La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil continúa ampliando el análisis sobre la estructura de nombramientos en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) durante el periodo en el que María Jesús Montero era la ministra responsable del organismo.
Según la información publicada por diversos medios y la documentación incorporada a distintas diligencias judiciales, los investigadores estudian la cadena de responsabilidades administrativas relacionada con varios altos cargos de la SEPI que posteriormente han resultado investigados en diferentes procedimientos judiciales. La investigación se centra en determinar el funcionamiento de los mecanismos de designación y supervisión dentro del holding público.
La cadena de nombramientos bajo análisis
Uno de los aspectos que analiza la UCO es el proceso mediante el cual fueron designados los presidentes de la SEPI durante distintos periodos.
Entre ellos figuran:
- Vicente Fernández Guerrero, presidente entre 2018 y 2019.
- Bartolomé Lora, presidente en funciones entre 2019 y 2021.
- Belén Gualda, presidenta desde 2021.
Los tres han sido investigados en procedimientos distintos, aunque relacionados con hechos diferentes y con situaciones procesales independientes.
La documentación conocida sostiene que la presidencia de la SEPI desempeña un papel relevante en la propuesta y supervisión de determinados nombramientos dentro de las empresas participadas por el Estado.
El caso de Enusa
Uno de los ejemplos citados en la investigación afecta a Enusa Industrias Avanzadas, empresa pública participada mayoritariamente por la SEPI.
La UCO analiza el procedimiento seguido para el nombramiento de José Vicente Berlanga Arona como presidente del consejo de administración de Enusa en julio de 2018. Según la investigación, dicho nombramiento fue propuesto cuando Vicente Fernández Guerrero ocupaba la presidencia de la SEPI.
Los investigadores también examinan el funcionamiento del Comité de Dirección y el procedimiento de designación de determinados cargos directivos, al considerar que esas decisiones dependen de los órganos de gobierno de la SEPI.
Tres procedimientos judiciales diferentes
Los tres presidentes de la SEPI mencionados aparecen vinculados a investigaciones distintas:
- Vicente Fernández Guerrero fue investigado en el denominado caso Leire. Con anterioridad también estuvo investigado por el caso de la mina de Aznalcóllar, procedimiento en el que posteriormente fue absuelto.
- Bartolomé Lora figura investigado en relación con actuaciones vinculadas al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), creado durante la pandemia.
- Belén Gualda ha sido citada como investigada en una de las piezas judiciales del caso Leire, en una causa que analiza presuntas irregularidades en contratos y nombramientos dentro de empresas públicas.
Es importante señalar que la condición de investigado no implica culpabilidad, ya que corresponde a los tribunales determinar, tras la instrucción y el eventual juicio, si existen responsabilidades penales.
Qué investiga la UCO
La investigación trata de determinar si existió una relación entre la estructura de nombramientos dentro de la SEPI y determinadas decisiones adoptadas en empresas públicas dependientes del holding estatal.
Entre los aspectos que se analizan figuran:
- Los procedimientos de designación de altos cargos.
- La supervisión de empresas participadas.
- La posible existencia de irregularidades en determinados contratos públicos.
- El alcance de las responsabilidades administrativas y, en su caso, penales.
Por el momento, las diligencias continúan abiertas y serán los órganos judiciales quienes determinen si los indicios recopilados son suficientes para formular acusaciones o archivar las actuaciones.
Situación procesal
La investigación se encuentra en fase de instrucción. Tanto la documentación de la UCO como las resoluciones judiciales que puedan adoptarse en el futuro serán determinantes para esclarecer si existieron responsabilidades individuales en los distintos nombramientos y actuaciones analizadas.
Hasta que exista una resolución judicial firme, todas las personas investigadas mantienen plenamente la presunción de inocencia.
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