Iberdrola y Endesa reclaman un cambio fiscal mientras el Ejecutivo rebaja temporalmente los impuestos a gasolina y diésel y protege la tarifa regulada del gas.
El Gobierno acaba de ampliar las ayudas para contener el coste de la energía y los carburantes, pero la decisión ha abierto un nuevo frente dentro del propio sector energético.
Las grandes eléctricas consideran que las medidas aprobadas para gasolina, diésel y gas natural envían una señal fiscal contradictoria con la electrificación de la economía. La patronal Aelec, que representa a Iberdrola, Endesa y EDP, reclama un marco tributario que reduzca los costes asociados al consumo eléctrico y facilite la sustitución de combustibles fósiles.
El enfrentamiento llega cuando el Ejecutivo acaba de aprobar nuevas rebajas tributarias para los carburantes y medidas para limitar el encarecimiento del gas durante el invierno. El Real Decreto-ley 25/2026, publicado el 29 de septiembre, establece reducciones temporales del Impuesto sobre Hidrocarburos y contempla mecanismos para rebajar determinados impuestos eléctricos si se cumplen las condiciones vinculadas a la inflación.
El resultado es una discusión que va mucho más allá de una simple reclamación empresarial: qué energía debe recibir apoyo fiscal en España y quién debe asumir el coste de la transición energética.
Aelec denuncia una desventaja fiscal para la electricidad
La presidenta de Aelec, Marina Serrano, aprovechó el VIII Congreso de la asociación para cuestionar las últimas medidas del Ejecutivo.
La patronal sostiene que existe una desventaja fiscal de la electricidad frente a los combustibles fósiles, especialmente después de que el Gobierno haya ampliado las ayudas al carburante y haya introducido medidas de protección para la tarifa regulada del gas.
La crítica de las eléctricas parte de una cuestión concreta: si España pretende electrificar el transporte, la industria y la calefacción, consideran que la fiscalidad debería favorecer ese cambio.
Serrano ha defendido que las ayudas generalizadas a los combustibles fósiles pueden incentivar precisamente el consumo de productos cuya utilización España pretende reducir a largo plazo.
La patronal prepara además propuestas fiscales que pretende trasladar a los grupos políticos, aunque todavía no ha concretado todas las medidas que quiere plantear.
El Gobierno rebaja el Impuesto sobre Hidrocarburos
El Ejecutivo aprobó a finales de septiembre un nuevo paquete para hacer frente a la crisis energética.
En el caso de los carburantes, el Real Decreto-ley 25/2026 establece una reducción de los tipos del Impuesto sobre Hidrocarburos respecto a los vigentes antes del paquete extraordinario aprobado en marzo.
La rebaja equivale a:
- 20 céntimos por litro en octubre.
- 13 céntimos por litro en noviembre.
- 6 céntimos por litro en diciembre.
El mecanismo afecta a los productos de consumo más extendido, entre ellos las gasolinas sin plomo y el gasóleo utilizado como carburante.
La medida tiene carácter temporal y forma parte del plan gubernamental para amortiguar el impacto de la crisis energética derivada del conflicto en Oriente Medio.
La Agencia Tributaria confirma que las reducciones se aplican durante octubre, noviembre y diciembre de 2026.
La electricidad queda en el centro de la disputa
Mientras el Gobierno reduce temporalmente los impuestos sobre los carburantes, el sector eléctrico reclama que se reduzca también la carga fiscal que soporta la electricidad.
El consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, defendió durante el congreso de Aelec la necesidad de reducir la presión fiscal sobre la electricidad para acelerar la electrificación. Su planteamiento pasa por un marco regulatorio que permita, en sus palabras, «transitar más y gravar menos».
El argumento empresarial es que la electrificación necesita inversiones importantes en redes, generación, almacenamiento y nuevas infraestructuras.
Y esas inversiones dependen, en parte, de que aumente la demanda eléctrica.
Si al mismo tiempo se abarata mediante impuestos el consumo de gasolina, gasóleo o gas, las compañías eléctricas consideran que el incentivo económico para sustituir esos combustibles se reduce.
La cuestión no es exclusivamente tributaria. También afecta a la estrategia energética de España.
La industria reclama electricidad competitiva
El conflicto fiscal se extiende también a la industria.
Las empresas con un consumo eléctrico elevado llevan tiempo reclamando mecanismos que permitan disponer de electricidad a precios previsibles y competitivos.
Desde Aelec se defiende el uso de contratos de compraventa de energía a largo plazo (PPA) como una herramienta para reducir la exposición de las empresas a las fluctuaciones del mercado diario.
Un PPA permite establecer durante varios años las condiciones de compra de electricidad entre un productor y un consumidor. Para una industria electrointensiva puede proporcionar mayor previsibilidad de costes.
Las eléctricas consideran que este tipo de contratos pueden contribuir a reducir la dependencia de la volatilidad vinculada al gas.
El problema es que la decisión de contratar a largo plazo también implica comprometer precios durante años, mientras que acudir al mercado diario puede resultar más barato en determinados momentos.
Por eso no existe una solución empresarial única.
El impuesto a la generación eléctrica está en retirada
Uno de los elementos que explica la disputa actual es la evolución del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE).
El Gobierno ha aprobado una reducción progresiva de este gravamen.
Según las medidas tributarias aprobadas durante 2026, el tipo del impuesto se situará en el 3,5 % en 2027, frente al 7 % establecido anteriormente, y quedará reducido al 0 % desde 2028.
La propia Agencia Tributaria confirma que la normativa ya establece este calendario de reducción.
Por tanto, no puede afirmarse que el Ejecutivo esté incrementando indiscriminadamente la fiscalidad eléctrica.
Existe, en realidad, una situación más compleja: algunos impuestos eléctricos se están reduciendo o eliminando mientras el Gobierno mantiene medidas fiscales extraordinarias para abaratar combustibles y proteger a determinados consumidores.
Es precisamente esa combinación la que las grandes eléctricas consideran problemática.
La factura eléctrica también entra en el debate
Aelec sostiene que la electricidad continúa soportando costes y figuras tributarias que, en opinión de la patronal, no recaen de la misma manera sobre otras fuentes de energía.
La reclamación tiene dos dimensiones.
Por un lado, afecta a los consumidores domésticos, porque una mayor carga sobre el suministro eléctrico puede encarecer la electrificación de viviendas y vehículos.
Por otro, afecta a las empresas, especialmente aquellas que pretenden sustituir procesos basados en gas o combustibles derivados del petróleo por electricidad.
La patronal considera que una política fiscal coherente debería tener en cuenta ese efecto sobre la demanda.
No obstante, la comparación entre cargas fiscales de diferentes fuentes energéticas requiere analizar también sus costes regulatorios, ambientales, de red y de generación. Por eso, la existencia de una «desventaja fiscal» es una valoración defendida por Aelec, no un hecho incontrovertible establecido por una autoridad independiente.
El Gobierno también está rebajando impuestos eléctricos
La otra cara de la polémica es importante.
El nuevo paquete energético no se limita a los carburantes.
El Real Decreto-ley 25/2026 contempla que el Impuesto Especial sobre la Electricidad pueda reducirse del 5,11269632 % al 0,5 % durante noviembre y diciembre, pero solo si se superan determinados umbrales de inflación eléctrica.
La Agencia Tributaria explica que la reducción estará condicionada a la evolución del IPC de la electricidad.
En concreto, para noviembre se exige que el IPC de la electricidad de septiembre supere en más de un 15 % al registrado un año antes. Para diciembre se aplicará un criterio equivalente utilizando el dato de octubre.
También se han establecido mecanismos condicionados para una eventual reducción del IVA de la electricidad.
Así, el debate fiscal no puede resumirse en que el Gobierno «subvenciona» unas tecnologías y «castiga» otras. El Ejecutivo está utilizando distintos instrumentos tributarios para intentar amortiguar la crisis energética, aunque Aelec considera que el diseño de esos instrumentos produce señales contradictorias.
El gas también recibe protección pública
El tercer vértice de la disputa es el gas.
El Gobierno ha establecido medidas para contener la subida de la Tarifa de Último Recurso (TUR) durante el último trimestre de 2026, dentro del nuevo paquete anticrisis.
La finalidad es evitar que el incremento internacional del precio del gas se traslade íntegramente a los hogares acogidos a esta tarifa. El Gobierno ha limitado el aumento previsto de la tarifa regulada para el periodo.
Desde la perspectiva de las eléctricas, esta intervención vuelve a plantear el problema de los incentivos.
Si el gas recibe protección frente a una subida de precios mientras la electricidad mantiene determinados costes fiscales, argumentan, la sustitución de calderas de gas por sistemas eléctricos como las bombas de calor puede resultar menos atractiva.
La guerra fiscal entre sectores energéticos
El término «guerra fiscal» utilizado en el debate periodístico resume una pugna empresarial que tiene varias capas.
El sector eléctrico reclama menos fiscalidad y más incentivos para electrificar.
Las petroleras operan en un mercado que ahora recibe una reducción temporal del impuesto sobre hidrocarburos para contener el precio de los carburantes.
Las gasistas se benefician de las medidas destinadas a limitar el impacto de la subida de la tarifa regulada.
Los intereses económicos no coinciden.
Las eléctricas han invertido fuertemente en redes y electrificación y necesitan que aumente la demanda eléctrica. Las compañías vinculadas al petróleo y al gas continúan operando en mercados que siguen siendo fundamentales para el transporte, la calefacción y numerosos procesos industriales.
El Gobierno, por su parte, debe equilibrar dos objetivos que pueden entrar en tensión: proteger a hogares y empresas frente a una crisis energética inmediata y mantener los incentivos de una transición energética a largo plazo.
El contexto de precios complica la decisión
La discusión se produce además cuando los precios energéticos vuelven a presionar a los hogares.
En septiembre de 2026, el precio del diésel aumentó alrededor de un 8 % y el de la gasolina casi un 7 %, pese a las medidas fiscales adoptadas. Ambos carburantes se situaron cerca de los 1,9 euros por litro, según los datos recogidos por EL PAÍS.
La inflación interanual alcanzó en septiembre el 4,9 %, en buena medida condicionada por el encarecimiento energético.
El Gobierno ha respondido con un paquete de medidas cuyo coste total se sitúa alrededor de los 12 000 millones de euros, según las estimaciones publicadas sobre el programa anticrisis.
El problema para el Ejecutivo es que estas ayudas tienen un coste presupuestario mientras las reglas fiscales europeas limitan el margen disponible.
Bruselas permite gravar beneficios extraordinarios
Existe otro elemento que explica la tensión entre Gobierno y empresas energéticas: la posibilidad de crear un impuesto sobre beneficios extraordinarios.
España, junto con otros países europeos, ha defendido durante 2026 la posibilidad de establecer un marco europeo para gravar beneficios considerados extraordinarios de las compañías energéticas durante la crisis.
La Comisión Europea ha señalado que los Estados miembros tienen margen para establecer este tipo de impuestos, aunque la cuestión continúa siendo objeto de debate europeo.
Las grandes compañías energéticas, por su parte, sostienen que sus beneficios deben analizarse teniendo en cuenta sus inversiones, costes y resultados de ejercicios anteriores.
En el primer semestre de 2026, Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y Moeve acumularon un beneficio neto conjunto de 9 863 millones de euros, según datos publicados por Cinco Días. El medio estimaba que el conjunto del ejercicio podía acercarse a los 20 000 millones, aunque se trata de una previsión y no de un resultado cerrado.
La fiscalidad energética se convierte en política energética
La principal conclusión del debate es que los impuestos ya no son una cuestión separada de la política energética.
Una rebaja fiscal puede modificar el precio relativo entre electricidad, gas y petróleo.
Y ese precio relativo influye en decisiones concretas: comprar un vehículo eléctrico o uno de combustión, instalar una bomba de calor o mantener una caldera de gas, contratar electricidad a largo plazo o permanecer expuesto al mercado diario.
Por eso Aelec reclama que la fiscalidad forme parte de la estrategia energética general.
El Gobierno, mientras tanto, está aplicando medidas extraordinarias de carácter temporal para amortiguar los efectos de una crisis internacional que ha elevado el coste de los combustibles.
Son objetivos distintos y, en algunos casos, difíciles de compatibilizar.
Una batalla que no termina con las ayudas de 2026
La disputa entre las grandes eléctricas y el Ejecutivo probablemente tendrá continuidad.
Aelec prepara nuevas propuestas fiscales para trasladarlas a los grupos políticos. Entre sus prioridades se encuentra reducir los costes asociados al consumo eléctrico y favorecer la electrificación.
Además, permanece abierto el debate sobre la fiscalidad de las centrales nucleares, una cuestión especialmente relevante para Iberdrola y Endesa por el calendario previsto de cierre de parte del parque nuclear español.
El Gobierno mantiene su estrategia de transición energética y ha defendido públicamente la sustitución progresiva de tecnologías que considera menos compatibles con sus objetivos de descarbonización. Pedro Sánchez ha reiterado que la apuesta por las renovables y la electrificación constituye una línea estructural de su política energética.
Las empresas, sin embargo, reclaman que esa transición vaya acompañada de una fiscalidad que haga competitiva la electricidad frente a las alternativas fósiles.
Mientras tanto, millones de consumidores afrontan una cuestión mucho más inmediata: cuánto costará encender la calefacción, llenar el depósito o pagar la factura eléctrica durante los próximos meses.
Y esa es precisamente la contradicción que queda sobre la mesa: el Estado intenta abaratar todas las energías para proteger al consumidor a corto plazo, mientras las empresas eléctricas piden que la política fiscal premie con mayor claridad la electrificación a largo plazo.
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