El Gobierno de España, conformado por el PSOE y Sumar, ha presentado un borrador de Real Decreto-ley de vivienda con propuestas para modificar el mercado del alquiler. El documento, fechado el 21 de julio y al que ha tenido acceso Libre Mercado, propone medidas que afectan a las relaciones entre propietarios e inquilinos.
Entre las principales novedades, se plantea la suspensión de los desahucios para inquilinos en situación de vulnerabilidad, certificada mediante informes de servicios sociales o criterios específicos. Esta suspensión se mantendría hasta que la administración pública ofrezca una alternativa habitacional, lo que podría prolongar indefinidamente el proceso de lanzamiento.
El borrador incluye también una compensación para los propietarios afectados por estas suspensiones, similar a la vigente, aunque con restricciones que excluyen a los llamados «grandes tenedores». La administración autonómica asumiría los gastos derivados desde la suspensión del proceso judicial.
Otra medida contempla que el derecho de tanteo y retracto sea irrenunciable, impidiendo que el propietario pacte su renuncia con el inquilino. Además, se prohíbe repercutir impuestos como el IBI al arrendatario, incluso si ambas partes están de acuerdo.
El texto establece un procedimiento para que el inquilino pueda realizar reparaciones que afecten a la habitabilidad de la vivienda y descontar el coste de la renta si el propietario no responde en un plazo de quince días naturales. El propietario debe conservar la vivienda en condiciones habitables y responder en cinco días hábiles ante solicitudes de reparación.
En cuanto a los contratos de alquiler temporales, la carga de la prueba para justificar la temporalidad recaerá en el propietario. En caso de no demostrarla adecuadamente, el contrato será considerado de vivienda habitual con todas las protecciones legales. Los alquileres por habitaciones se incorporan al régimen general de vivienda.
El Gobierno prevé aprobar el Real Decreto-ley en el Consejo de Ministros previsto para el martes siguiente a la publicación del borrador. Una vez aprobado, la norma se someterá a votación en el Congreso de los Diputados, donde podría ser ratificada, modificada o rechazada.
Estas propuestas buscan regular con mayor detalle el mercado del alquiler, afectando a derechos y obligaciones de arrendadores y arrendatarios, así como a la gestión administrativa de los procesos relacionados con la vivienda en España.


