La Fiscalía acusa a un hombre de cobrar por casarse con una mujer en República Dominicana y presentar después documentación ante la Subdelegación del Gobierno. Pide un año y medio de prisión, dos multas y su expulsión de España durante cinco años.
Un matrimonio celebrado en la República Dominicana, una solicitud de residencia presentada en Ourense y una declaración jurada que, según la Fiscalía, no se ajustaba a la realidad. Esos son los elementos centrales de una causa judicial que vuelve a poner el foco en el uso fraudulento de los procedimientos de extranjería.
El juicio contra Juan Gabriel A. M., acusado de organizar un supuesto matrimonio de conveniencia a cambio de dinero para facilitar la residencia de una mujer en España, quedó suspendido el jueves 5 de noviembre en la plaza 1 de la sección penal del Tribunal de Instancia de Ourense. El órgano judicial tendrá que señalar una nueva fecha para la vista.
El Ministerio Fiscal sostiene que el enlace no respondía a una relación matrimonial real, sino a un acuerdo económico cuyo objetivo era conseguir para la mujer una autorización de residencia por reagrupación familiar. Por estos hechos, reclama un año y seis meses de prisión, dos multas económicas y la expulsión del acusado del territorio español, con una prohibición de entrada durante cinco años.
La Fiscalía sitúa el supuesto fraude en un matrimonio celebrado en 2021
Según el escrito de acusación, el origen de la operación se encuentra en la República Dominicana, donde el procesado contrajo matrimonio con una mujer el 11 de marzo de 2021. La Fiscalía afirma que el enlace se celebró a cambio de una cantidad de dinero que no ha sido determinada y que ambos habrían recurrido a esa fórmula con el propósito de conseguir una autorización legal de residencia para ella.
La acusación sostiene que el matrimonio no respondía a un proyecto de vida en común, sino a una operación diseñada para utilizar la vía de la reagrupación familiar. El supuesto acuerdo habría permitido presentar a la mujer como cónyuge del acusado ante las autoridades españolas.
La clave de la causa no está únicamente en la existencia de ese enlace, sino en los documentos que posteriormente se incorporaron al expediente administrativo. El Ministerio Público considera que el acusado habría utilizado información falsa para conseguir que la Administración concediera una autorización de residencia que, de acuerdo con su versión, no correspondía a la situación real de la pareja.
La solicitud presentada en la Subdelegación del Gobierno de Ourense
El 5 de septiembre de 2022, el acusado acudió a la Subdelegación del Gobierno en Ourense para tramitar una autorización de residencia temporal por reagrupación familiar a favor de la mujer.
Para respaldar la petición, presentó el certificado de matrimonio expedido en la República Dominicana. También firmó una declaración jurada en la que afirmaba que no residía con él en España ningún otro cónyuge o pareja.
Según la Fiscalía, el investigado conocía que el contenido de los documentos aportados al expediente no se correspondía con la realidad. Esa supuesta falsedad es uno de los pilares de la acusación penal.
La Administración concedió inicialmente la autorización solicitada. El 24 de noviembre de 2022, una resolución reconoció a la mujer el derecho a una autorización de residencia temporal inicial por reagrupación familiar.
Sin embargo, la concesión no puso fin al asunto. Las investigaciones policiales posteriores detectaron indicios de que el matrimonio se habría utilizado como instrumento para obtener esa autorización. La Fiscalía sostiene que la operación permitió que el expediente prosperase inicialmente mediante una apariencia documental que no reflejaba la verdadera relación entre los implicados.
Dos delitos en la acusación: falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal
El Ministerio Público atribuye al procesado dos delitos: falsificación en documento público u oficial cometida por particular y favorecimiento de la inmigración ilegal, en concurso medial.
La primera acusación se refiere a la documentación presentada ante la Administración. La Fiscalía considera que el certificado matrimonial y, especialmente, la declaración jurada formaron parte de un expediente en el que se habría incorporado información que no se correspondía con los hechos.
El segundo delito está relacionado con la supuesta utilización de ese procedimiento para facilitar una autorización de residencia mediante un engaño. La acusación entiende que la actuación no fue una simple irregularidad administrativa, sino una conducta que debe tener consecuencias penales.
Conviene subrayar que estas imputaciones forman parte del escrito de acusación y todavía deben ser examinadas por el tribunal. El procesado no puede ser considerado culpable mientras no exista una sentencia condenatoria firme. La Fiscalía tendrá que acreditar los hechos y la responsabilidad que atribuye al acusado durante el procedimiento judicial.
Las penas que reclama el fiscal: cárcel, 3 240 euros en multas y expulsión
La petición del Ministerio Fiscal incluye distintas sanciones económicas y una medida de expulsión del territorio español.
Por el supuesto delito de falsedad documental, solicita:
- Un año y seis meses de prisión.
- Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
- Una multa de nueve meses, con una cuota diaria de seis euros, que asciende a 1 620 euros.
Por el delito de favorecimiento de la inmigración ilegal, reclama una segunda multa de nueve meses con la misma cuota diaria, otros 1 620 euros.
En conjunto, las dos multas sumarían 3 240 euros, sin incluir las costas procesales que también solicita la acusación pública.
Además, la Fiscalía plantea que la pena de prisión sea sustituida por la expulsión del acusado de España, con una prohibición de regresar durante cinco años. Se trata de una petición del Ministerio Público, no de una decisión judicial ya adoptada.
El juicio vuelve a quedar pendiente en los tribunales de Ourense
La vista prevista para el jueves 5 de noviembre no llegó a celebrarse y quedó suspendida. El tribunal deberá fijar una nueva fecha para que el acusado pueda sentarse en el banquillo y se examinen las pruebas y argumentos de las partes.
La causa ya había aparecido en la actualidad judicial de Ourense durante los meses anteriores. En abril, distintas informaciones sobre el procedimiento recogían que la Fiscalía solicitaba la expulsión del procesado y que se había planteado la celebración del juicio para noviembre. La suspensión de la última convocatoria obliga ahora a esperar a un nuevo señalamiento.
La resolución del caso tendrá que aclarar si existió realmente un matrimonio simulado, si la documentación presentada fue utilizada de forma consciente para engañar a la Administración y si los hechos encajan en los delitos que sostiene la acusación.
Los matrimonios de conveniencia y el control de los expedientes de residencia
Los matrimonios de conveniencia plantean un problema para los procedimientos administrativos cuando se utilizan para obtener derechos que dependen de la existencia de una relación familiar real. La reagrupación familiar es una vía legal para que determinados familiares de residentes puedan reunirse con ellos en España, pero su utilización exige cumplir los requisitos establecidos por la normativa.
Un documento matrimonial extranjero puede formar parte de un expediente administrativo, pero su presentación no impide que las autoridades investiguen posibles indicios de simulación o falsedad. La documentación debe corresponderse con la realidad y las declaraciones realizadas ante la Administración pueden tener consecuencias si se acredita que fueron deliberadamente falsas.
En este caso, la controversia judicial se centra en determinar si el acusado cobró por formalizar un matrimonio sin una relación auténtica y si después utilizó esa apariencia para conseguir una autorización de residencia. No se trata de cuestionar la reagrupación familiar como procedimiento legal, sino de esclarecer si se instrumentalizó para obtener un beneficio administrativo mediante un engaño.
La causa sigue pendiente de juicio. Hasta que el tribunal se pronuncie, las acusaciones deberán mantenerse en el terreno de las hipótesis que sostiene la Fiscalía. La nueva fecha de la vista será el siguiente paso para determinar si los hechos denunciados terminan acreditándose ante la Justicia.
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