Un antiguo sargento asegura haber identificado a responsables de la Administración marroquí dando órdenes cerca de la frontera. La Audiencia Nacional investiga si hubo una actuación coordinada durante la entrada masiva de julio.
La investigación judicial sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta da un nuevo paso. Un exmilitar marroquí ha identificado ante la Policía Nacional al supuesto número dos del delegado de Interior en Tetuán, a quien afirma haber visto dando órdenes en las inmediaciones de la frontera durante los acontecimientos del pasado julio.
Su testimonio se suma al de otros ciudadanos marroquíes que han reconocido en fotografías a funcionarios y agentes desplegados en la zona. La causa, dirigida por la magistrada María Tardón, de la Audiencia Nacional, trata de esclarecer si la actuación de determinadas autoridades marroquíes contribuyó a facilitar el cruce masivo hacia territorio español.
La investigación plantea interrogantes de gran importancia para la seguridad fronteriza y las relaciones entre España y Marruecos. Pero hay una distinción esencial: las identificaciones realizadas por los testigos constituyen indicios que deben investigarse, no una prueba definitiva de que los cargos señalados organizaran la entrada masiva.
La declaración del exmilitar y las identificaciones policiales
Según la información publicada por EL ESPAÑOL, el antiguo sargento declaró ante la Policía Nacional a mediados de octubre. Durante su testimonio, identificó a dos personas: el supuesto número dos del delegado de Interior en Tetuán y un individuo al que atribuyó una función equivalente a la de jefe superior de Policía de esa ciudad.
Por separado, otro antiguo militar marroquí que desertó reconoció en una fotografía a un teniente de las Fuerzas Auxiliares destinado en la zona fronteriza de El Tarajal, a quien situó entre las personas presentes durante la entrada masiva.
Estas declaraciones forman parte de una investigación más amplia. La Policía Nacional ha analizado fotografías, vídeos y otros materiales para identificar a personas que presuntamente facilitaron o permitieron el paso de migrantes hacia Ceuta.
No obstante, los testimonios deben valorarse junto con el resto de las pruebas. Identificar a un funcionario en el lugar de los hechos no demuestra, por sí solo, que participara en su organización.
Los vídeos y los informes policiales que examina la Audiencia Nacional
La investigación cuenta también con material audiovisual grabado durante los acontecimientos del 30 y 31 de julio de 2026.
Según RTVE, los informes policiales describen a agentes marroquíes uniformados que permanecían pasivos mientras avanzaban los migrantes y a otros que presuntamente realizaban gestos para indicarles la dirección hacia la frontera. También se hace referencia a personas de paisano que observaban la situación y hablaban por teléfono.
El material no se limita a las declaraciones de los testigos. La Policía ha utilizado imágenes procedentes de medios de comunicación y redes sociales para reconstruir los movimientos en las inmediaciones de la frontera.
La jueza María Tardón trata de determinar si esos comportamientos respondían a una actuación coordinada o si existieron otras circunstancias que expliquen lo ocurrido. La investigación judicial sigue abierta y, según la información publicada por EL PAÍS, todavía no se había dirigido formalmente contra una persona concreta.
La jueza reclama documentos sobre la actuación de Marruecos y del Gobierno español
Uno de los aspectos más relevantes del procedimiento es la petición de información a los organismos españoles que intervinieron en la gestión de la crisis.
La magistrada ha solicitado al Gobierno la desclasificación de documentos relacionados con los acontecimientos, incluidos informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y comunicaciones sobre las alertas previas a la entrada masiva. Según las informaciones publicadas el 27 de octubre, concedió un plazo de 15 días para aportar documentación que considera necesaria para avanzar en las pesquisas.
La investigación no se limita a examinar la posible actuación de autoridades marroquíes. También busca esclarecer qué información tenían las instituciones españolas antes del cruce, qué avisos recibieron y cómo respondieron los responsables de seguridad.
El Ministerio del Interior ha sostenido que no recibió alertas que anticiparan la magnitud concreta de la entrada masiva, mientras que otros informes y testimonios apuntan a que existían advertencias previas sobre la posibilidad de un cruce importante. Contrastar esas versiones es una de las tareas pendientes de la instrucción.
Una crisis fronteriza con consecuencias para Ceuta
La entrada masiva de julio tuvo consecuencias que fueron más allá del control fronterizo. El Gobierno de Ceuta trasladó a la jueza que la crisis generó gastos extraordinarios estimados en 45 millones de euros, relacionados, entre otras cuestiones, con seguridad, limpieza y atención a las personas llegadas a la ciudad.
El episodio también puso de manifiesto la presión que puede soportar una ciudad autónoma con una frontera terrestre y marítima con Marruecos. La gestión de los flujos migratorios requiere coordinación entre las fuerzas de seguridad, los servicios de emergencia y las administraciones responsables de la acogida.
Por eso, la investigación tiene dos dimensiones: esclarecer si hubo actuaciones irregulares por parte de agentes o autoridades y determinar si las instituciones españolas disponían de información suficiente para preparar una respuesta adecuada.
Qué puede demostrar la investigación
La causa deberá distinguir entre la presencia de funcionarios en la frontera, la posible facilitación del paso y una eventual participación deliberada en la organización de la entrada masiva. Son hechos diferentes y cada uno exige pruebas específicas.
Para avanzar, la instructora tendrá que contrastar los testimonios con los documentos oficiales, las imágenes y las comunicaciones entre los organismos implicados. También será relevante conocer si las personas identificadas ofrecen explicaciones sobre su presencia y su comportamiento.
Por ahora, los indicios conocidos justifican que se investigue la actuación de determinados agentes, pero no permiten atribuir responsabilidades penales definitivas.
La pregunta central es si la entrada masiva fue aprovechada, facilitada o coordinada por determinados responsables, y qué sabían las autoridades españolas antes de que se produjera. La respuesta dependerá de las pruebas que se incorporen a la causa y de las conclusiones de la Audiencia Nacional.
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