La renovación del Tribunal Supremo y del Consejo Electoral precedería a la convocatoria de unos comicios que Washington sitúa en el horizonte de la transición política.
La transición venezolana entra en una nueva fase. Marco Rubio ha puesto fechas y condiciones sobre la mesa para avanzar hacia unas elecciones presidenciales, con la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como primer objetivo y la creación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) como siguiente paso.
Desde París, donde participó en la reunión de ministros de Exteriores del G7, el secretario de Estado estadounidense aseguró el 9 de noviembre que Washington considera que las negociaciones avanzan conforme al calendario previsto. Su expectativa es que los nuevos magistrados del Supremo estén en funciones a mediados de diciembre y que, poco después, se constituya un nuevo órgano electoral.
Pero el anuncio contiene una cuestión de enorme trascendencia: la convocatoria de elecciones dependería de una posterior declaración de vacancia presidencial, que, según el esquema expuesto por Rubio, abriría un periodo de seis meses para celebrar la votación.
No hay todavía una fecha electoral oficial. Tampoco se han completado las reformas institucionales anunciadas. Lo que sí existe es una hoja de ruta respaldada por Washington que coloca la reforma judicial, la independencia electoral y la libertad de prensa en el centro del proceso.
Los tres requisitos de Marco Rubio para celebrar elecciones en Venezuela
Rubio explicó que unas elecciones presidenciales creíbles necesitan algo más que fijar una jornada de votación. A su juicio, el país debe contar con tres condiciones fundamentales:
- Un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, cuyos magistrados sustituyan a los actuales y permitan abordar la reorganización institucional.
- Un Consejo Nacional Electoral de carácter administrativo y no político, encargado de organizar y supervisar los comicios con garantías.
- Una prensa libre y abierta, que permita a los candidatos comunicarse con los ciudadanos, presentar sus propuestas y desarrollar sus campañas.
El secretario de Estado insistió en que no pueden celebrarse elecciones creíbles si quienes concurren a ellas carecen de libertad para dirigirse a los votantes.
En este contexto, Rubio valoró la presencia de María Corina Machado y otros representantes opositores en Venezuela. Según afirmó, llevaban más de dos semanas en el país sin que se hubieran producido detenciones entre ellos, y habían podido ofrecer ruedas de prensa y acceder a internet.
La declaración constituye una referencia a las condiciones políticas que Washington considera necesarias para abrir una nueva etapa electoral. Sin embargo, la posibilidad de celebrar actos públicos o acceder a internet no acredita por sí sola que exista libertad política plena ni que todas las garantías electorales estén aseguradas.
Diciembre, primera fecha clave para la transición venezolana
El primer hito del calendario se sitúa en mediados de diciembre de 2026. Rubio manifestó que, si las negociaciones continúan como está previsto, para entonces deberían estar en funciones los nuevos magistrados del Tribunal Supremo.
La renovación del TSJ sería seguida, según el secretario de Estado, por la creación de un nuevo Consejo Nacional Electoral en un plazo breve.
Las conversaciones entre los sectores implicados debían continuar durante la semana del 9 de noviembre. Washington presenta estos contactos como parte de un proceso negociado entre representantes de las autoridades venezolanas y sectores de la oposición.
El planteamiento no es nuevo. El 26 de octubre, Rubio ya había defendido que la infraestructura electoral venezolana debía ser sustituida antes de celebrar unos comicios que pudieran ser considerados legítimos. El secretario de Estado sostuvo entonces que el sistema heredado del Gobierno de Nicolás Maduro estaba diseñado para manipular los resultados.
La Administración estadounidense pretende, por tanto, que la reforma de las instituciones preceda a la convocatoria electoral. El objetivo declarado es construir un sistema en el que los distintos sectores políticos puedan confiar en el resultado, tanto si ganan como si pierden.
La cuestión decisiva será cómo se designan los nuevos magistrados y los integrantes del CNE, qué mecanismos de control se establecen y qué garantías se ofrecen a las distintas fuerzas políticas.
La vacancia presidencial y el plazo de seis meses: la cuestión jurídica pendiente
Uno de los aspectos más relevantes de las declaraciones de Rubio es el mecanismo previsto para activar las elecciones.
El secretario de Estado explicó que, una vez constituido el nuevo Consejo Electoral y reunidas las condiciones necesarias, la expectativa sería que se declarase la vacancia de la Presidencia. A partir de ese momento, según su exposición, se abriría un periodo de seis meses para celebrar los comicios, en una fecha que establecería el nuevo organismo electoral.
Esta explicación plantea una cuestión jurídica que no puede pasar inadvertida.
El artículo 233 de la Constitución de Venezuela regula los supuestos de falta absoluta del presidente. Entre ellos figuran la muerte, la renuncia, la destitución mediante sentencia del Tribunal Supremo, la incapacidad permanente en los términos establecidos por la norma, el abandono del cargo declarado por la Asamblea Nacional y la revocación popular del mandato.
El mismo artículo establece que, si la falta absoluta se produce durante los primeros cuatro años del periodo constitucional, debe celebrarse una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes.
Por tanto, el plazo de seis meses mencionado por Rubio no coincide literalmente con ese supuesto constitucional. La diferencia exige aclarar qué figura jurídica se pretende aplicar, qué autoridad tendría competencia para declarar la falta absoluta y cómo se articularía el calendario electoral.
La Constitución también contempla en su artículo 234 las faltas temporales del presidente, con un periodo inicial de hasta 90 días y una posible prórroga por otros 90 días. No debe confundirse ese régimen con el procedimiento de falta absoluta regulado en el artículo 233.
La hoja de ruta anunciada por Washington necesita, por tanto, una explicación jurídica precisa. La renovación de las instituciones no elimina la obligación de determinar qué disposiciones constitucionales se aplican y quién está legitimado para activar cada procedimiento.
La credibilidad de una futura elección dependerá también de que el proceso respete unas reglas claras y verificables.
Siete millones de venezolanos en el extranjero: el voto de la diáspora
Rubio introdujo otro asunto que puede condicionar la legitimidad de los futuros comicios: la participación de los venezolanos que viven fuera del país.
El secretario de Estado cifró en siete millones el número de venezolanos residentes en el extranjero y preguntó cómo podrán ejercer su derecho al voto si no se habilitan los mecanismos necesarios.
Su referencia se centró especialmente en Estados Unidos. Según explicó, actualmente no hay consulados venezolanos abiertos en territorio estadounidense, lo que dificulta disponer de centros para que los ciudadanos puedan votar.
Rubio aseguró que esta cuestión ya se había abordado con el ministro de Exteriores venezolano en funciones.
La participación de la diáspora no es un asunto secundario. Afecta al censo electoral, a la inscripción de los votantes, a la actualización de datos y a la disponibilidad de centros de votación fuera de Venezuela.
Para resolverlo será necesario concretar, al menos, cuatro cuestiones:
- Registro electoral: facilitar la inscripción y actualización de los datos de los ciudadanos residentes en el extranjero.
- Infraestructura consular: determinar qué sedes diplomáticas podrán prestar servicios electorales y en qué condiciones.
- Garantías de voto: establecer procedimientos verificables para la identificación de los electores y el escrutinio.
- Supervisión: permitir auditorías y mecanismos de observación que aporten confianza sobre la participación exterior.
La reapertura de consulados en Estados Unidos es una de las posibilidades mencionadas por Rubio, pero todavía no se ha anunciado un mecanismo definitivo para garantizar el voto de todos los venezolanos residentes fuera del país.
María Corina Machado y la libertad de la oposición
El regreso de María Corina Machado a Venezuela también forma parte del contexto político descrito por Rubio.
El secretario de Estado destacó que la dirigente opositora y otros representantes habían podido permanecer en el país, comparecer ante los medios y utilizar internet sin que, según su declaración, se produjeran detenciones durante ese periodo.
Para Washington, que los candidatos puedan comunicarse con los ciudadanos constituye una condición imprescindible para cualquier proceso electoral.
La cuestión va más allá de la presencia física de los dirigentes opositores. Una campaña necesita garantías para organizar actos, acceder a los medios de comunicación, difundir propuestas, movilizar simpatizantes y participar en igualdad de condiciones.
La cobertura informativa, la libertad de expresión y la ausencia de represalias políticas serán elementos que deberán evaluarse durante el proceso. También será necesario comprobar que esas garantías se extienden al conjunto de los partidos y candidatos, y no únicamente a determinados representantes.
En paralelo, la Administración estadounidense mantiene contactos con las autoridades interinas y con sectores de la oposición. Associated Press informó el 2 de noviembre de la reunión de Rubio con el ministro de Exteriores venezolano, Oliver Blanco, en Washington. Según la información difundida por el Departamento de Estado, ambos abordaron los avances de las conversaciones de reconciliación y las reformas institucionales necesarias para unas elecciones libres, justas y creíbles.
Washington quiere reducir la influencia de Rusia, China e Irán
Las declaraciones de Rubio también tuvieron una dimensión geopolítica.
El secretario de Estado afirmó que había animado a otros países a implicarse en el proceso venezolano y defendió que una mayor relación con Estados distintos de Rusia, China e Irán podría favorecer la recuperación económica y social del país.
La posición refleja que la transición venezolana no se limita a una reforma electoral. También está vinculada a los intereses estratégicos de Estados Unidos en América Latina y a la influencia que potencias como Moscú, Pekín y Teherán han mantenido en Venezuela.
Washington pretende ampliar la presencia de países con los que mantiene relaciones políticas y económicas más estrechas. Sin embargo, la recuperación venezolana necesitará también estabilidad institucional, seguridad jurídica, inversión, reconstrucción de servicios públicos y garantías para la actividad económica.
El futuro de las relaciones exteriores del país será, por tanto, otro de los asuntos que acompañarán a la transición.
La oposición plantea elecciones en 2027
Las declaraciones de Rubio coinciden con propuestas de sectores opositores que también sitúan las elecciones presidenciales en 2027.
El 9 de noviembre, el dirigente de Primero Justicia Juan Carlos Caldera presentó una hoja de ruta de seis fases para organizar la transición y celebrar comicios durante el tercer trimestre del próximo año.
La propuesta contempla una primera etapa de reformas institucionales y legales entre noviembre y diciembre de 2026, seguida de cambios en el sistema electoral, garantías para los partidos y preparación del proceso de votación.
El calendario planteado por Primero Justicia sitúa la elección presidencial entre agosto y septiembre de 2027. Se trata de una propuesta política de esa formación, no de una convocatoria oficial ni de una fecha aprobada por el Consejo Nacional Electoral.
La coincidencia entre el horizonte temporal de parte de la oposición y la hoja de ruta estadounidense apunta a que 2027 se ha convertido en una referencia para los debates sobre la transición. Pero el calendario dependerá de que se cumplan los compromisos institucionales y de que exista un acuerdo sobre el procedimiento jurídico.
Qué falta para que Venezuela pueda celebrar elecciones presidenciales
A día de hoy, las declaraciones de Rubio permiten identificar varios pasos pendientes, pero no confirman que las elecciones estén convocadas.
Los principales hitos son:
- Renovación del Tribunal Supremo: Washington espera que los nuevos magistrados estén en funciones a mediados de diciembre.
- Constitución de un nuevo CNE: el organismo debería tener carácter administrativo y ofrecer garantías de independencia.
- Definición de la vacancia presidencial: debe aclararse qué autoridad y qué procedimiento permitirían declarar la falta absoluta.
- Calendario electoral: el nuevo órgano electoral tendría que establecer una fecha y publicar las condiciones de la convocatoria.
- Garantías para la oposición y los medios: los candidatos deben poder desarrollar sus actividades políticas y comunicarse libremente con los ciudadanos.
- Voto en el exterior: será necesario resolver la inscripción y participación de los millones de venezolanos que residen fuera del país.
La diferencia entre una hoja de ruta política y una convocatoria electoral efectiva es importante. Mientras no se completen esos pasos, no existe una fecha oficial de votación que pueda darse por confirmada.
Una transición pendiente de garantías y de seguridad jurídica
Marco Rubio ha presentado un calendario que sitúa la renovación del TSJ y del CNE como los primeros grandes objetivos de la transición venezolana. También ha vinculado la convocatoria electoral a una posterior declaración de vacancia presidencial y a un periodo de seis meses para organizar los comicios.
Sin embargo, el proceso tendrá que superar obstáculos institucionales, políticos y jurídicos. La independencia de los nuevos organismos, la participación de la oposición, la libertad de prensa y el voto de los venezolanos en el extranjero serán pruebas esenciales para determinar si el calendario puede convertirse en una elección con garantías.
La cuestión de fondo no es únicamente cuándo votarán los venezolanos, sino bajo qué reglas, con qué instituciones y con qué garantías se reconocerá el resultado. La transición solo podrá considerarse consolidada cuando esos elementos estén definidos y puedan ser comprobados.
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