrimógenos
La nueva posición de Interior introduce una distinción entre dos tipos de material que inicialmente habían quedado englobados en el anuncio de prohibición.
Por un lado, la Dirección General de la Policía modificará el protocolo que regula el uso del espray de defensa personal o gas pimienta, de manera que no pueda utilizarse en operaciones de orden público.
Por otro, los agentes conservarán la posibilidad de emplear los denominados artificios ATL, dispositivos antidisturbios que generan una nube de humo lacrimógeno y que pueden lanzarse manualmente o mediante la bocacha de las escopetas policiales.
El departamento dirigido por Grande-Marlaska sostiene que estos dispositivos producen una nube de humo «inocua» y «no lesiva». Se trata de la justificación trasladada por Interior para mantenerlos dentro del material operativo autorizado.
La diferencia resulta fundamental: la Policía no pierde todos sus medios lacrimógenos, sino que se establece una restricción específica sobre los espráis de defensa personal.
La modificación también deja en evidencia la necesidad de aclarar los protocolos policiales. El anuncio inicial del jueves se interpretó como una prohibición general del gas lacrimógeno en los dispositivos de control de manifestaciones. La comunicación de este viernes ha corregido esa interpretación.
La huelga general del 11-N desata la polémica sobre las cargas policiales
El origen de esta crisis se encuentra en los incidentes registrados durante la jornada de huelga general del miércoles 11 de noviembre.
Las intervenciones policiales en Madrid estuvieron marcadas por el empleo de material antidisturbios, incluidos gases lacrimógenos y pelotas de goma, en diferentes momentos de las movilizaciones.
Las actuaciones generaron críticas por la utilización de la fuerza contra personas que, según diversos testimonios, participaban pacíficamente en las concentraciones.
Las imágenes difundidas posteriormente provocaron una fuerte controversia y obligaron al Ministerio del Interior a anunciar medidas de investigación.
El propio Marlaska reconoció que algunas de las imágenes conocidas no se conciliaban inicialmente con los principios de proporcionalidad que deben regir las intervenciones policiales.
El ministro ordenó a la Dirección General de la Policía abrir investigaciones específicas sobre las distintas incidencias producidas durante la huelga.
Además, la Jefatura Superior de Policía de Madrid abrió una información reservada para evaluar las actuaciones de los agentes.
La investigación deberá determinar si las intervenciones se ajustaron a la legalidad, si existieron excesos y si los medios empleados fueron adecuados a las circunstancias de cada incidente.
No obstante, a fecha de publicación de esta información, no se han comunicado conclusiones definitivas sobre esas investigaciones.
Los sindicatos policiales plantan cara a Interior
La primera decisión de Marlaska provocó una reacción inmediata entre las organizaciones sindicales de la Policía Nacional.
Los representantes de los agentes consideraron que una prohibición general del material lacrimógeno podía reducir las posibilidades de respuesta ante situaciones de violencia colectiva.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) advirtió de las consecuencias que podía tener la retirada de estos medios ante posibles ataques de grupos violentos. La organización reclamó explicaciones sobre cómo se protegería tanto a los agentes como a los manifestantes pacíficos.
También se pronunció el sindicato SPP, mayoritario entre los mandos policiales, que cuestionó la retirada de herramientas operativas sin alternativas intermedias eficaces.
Su argumento es que los dispositivos lacrimógenos permiten, en determinadas circunstancias, mantener la distancia respecto a grupos violentos y evitar enfrentamientos físicos directos.
Por su parte, Jupol defendió que el gas constituye un medio coercitivo que puede resultar necesario en determinadas intervenciones antidisturbios.
Otras organizaciones policiales, entre ellas UFP y CEP, también expresaron su malestar ante el anuncio inicial.
La controversia plantea una cuestión que va más allá de la disputa entre Interior y los sindicatos: cómo garantizar simultáneamente el derecho de manifestación, la seguridad ciudadana y la protección de los policías que intervienen en situaciones de violencia.
Qué podrá utilizar la Policía Nacional en las manifestaciones
La aclaración del Ministerio del Interior permite distinguir entre los medios afectados por la nueva regulación.
Las principales diferencias son las siguientes:
- Espráis de defensa personal: el protocolo se modificará para impedir su utilización en operaciones de orden público.
- Artificios ATL: podrán seguir utilizándose en dispositivos antidisturbios. Son artefactos que generan una nube de humo lacrimógeno.
- Pelotas de goma: no forman parte de la prohibición específica anunciada para los espráis de defensa personal y los artificios ATL.
- Otros medios antidisturbios: su utilización seguirá sometida a los protocolos y a los requisitos legales correspondientes.
El cambio no significa que los agentes dispongan de autorización ilimitada para utilizar cualquier material antidisturbios. Las intervenciones policiales deben respetar los principios de legalidad, necesidad, congruencia y proporcionalidad.
Tampoco debe confundirse la calificación administrativa de un dispositivo como no lesivo con la ausencia absoluta de riesgos. La exposición a sustancias irritantes puede provocar molestias y problemas de salud, especialmente en determinadas circunstancias.
Marlaska mantiene abierta la investigación sobre los agentes
La rectificación sobre los gases no supone el cierre de las investigaciones anunciadas por Interior.
La Jefatura Superior de Policía de Madrid mantiene abierta una información reservada destinada a esclarecer las actuaciones realizadas durante la huelga general.
El objetivo es determinar qué sucedió en los distintos episodios, qué instrucciones recibieron los agentes y si las intervenciones se ajustaron a los procedimientos establecidos.
La investigación adquiere especial relevancia por las críticas recibidas desde distintos ámbitos políticos y sociales.
El debate tampoco se limita a la utilización de gases. Las cargas policiales, los golpes con defensas reglamentarias y el empleo de otros medios antidisturbios forman parte de las actuaciones cuestionadas.
La apertura de una investigación no implica que los agentes hayan cometido irregularidades. Será necesario analizar cada intervención y las circunstancias concretas en las que se produjo.
Una crisis política que alcanza al Ministerio del Interior
La polémica ha colocado nuevamente a Grande-Marlaska bajo presión política.
Desde sectores de la izquierda se han reclamado responsabilidades por las intervenciones policiales del 11-N. Incluso formaciones vinculadas al espacio político del Gobierno han cuestionado su gestión y reclamado su salida.
El Frente Amplio, socio del Ejecutivo, se ha sumado a las críticas y ha pedido la dimisión del ministro.
Podemos y representantes de Sumar también han exigido explicaciones y responsabilidades políticas.
La controversia resulta especialmente delicada para el Gobierno porque afecta a dos cuestiones fundamentales: el derecho de huelga y manifestación y la responsabilidad del Estado de garantizar el orden público.
A esta presión se ha sumado la reacción de los sindicatos policiales, que consideran que las decisiones iniciales de Interior podían dejar a los agentes sin herramientas adecuadas para determinadas intervenciones.
El resultado es un escenario de críticas desde posiciones diferentes: unos cuestionan el uso de la fuerza policial y otros denuncian las restricciones que se pretenden imponer a los agentes.
La rectificación de Marlaska no resuelve ninguna de esas dos controversias. Únicamente delimita qué dispositivos podrán continuar utilizándose.
Las cifras de la huelga general: 1.144 incidencias y 47 detenidos
La dimensión de la jornada del 11 de noviembre también queda reflejada en los datos provisionales facilitados por el Ministerio del Interior.
Hasta las 23:00 horas del miércoles, la Policía Nacional y la Guardia Civil habían contabilizado:
- 1.144 incidencias relacionadas con la jornada de huelga general.
- 47 detenciones practicadas por ambos cuerpos policiales.
- 20 detenidos en Madrid, la provincia con mayor número de arrestos en el balance difundido.
- Las cifras no incluían los datos correspondientes a Cataluña y el País Vasco.
El reparto provisional de las detenciones comunicado por Interior fue el siguiente:
| Territorio | Detenidos |
|---|---|
| Madrid | 20 |
| Valencia | 6 |
| Málaga | 4 |
| Almería | 4 |
| Granada | 3 |
| Castellón | 3 |
| Zamora | 2 |
| Navarra | 1 |
| Valladolid | 1 |
| La Rioja | 1 |
| Alicante | 1 |
| A Coruña | 1 |
| Total | 47 |
Estos datos ofrecen una fotografía de las incidencias registradas durante la jornada, aunque no permiten establecer por sí solos la gravedad de cada incidente ni justificar automáticamente las intervenciones policiales.
También conviene recordar que se trata de un balance provisional y territorialmente incompleto.
El verdadero debate: seguridad policial y proporcionalidad
La rectificación de Interior vuelve a situar sobre la mesa una cuestión esencial para cualquier Estado democrático: el equilibrio entre el mantenimiento del orden público y el ejercicio de los derechos fundamentales.
El derecho de manifestación está reconocido en el artículo 21 de la Constitución española. Su ejercicio no puede quedar condicionado arbitrariamente por las decisiones de las autoridades.
Al mismo tiempo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen la obligación de proteger a los ciudadanos y actuar frente a situaciones de violencia que pongan en peligro a las personas o los bienes.
La Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, establece los principios básicos de actuación de los agentes, entre ellos la adecuación de sus intervenciones a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad.
Esto significa que no basta con disponer de determinados medios antidisturbios: su utilización debe estar justificada por las circunstancias concretas de cada actuación.
La discusión sobre los gases lacrimógenos tampoco debería convertirse en una confrontación simplista entre quienes defienden a la Policía y quienes defienden a los manifestantes. La seguridad de los ciudadanos y el respeto a sus libertades son obligaciones compatibles.
La responsabilidad política de Interior consiste, precisamente, en establecer protocolos claros, proporcionar medios adecuados a los agentes y garantizar mecanismos de control cuando se producen posibles excesos.
Una rectificación que deja preguntas pendientes
La marcha atrás de Fernando Grande-Marlaska en apenas 24 horas deja varios interrogantes sobre la gestión de la crisis.
¿Por qué se anunció inicialmente una prohibición general de los gases lacrimógenos si posteriormente Interior ha considerado necesario mantener los artificios ATL?
¿Qué criterios técnicos han servido para diferenciar los dispositivos autorizados de los que quedarán excluidos?
¿Cuándo se modificará definitivamente el protocolo de utilización del espray de defensa personal?
Y, sobre todo, ¿qué conclusiones arrojarán las investigaciones sobre las cargas policiales del 11-N?
Por ahora, el Ministerio del Interior ha corregido el alcance de su decisión, pero no ha cerrado el debate sobre las intervenciones policiales ni sobre las responsabilidades que puedan derivarse de ellas.
La seguridad ciudadana exige policías con medios adecuados, protocolos claros y controles efectivos. Y la defensa de los derechos fundamentales exige que cualquier actuación policial pueda ser examinada con transparencia.
La cuestión no es elegir entre seguridad y libertad, sino garantizar ambas. La evolución de las investigaciones y la aplicación de los nuevos protocolos permitirán comprobar si Interior consigue ofrecer respuestas convincentes a una crisis que sigue abierta.
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