La entidad licita un contrato de dos años para realizar seguimientos individuales a trabajadores protegidos por la mutua. Los detectives podrán documentar desplazamientos, actividades y encuentros mediante fotografías y vídeos.
La vigilancia de las bajas laborales llega a una nueva licitación en Canarias. La Mutua de Accidentes de Canarias (MAC) busca contratar servicios de investigación privada por un importe máximo de 150.000 euros sin IGIC, que asciende a 160.500 euros con el impuesto, para los próximos dos años.
El contrato permitirá encargar seguimientos individualizados de trabajadores asegurados o protegidos por la entidad cuando existan circunstancias que justifiquen comprobar situaciones relacionadas con incapacidades temporales, lesiones, secuelas o incapacidades permanentes. La licitación no contempla una vigilancia generalizada de todos los trabajadores de baja del Archipiélago: cada investigación deberá responder a un encargo concreto de la Mutua.
La iniciativa abre un debate sobre el control del absentismo, la protección de los recursos destinados a las prestaciones y los límites de la intimidad de los trabajadores. La cuestión central será garantizar que cualquier investigación se realice con justificación y dentro de los límites legales.
Un contrato de 150.000 euros para investigar bajas y lesiones
La MAC ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público un acuerdo marco de dos años para contratar servicios de detectives privados. El presupuesto máximo asciende a 150.000 euros sin IGIC, equivalentes a 160.500 euros con el impuesto incluido.
La licitación establece un sistema de pago por servicios efectivamente realizados. Por tanto, la Mutua no abonará automáticamente los 150.000 euros ni está obligada a consumir todo el presupuesto: pagará cada actuación conforme a los precios unitarios que oferten los adjudicatarios.
El plazo de presentación de ofertas concluye el 12 de noviembre de 2026 a las 14:00 horas, según la información publicada por Atlántico Hoy el 5 de noviembre.
El contrato busca disponer de profesionales que puedan investigar situaciones concretas cuando la entidad considere necesario comprobar las circunstancias de una baja, una lesión o una incapacidad.
Qué situaciones quiere investigar la Mutua de Accidentes de Canarias
El objeto principal del expediente es obtener información sobre situaciones relacionadas con la incapacidad temporal, las secuelas de accidentes, las dolencias y las enfermedades de trabajadores protegidos por la MAC.
Los pliegos contemplan, entre otros supuestos:
- Comprobar circunstancias relacionadas con una baja laboral.
- Verificar lesiones y posibles secuelas derivadas de accidentes de trabajo.
- Investigar situaciones vinculadas a una incapacidad permanente antes de solicitar su reconocimiento.
- Revisar circunstancias de personas que ya tengan reconocida una incapacidad permanente.
- Obtener información sobre posibles actividades incompatibles con la situación declarada, como trabajar mientras se está de baja.
El pliego técnico utiliza como ejemplo de resultado positivo que el seguimiento constate que una persona trabaja mientras se encuentra de baja o que realiza actividades relevantes para valorar una incapacidad permanente.
La documentación también menciona la investigación de despidos dentro del ámbito laboral. Sin embargo, el modelo de encargo administrativo desarrolla principalmente actuaciones relacionadas con lesiones, accidentes laborales e incapacidades. No concreta cómo se aplicarían las investigaciones a los despidos.
La licitación no identifica a las empresas asociadas ni el número de trabajadores que podrían ser objeto de seguimiento. Tampoco establece una cifra de investigaciones que la Mutua tenga previsto encargar.
Fotografías, vídeos y seguimiento de los desplazamientos
Uno de los aspectos más sensibles del contrato es el alcance de las actuaciones que podrán realizar los detectives.
Los seguimientos podrán desarrollarse en cualquiera de las islas de las provincias de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, siempre que existan trabajadores protegidos por la entidad.
El pliego contempla la observación directa de la persona investigada y la elaboración de informes sobre sus movimientos y actividades. Entre los elementos que podrán documentarse figuran:
- Desplazamientos y lugares visitados.
- Actividades realizadas durante el seguimiento.
- Personas con las que se encuentre el trabajador.
- Fotografías y grabaciones de vídeo.
- Cronología de los hechos observados, con fechas, horas y lugares.
La duración ordinaria máxima prevista es de cuatro jornadas de ocho horas, consecutivas o alternas. El periodo podrá ampliarse si existe autorización expresa del responsable del procedimiento.
El contrato establece además plazos para iniciar las investigaciones. En Tenerife y Gran Canaria, el seguimiento deberá comenzar como máximo dos días naturales después del encargo. En las demás islas, el límite será de tres días. Para los casos considerados urgentes, los plazos se reducen a 24 horas en las islas capitalinas y 48 horas en el resto.
La prestación no tiene un horario general fijado en el pliego, por lo que las actuaciones deberán adaptarse a las circunstancias de cada encargo.
Informes para posibles procedimientos judiciales
Los detectives deberán entregar informes con una conclusión y una descripción cronológica de los hechos observados. La documentación tendrá que recoger las circunstancias del seguimiento y permitir identificar cuándo y dónde se produjeron las observaciones.
Los plazos de entrega previstos son:
- 24 horas para los informes con resultado negativo.
- 48 horas para los informes con resultado positivo.
Estos plazos se cuentan desde la última jornada de seguimiento.
El material audiovisual deberá conservar sus metadatos y contar con un registro de custodia. El objetivo es que pueda reproducirse y, cuando corresponda, ratificarse ante un órgano judicial.
Los profesionales que elaboren los informes también podrán tener que comparecer ante los juzgados si así lo solicita la Asesoría Jurídica de la Mutua. El contrato prevé una compensación específica por esa asistencia.
Conviene distinguir entre el resultado de una investigación y sus consecuencias jurídicas. Que un seguimiento sea calificado como positivo no significa automáticamente que exista fraude, ni supone por sí mismo la retirada de una prestación o la declaración de una infracción. La información obtenida deberá valorarse conforme a las circunstancias del caso y los procedimientos que correspondan.
Cuánto cobrará cada detective por los seguimientos
El acuerdo marco establece importes máximos diferentes según el tipo de investigación y el resultado obtenido.
| Tipo de investigación | Resultado positivo | Resultado negativo |
|---|---|---|
| Verificación de lesiones o accidentes de trabajo | 700 € | 200 € |
| Verificación relacionada con incapacidad permanente | 1.600 € | 200 € |
El expediente contempla también el pago de horas adicionales y una compensación de 200 euros por día de asistencia a juicio para ratificar un informe.
Los gastos de desplazamiento, alojamiento y determinadas dietas se abonan por separado, con los límites y justificantes establecidos en los pliegos.
El sistema elegido es un acuerdo marco. Si existe suficiente concurrencia, la MAC podrá adjudicarlo a los cinco licitadores mejor clasificados. Los encargos posteriores podrán distribuirse sin abrir una nueva licitación en los supuestos previstos, atendiendo a criterios como la disponibilidad, la urgencia, la zona geográfica y la relación entre seguimientos positivos y servicios realizados.
Este último criterio introduce un elemento relevante en el funcionamiento del contrato: la adjudicación de los encargos podrá tener en cuenta la eficacia de los seguimientos, según las condiciones recogidas en el expediente.
El presupuesto supera el gasto de años anteriores
La memoria económica incluida en la licitación aporta referencias sobre el gasto de la Mutua en este tipo de servicios durante los dos últimos años.
Según esos datos, el promedio de gasto fue de 27.230,33 euros. El ejercicio con mayor facturación alcanzó los 56.847,91 euros.
Para el nuevo acuerdo, la MAC calcula un gasto máximo de 75.000 euros anuales. Esa previsión supone un incremento del 31,93 % respecto al año de mayor facturación citado en la memoria.
La comparación debe interpretarse con cautela: el presupuesto máximo no equivale al gasto que necesariamente se ejecutará. El desembolso real dependerá del número de investigaciones encargadas, de los precios adjudicados y de los servicios que finalmente se presten.
La licitación amplía, en cualquier caso, la capacidad de la entidad para recurrir a detectives privados durante los próximos dos años.
Las bajas laborales en Canarias, en el centro del debate
La contratación llega en un contexto de preocupación empresarial y sanitaria por la duración y el volumen de las incapacidades temporales.
Según las cifras recogidas por Atlántico Hoy, en 2025 se iniciaron más de 467.000 procesos de incapacidad temporal en Canarias. La incidencia media mensual rondó los 44 procesos por cada mil trabajadores protegidos, una de las tasas más elevadas del país.
Es importante precisar que se trata de procesos y no necesariamente de personas distintas: un mismo trabajador puede iniciar más de un proceso de incapacidad temporal durante el año.
El debate sobre las bajas laborales enfrenta distintas perspectivas. Las organizaciones empresariales reclaman medidas para reducir el absentismo y agilizar los procedimientos, mientras que sindicatos y representantes sanitarios insisten en que las demoras asistenciales y las condiciones de trabajo también influyen en la duración de las incapacidades.
La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, planteó en julio la creación de una mesa de trabajo con la patronal y puso el foco en las bajas relacionadas con problemas de salud mental leve. También defendió que acelerar pruebas diagnósticas e intervenciones podría contribuir a reducir las incapacidades prolongadas.
Por su parte, Pedro Ortega, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, señaló que el problema supera el ámbito estrictamente empresarial y mencionó los retrasos en pruebas, consultas, rehabilitación e intervenciones.
UGT y CCOO también han reclamado reducir los tiempos de espera, aunque defienden que el análisis del absentismo debe incluir la prevención de riesgos laborales, la salud mental y las condiciones de trabajo.
El límite entre combatir el fraude y proteger la intimidad
La contratación de detectives privados para investigar bajas laborales plantea una cuestión que va más allá del presupuesto: cómo comprobar posibles irregularidades sin vulnerar los derechos de los trabajadores.
La legislación española permite la investigación privada dentro de determinados límites. La Ley 5/2014, de Seguridad Privada, regula la actividad de los detectives y establece condiciones para que puedan investigar hechos relacionados con el ámbito laboral y económico. La legitimidad de cada actuación depende, entre otros factores, de que exista un interés legítimo y de que los medios utilizados respeten los derechos fundamentales.
La vigilancia no puede convertirse en una autorización general para invadir la intimidad. Tampoco cualquier actividad cotidiana realizada durante una baja demuestra que el trabajador esté en condiciones de reincorporarse. La valoración debe atender a la dolencia concreta, las limitaciones médicas y las exigencias de la actividad observada.
Por eso, los informes de los detectives pueden aportar elementos de comprobación, pero no sustituyen automáticamente la valoración médica ni las decisiones de los organismos competentes.
El reto para la MAC será utilizar estos recursos de manera proporcionada y documentada. Para los trabajadores, la garantía esencial es que una investigación no se convierta en una presunción automática de fraude.
Una licitación que abre interrogantes sobre el control de las bajas
La Mutua de Accidentes de Canarias ha puesto sobre la mesa un contrato de hasta 150.000 euros para reforzar las investigaciones privadas relacionadas con bajas, lesiones e incapacidades. El acuerdo tendrá una duración de dos años y permitirá contratar seguimientos individuales en todo el Archipiélago.
La entidad justifica el servicio mediante la necesidad de comprobar situaciones concretas y disponer de informes que puedan utilizarse en procedimientos administrativos o judiciales. La contratación, sin embargo, también obliga a vigilar que el control se realice con garantías y sin confundir una actividad observada con una prueba automática de fraude.
En una comunidad donde las bajas laborales generan preocupación por su volumen y duración, la pregunta no es únicamente cuánto se destinará a investigar. También importa cómo se justificará cada seguimiento, qué garantías protegerán al trabajador y qué resultados concretos obtendrá la Mutua.
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