La Diputación de Sevilla ha anunciado la asignación de un millón de euros para la rehabilitación de la residencia universitaria Flora Tristán, ubicada en el barrio del Polígono Sur. Esta inversión forma parte del plan extraordinario denominado «Sevilla de Cien», que contempla una partida total de 100 millones de euros destinada a proyectos sociales y educativos.
Contexto y finalidad de la inversión
La residencia Flora Tristán, que atiende a estudiantes universitarios y familias del barrio, presenta necesidades de obras de conservación que ponen en riesgo su continuidad. Las obras de recuperación están previstas para comenzar el 17 de agosto y se espera que finalicen antes del inicio del curso académico 2027/2028.
Colaboración entre autoridades
El presidente de la Diputación, Javier Fernández, y el rector de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), Francisco Oliva, han trabajado conjuntamente para encontrar una solución que garantice la viabilidad financiera del proyecto, dado que la universidad enfrenta limitaciones económicas que dificultan la inversión en estas infraestructuras.
Importancia social y educativa
La residencia no solo cumple una función habitacional, sino que también es un centro con carácter social y educativo, integrando actividades y programas dirigidos al desarrollo del Polígono Sur, un barrio con especiales necesidades sociales. La intervención busca mantener esta función y apoyar la transformación social en la zona.
Planificación y ejecución
Para formalizar la financiación, la Diputación prevé firmar un convenio específico que permita la ejecución del proyecto dentro del marco del plan «Sevilla de Cien». El rector Francisco Oliva ha señalado que esta medida resuelve un problema económico estructural que afecta a la universidad y que la residencia representa un recurso clave para una comunidad con dificultades sociales.
Gestión y perspectivas
El Consejo Social de la UPO había rechazado previamente la propuesta de ceder la gestión del inmueble a una fundación externa, señalando que existe interés de otras entidades y recomendando un procedimiento público para garantizar la continuidad del proyecto.
Esta decisión supone una inyección financiera para mantener operativa una infraestructura educativa y social que, según diversas entidades locales, es considerada esencial para el apoyo y desarrollo del Polígono Sur.