La administración de Donald Trump ha decidido revocar la «endangerment finding» de 2009, un dictamen de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) vinculante para regular las emisiones de gases de efecto invernadero en vehículos bajo la Ley de Aire Limpio. Esta revocación significa la eliminación de estándares federales de emisiones para turismos, vehículos ligeros y camiones, regulaciones que se habían establecido desde principios de la década de 2010.
Según la Casa Blanca y la EPA, esta acción representa un importante movimiento hacia la desregulación, argumentando que permitirá un ahorro significativo en costos de fabricación y compra de vehículos. Las autoridades federales estiman que esta eliminación supondrá un ahorro acumulado de más de 1,3 billones de dólares hasta 2055. Del total, se calcula que alrededor de 1,1 billones de dólares se derivarían de un descenso en los costos financieros de los nuevos vehículos, mientras que otros 200 mil millones de dólares corresponderían a la reducción de gastos asociados a la compra de vehículos eléctricos y su infraestructura.
Las familias estadounidenses podrían ahorrar, en promedio, más de 2.400 dólares al adquirir un vehículo nuevo, ya sea turismo, SUV o camión ligero, respecto a lo que hubieran pagado bajo los estándares de emisiones anteriores. Esto se debe a que se eliminan requisitos de medición, reporte, certificación y cumplimiento de normas de gases de efecto invernadero, que incrementaban los costos de fabricación y, por ende, el precio final de los vehículos.
El Gobierno sostiene que la eliminación de estas regulaciones liberará a los consumidores de costos adicionales, facilitando accesibilidad a coches y ampliando la variedad de modelos disponibles. Sin embargo, estas medidas también enfrentan críticas, ya que implican la eliminación de requerimientos que fomentaban vehículos más eficientes y energéticamente sostenibles. Esta situación podría llevar a conflictos en regulaicones entre las normas federales y las de algunos estados, como California, que todavía mantienen requisitos de emisiones más restrictivos.
La revocación ha sido bien recibida por sectores industriales y algunas asociaciones de consumidores que destacan el potencial ahorro en el corto plazo. En contraste, grupos ecologistas y algunos líderes demócratas han expresado su preocupación por lo que consideran un retroceso en la lucha contra el cambio climático y un posible riesgo para la salud pública.