Dieciséis representantes sindicales abandonaron de madrugada el Ministerio del Interior tras la intervención de la UPR. La protesta estalló al bloquearse las negociaciones para reconocer a ambos cuerpos como profesión de riesgo.
La imagen resulta difícil de ignorar: representantes de la Policía Nacional y la Guardia Civil tuvieron que abandonar la sede del Ministerio del Interior después de encerrarse para reclamar mejores condiciones de jubilación. La protesta terminó de madrugada, con la intervención de agentes de la propia Policía Nacional y fuertes críticas de los representantes sindicales al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.
Los participantes calificaron lo ocurrido de desalojo y denunciaron sentirse «ninguneados» por el Gobierno. El conflicto no surgió de la nada: las organizaciones profesionales aseguran que las conversaciones para mejorar la jubilación y lograr el reconocimiento de ambos cuerpos como profesión de riesgo se han bloqueado después de meses de reuniones.
El Ministerio, por su parte, sostiene que la convocatoria de elecciones generales dificulta avanzar ahora en la negociación, aunque afirma que está dispuesto a retomar el diálogo en la próxima legislatura. La disputa deja una pregunta de fondo: ¿por qué una reivindicación sobre las condiciones de retiro de quienes trabajan en seguridad pública ha acabado en un encierro dentro del propio Ministerio del Interior?
Desalojo de madrugada en el Ministerio del Interior
El encierro comenzó el martes 27 de octubre en la sede de la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente de Interior. Los representantes anunciaron una protesta que definieron como pacífica e indefinida, con la intención de permanecer en el edificio hasta desbloquear las negociaciones.
La movilización terminó durante la madrugada del miércoles 28 de octubre, cuando agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional intervinieron para que los participantes abandonaran las dependencias. Según las informaciones publicadas, eran 16 representantes de sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles.
Tras salir del edificio, Aarón Rivero, secretario general de JUPOL, explicó que habían optado por abandonar la sede de forma pacífica para no comprometer a los compañeros de la UPR y evitar posibles consecuencias legales.
Rivero denunció que se les había advertido de posibles responsabilidades por desobediencia y por la ocupación de un edificio público. Esas manifestaciones corresponden a la versión del dirigente sindical y no equivalen, por sí solas, a una resolución judicial sobre la existencia de una infracción.
La salida no puso fin a la reivindicación. Los representantes insistieron en que seguirán reclamando una mejora de las condiciones de jubilación y el reconocimiento de la Policía Nacional y la Guardia Civil como profesiones de riesgo.
Qué sindicatos y asociaciones participaron en el encierro
La protesta reunió a organizaciones de ambos cuerpos policiales. Entre los sindicatos de la Policía Nacional participaron SUP, JUPOL y UFP. Por parte de la Guardia Civil, secundaron la movilización asociaciones profesionales como AUGC, Jucil, AEGC, ASES-GC, IGC y Unión de Cabos, entre otras organizaciones citadas en las informaciones sobre el encierro.
La acción pretendía aumentar la presión sobre Interior después de que los representantes dieran por fracasada la reunión con la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo. Las organizaciones reclamaban compromisos concretos y garantías de que las mejoras no quedarían supeditadas a la voluntad del próximo Ejecutivo.
La protesta también trasladó a la sede ministerial una reivindicación que los sindicatos consideran histórica: reducir las diferencias en las condiciones de jubilación respecto a otros cuerpos policiales, especialmente policías locales y autonómicas.
El reconocimiento como profesión de riesgo, en el centro del conflicto
El principal objetivo de la movilización es que la Policía Nacional y la Guardia Civil sean reconocidas como profesiones de riesgo y que ese reconocimiento se traduzca en condiciones de jubilación más favorables.
Los representantes sostienen que el trabajo policial implica riesgos y exigencias que deberían reflejarse en el momento del retiro. Reclaman mejoras en las condiciones económicas de la jubilación y una equiparación con otros cuerpos que, según las organizaciones, disfrutan de condiciones más ventajosas.
No se trata únicamente de una discusión sobre la edad de retiro. La controversia incluye el cálculo de las pensiones, las bases reguladoras y las diferencias entre los regímenes que afectan a los funcionarios. La situación concreta de cada agente depende de su encuadramiento y de la normativa aplicable, por lo que no todos los casos tienen necesariamente las mismas condiciones.
Las organizaciones policiales insisten en que el reconocimiento de profesión de riesgo debe traducirse en medidas efectivas, y no quedarse en declaraciones generales sobre la singularidad de su trabajo.
Las negociaciones avanzaban en septiembre, pero quedaron bloqueadas
Uno de los elementos que explica el malestar sindical es el contraste entre los avances anunciados semanas antes y la ruptura posterior del diálogo.
Tras una reunión de la mesa técnica celebrada el 23 de septiembre, los representantes informaron de que la negociación avanzaba a «buen ritmo» y de que la Secretaría de Estado de Seguridad había aceptado estudiar novedades que consideraban relevantes para mejorar la jubilación.
Entre las propuestas mencionadas figuraban cambios para los funcionarios encuadrados en los grupos C1 y A2. Según la información difundida por los sindicatos, el objetivo para el grupo C1 era situar la pensión anual en torno a 39 000 euros, mientras que para el grupo A2 se planteaba alcanzar la pensión máxima tanto en el Régimen General de la Seguridad Social como en el sistema de Clases Pasivas.
Estas cantidades se presentaron como parte de las propuestas debatidas, no como pensiones ya aprobadas ni como derechos garantizados para todos los agentes. Las organizaciones mantuvieron diferencias sobre el alcance de los avances y advirtieron de que todavía no existía un acuerdo definitivo.
El encierro llegó después de que los representantes consideraran insuficiente la respuesta recibida en la reunión del martes. La falta de un compromiso cerrado fue el detonante de una protesta que pasó de la mesa de negociación a las dependencias ministeriales.
La explicación de Interior: las elecciones impiden avanzar ahora
El Ministerio del Interior atribuye el bloqueo a la convocatoria de elecciones generales prevista para el 29 de noviembre de 2026. Según la versión trasladada por fuentes ministeriales, el calendario electoral no permite seguir avanzando en este momento en las negociaciones sobre la jubilación de policías nacionales y guardias civiles.
Interior sostiene que ha trabajado para mejorar las condiciones de ambos colectivos y recuerda que la singularidad profesional de su actividad —por su carácter especialmente penoso, peligroso e insalubre— ya ha sido reconocida en el marco retributivo.
El departamento también señala que la mesa técnica se abrió el 29 de abril y que desde entonces se celebraron seis reuniones. Su posición es que el diálogo puede continuar en la próxima legislatura con el objetivo de culminar el proceso.
Esta explicación no ha convencido a las organizaciones movilizadas. Los sindicatos reclaman que el proceso no quede paralizado por el calendario político y que las conversaciones concluyan con compromisos concretos y garantías jurídicas.
El desacuerdo enfrenta, por tanto, dos posiciones: Interior sostiene que la proximidad de las elecciones limita el margen para avanzar, mientras que los representantes policiales consideran que los meses de reuniones deberían haber producido ya resultados más definidos.
Los agentes denuncian sentirse «ninguneados» por el Gobierno
Tras abandonar el edificio, Aarón Rivero acusó al Ministerio de haber tratado injustamente a los representantes y aseguró que la reivindicación seguía plenamente vigente.
El dirigente de JUPOL criticó que se recurriera a agentes de la UPR para desalojar a compañeros que reclamaban mejores condiciones profesionales. También afirmó que los representantes habían decidido salir pacíficamente para evitar poner a esos agentes en una situación comprometida.
Las declaraciones reflejan el deterioro de la relación entre las organizaciones convocantes y la Secretaría de Estado de Seguridad. La intervención de la UPR convirtió una disputa sobre pensiones en una imagen de confrontación entre integrantes de las propias fuerzas de seguridad.
Conviene distinguir, no obstante, entre los hechos conocidos y las valoraciones de los participantes: el abandono de la sede y la intervención policial están recogidos en las informaciones publicadas; expresiones como «ninguneados» describen la percepción y la denuncia de los representantes sindicales.
Una reivindicación que va más allá del encierro
La salida del Ministerio no ha resuelto la cuestión de fondo. Los sindicatos y asociaciones sostienen que seguirán exigiendo el reconocimiento de la profesión de riesgo y una mejora efectiva de las condiciones de jubilación.
El conflicto también pone de relieve la necesidad de aclarar qué medidas están realmente acordadas, cuáles continúan en fase de negociación y qué calendario puede seguir el proceso después de las elecciones.
Para los agentes, la prioridad es que las propuestas sobre las pensiones se conviertan en compromisos verificables. Para Interior, el diálogo deberá continuar cuando las circunstancias políticas permitan retomar las conversaciones.
La crisis deja una cuestión abierta para el Gobierno de Grande-Marlaska: si la Administración reconoce la singularidad y los riesgos del trabajo policial, ¿qué medidas concretas está dispuesta a aprobar para que ese reconocimiento se traduzca en una jubilación considerada digna por los propios agentes?
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