El Tribunal Supremo rechaza suspender su voto para el 29-N por las dificultades materiales para identificarlos antes de las elecciones, mientras mantiene la batalla judicial sobre el origen de estas nacionalizaciones.
La decisión del Supremo abre una nueva grieta en la polémica sobre el voto exterior. El alto tribunal permitirá votar a 189.678 hijos mayores de edad de personas nacionalizadas mediante la denominada Ley de Nietos, aunque mantiene suspendidos los efectos electorales de parte de las nacionalizaciones de sus progenitores.
El Supremo permite votar a los hijos de los nacionalizados
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo rechazó el 9 de noviembre las medidas cautelares solicitadas por Vox e Iustitia Europa para extender a los hijos la suspensión del derecho de sufragio que ya afecta a determinados beneficiarios de la Ley de Memoria Democrática.
La consecuencia inmediata es clara: los 189.678 hijos incluidos en este colectivo podrán votar en las elecciones generales del 29 de noviembre, salvo que concurra alguna circunstancia individual que determine lo contrario.
El tribunal no ha resuelto todavía el fondo del litigio. Su decisión es cautelar y se refiere específicamente a si era posible suspender el voto de este colectivo antes de la convocatoria electoral.
La diferencia respecto a sus progenitores resulta fundamental.
El Supremo ya había acordado suspender cautelarmente los efectos electorales de determinadas nacionalizaciones vinculadas a la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, en concreto las correspondientes al supuesto de descendientes de españoles exiliados que está siendo cuestionado judicialmente.
La razón decisiva: no había tiempo para identificar a los afectados
Según la información publicada por Libertad Digital, fuentes jurídicas consultadas por el medio consideran que la decisión del Supremo responde fundamentalmente a un problema práctico y de ejecución, más que a una conclusión definitiva sobre la legalidad del voto de los hijos.
La propia resolución tiene en cuenta las dificultades existentes para aplicar una suspensión sobre un colectivo de casi 190.000 personas cuando faltaban apenas unas semanas para las elecciones.
La cuestión no era simplemente determinar si debía suspenderse el voto. Había que identificar individualmente a las personas afectadas, comprobar su situación censal y trasladar las instrucciones necesarias a las administraciones electorales y consulares.
Una medida cautelar que no pudiera ejecutarse correctamente habría generado un problema adicional de seguridad jurídica en pleno proceso electoral.
Un voto particular defendió suspender también el sufragio
La decisión no fue unánime.
El magistrado Antonio Fonseca-Herrero formuló un voto particular discrepante y defendió que la suspensión debía extenderse también a los hijos del colectivo afectado.
Su posición parte de una cuestión central del procedimiento: si existen dudas suficientes sobre la forma en que se produjo la nacionalización de los progenitores y sobre sus efectos electorales, esas dudas podrían tener consecuencias sobre quienes adquirieron posteriormente la nacionalidad a través de ellos.
La resolución mayoritaria, sin embargo, optó por no aplicar esa suspensión a los hijos antes del 29-N.
Según la información publicada por Libertad Digital, la ponencia fue redactada por el magistrado Manuel Delgado-Iribarren y recibió el respaldo de cuatro de los seis magistrados de la Sección.
La Ley de Nietos vuelve al centro de la batalla electoral
La polémica tiene su origen en la aplicación de la denominada Ley de Nietos, nombre con el que se conoce a la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática.
Esta norma permitió optar a la nacionalidad española de origen a determinados descendientes de españoles, entre ellos personas vinculadas a españoles que tuvieron que exiliarse.
El plazo general para presentar solicitudes terminó el 22 de octubre de 2025, aunque los expedientes con determinados trámites iniciados dentro de plazo continúan siendo objeto de tramitación.
La controversia judicial no cuestiona de manera general la nacionalidad española de todas las personas que la obtuvieron al amparo de la norma.
El litigio se concentra en determinados supuestos de adquisición de nacionalidad y, especialmente, en sus efectos electorales.
Este matiz es importante porque afirmar que el Supremo ha anulado o cuestionado todas las nacionalizaciones obtenidas mediante la Ley de Nietos sería incorrecto.
El Supremo ha detectado indicios de posibles irregularidades
La gravedad del procedimiento procede de los propios pronunciamientos del Tribunal Supremo.
En una resolución anterior, la Sala afirmó que, conforme avanzaba la tramitación de las medidas cautelares, apreciaba «indicios racionales de presuntas irregularidades de gran relevancia» en la configuración del Censo Electoral de Residentes Ausentes, conocido como CERA.
Esa afirmación explica por qué el asunto ha adquirido una dimensión política extraordinaria.
No obstante, la existencia de indicios no equivale a una sentencia firme que declare irregular todo el proceso de nacionalización.
La decisión definitiva sobre el fondo del litigio todavía está pendiente.
189.678 personas quedan en el centro de la controversia
La cifra de 189.678 es uno de los elementos más relevantes de la decisión.
Se trata de los hijos mayores de edad que quedan fuera de la suspensión cautelar aplicada a sus progenitores.
La importancia electoral del colectivo depende, entre otros factores, de cuántos estén efectivamente inscritos en el CERA, de su distribución territorial y de cuántos ejerzan finalmente su derecho al voto.
Iustitia Europa sostiene que esa distribución podría tener relevancia en circunscripciones donde el último escaño se decida por una diferencia reducida de votos.
Pero existe una diferencia esencial entre el tamaño potencial del colectivo y su impacto electoral real.
No puede afirmarse que las 189.678 personas vayan a votar ni que su participación vaya a modificar el resultado de las elecciones.
De hecho, Libertad Digital recoge una estimación de fuentes jurídicas según la cual la participación podría rondar el 20 %, aunque se trata de una previsión y no de un dato oficial.
Vox e Iustitia Europa pidieron ampliar la suspensión
La batalla judicial no ha terminado.
Vox e Iustitia Europa solicitaron que la suspensión cautelar se extendiera también a los hijos de los nacionalizados afectados.
Ambas partes defendían que permitir el voto de los descendientes mientras se mantiene suspendido el de sus progenitores podía generar una situación difícil de justificar desde el punto de vista jurídico.
El Supremo rechazó esa petición.
La resolución, sin embargo, no cierra el procedimiento principal ni determina definitivamente quién tenía derecho a estar inscrito en el censo.
La decisión únicamente establece qué ocurre de forma provisional de cara a las elecciones del 29 de noviembre.
El Supremo mantiene abierto el procedimiento después del 29-N
Un día después de rechazar la suspensión del voto de los hijos, el Supremo adoptó otra decisión relevante.
El tribunal acordó emplazar a los afectados para que puedan personarse en el procedimiento y defender sus intereses.
El plazo establecido es de 20 días hábiles desde la publicación correspondiente en el Boletín Oficial del Estado.
La peculiaridad es que ese plazo se prolongará más allá de las elecciones del 29 de noviembre.
Por tanto, el proceso judicial continuará cuando las urnas ya hayan cerrado.
Esta circunstancia demuestra que la autorización provisional para votar no supone el final del litigio.
¿Qué pasa con los padres?
La situación de los progenitores es diferente.
El Supremo mantiene las medidas cautelares que afectan a determinados nacionalizados por la Ley de Nietos en el supuesto concreto que está siendo investigado.
Es importante precisar que la suspensión no significa que hayan perdido la nacionalidad española.
Lo que está suspendido cautelarmente son determinados efectos electorales relacionados con su inscripción en el CERA y su derecho de sufragio mientras se resuelve el procedimiento judicial.
Por eso existen dos situaciones diferentes:
- Progenitores afectados por las medidas cautelares: tienen suspendidos determinados efectos electorales.
- Hijos mayores de edad incluidos en el colectivo de 189.678 personas: podrán votar el 29-N.
- Procedimiento judicial: continúa abierto y todavía no existe una sentencia definitiva sobre el fondo.
La acusación de «fraude electoral» no es una conclusión del Supremo
La polémica política ha provocado acusaciones extremadamente graves.
Iustitia Europa ha calificado la situación de «fraude electoral» y Libertad Digital recoge igualmente la expresión «pucherazo» utilizada por fuentes jurídicas anónimas consultadas por el medio.
Sin embargo, esas expresiones no deben confundirse con una conclusión judicial.
El Supremo ha hablado de indicios racionales de presuntas irregularidades de gran relevancia, pero todavía no existe una sentencia firme que declare que las elecciones vayan a estar manipuladas ni que todas las nacionalizaciones vinculadas a la Ley de Nietos sean fraudulentas.
La diferencia es crucial.
En un asunto de esta trascendencia, una sospecha, una medida cautelar y una sentencia definitiva tienen consecuencias jurídicas completamente distintas.
Una decisión que tendrá consecuencias políticas
El caso llega a las elecciones generales del 29 de noviembre en un momento especialmente sensible.
El voto exterior puede resultar determinante en determinadas circunscripciones cuando existen márgenes muy estrechos entre candidaturas.
Por eso, el debate sobre el CERA ha dejado de ser una cuestión exclusivamente jurídica y se ha convertido en uno de los principales focos de controversia del proceso electoral.
El Supremo deberá resolver finalmente las cuestiones de fondo que han originado el procedimiento.
Mientras tanto, las elecciones se celebrarán con una situación excepcional: una parte de los nacionalizados afectados tiene suspendidos sus efectos electorales, mientras sus hijos podrán ejercer el voto.
El dato que queda sobre la mesa: casi 190.000 votos potenciales
La decisión del Supremo deja una cifra que ningún partido puede ignorar.
189.678 personas forman el colectivo al que se permitirá votar pese a la petición de Vox e Iustitia Europa de extender las medidas cautelares.
Eso no significa que existan 189.678 votos efectivos.
La cifra representa el tamaño del colectivo afectado, no el número de participantes en las elecciones.
Pero su magnitud explica por qué el asunto ha provocado una batalla jurídica y política de primer nivel.
El verdadero alcance electoral solo podrá conocerse después de las elecciones, cuando existan datos sobre participación y distribución territorial del voto.
La batalla judicial continuará después de las elecciones
La decisión del Supremo no constituye el último capítulo.
El tribunal mantiene abierto el procedimiento y ha dado a los afectados la posibilidad de comparecer y defenderse.
La sentencia que resuelva el fondo deberá determinar las cuestiones jurídicas que han provocado todo el conflicto.
Hasta entonces, la autorización para votar de los hijos debe entenderse como una decisión cautelar y limitada al proceso electoral del 29-N, no como una validación definitiva de todas las actuaciones administrativas relacionadas con la Ley de Nietos.
El caso deja así una situación jurídicamente insólita: el Supremo mantiene dudas sobre determinados elementos de la configuración del censo, pero considera que suspender ahora el voto de casi 190.000 personas no puede ejecutarse con las garantías necesarias antes de las elecciones.
Y ahí reside el núcleo de la polémica: no tanto en que el tribunal haya declarado lícito o ilícito el voto de esos ciudadanos de forma definitiva, sino en que ha decidido que las dificultades para ejecutar una suspensión pesan más, de momento, que la petición de impedir su participación electoral el 29-N.
La última palabra sobre el fondo del conflicto todavía no la tienen las urnas. La tendrá la justicia cuando finalice el procedimiento.
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