La organización cobraba hasta 30 000 euros a ciudadanos paquistaníes por conseguirles contratos y permisos de residencia. Hay 50 detenidos, entre ellos 43 empresarios, y tres presuntos cabecillas han ingresado en prisión.
Una trama de contratos falsos que habría generado millones de euros
Los Mossos d’Esquadra han detenido a 50 personas en una de las mayores operaciones realizadas hasta ahora por la policía catalana contra las redes dedicadas a facilitar la inmigración irregular mediante contrataciones laborales fraudulentas. La organización, activa desde 2019 y asentada principalmente en Cataluña, captaba a ciudadanos paquistaníes que querían trasladarse a España o regularizar su situación administrativa y les ofrecía contratos de trabajo y documentación a cambio de cantidades que podían alcanzar los 30 000 euros.
La investigación atribuye a la trama una actividad económica de gran volumen. Entre marzo de 2022 y julio de 2023 habría tramitado 224 expedientes de contratación en origen, de los que 108 recibieron una resolución favorable. Solo esos expedientes aprobados podrían haber reportado a la organización más de 3,2 millones de euros, según las estimaciones policiales.
El dispositivo, desarrollado los días 26 y 27 de octubre, se ha saldado con la detención de siete presuntos integrantes de la estructura criminal y otros 43 empresarios que supuestamente habrían facilitado sus sociedades y documentación para dar apariencia legal a contrataciones ficticias. Tres de los siete presuntos miembros de la organización han ingresado en prisión.
Los investigadores consideran que el entramado operaba como una estructura estable y jerarquizada, con colaboradores en Cataluña y Pakistán. La operación también ha puesto bajo sospecha la participación de empresas de sectores muy diversos, desde la alimentación y la restauración hasta las reformas y los talleres mecánicos.
Cómo funcionaba la red: contratos laborales a cambio de miles de euros
La organización ofrecía dos vías de actuación, según la situación administrativa de las personas captadas.
Por un lado, contactaba con ciudadanos paquistaníes que todavía se encontraban en su país y querían trasladarse a España. A cambio de pagos elevados, les prometía conseguir los documentos necesarios para acceder al territorio y obtener una autorización de residencia y trabajo.
Por otro, se dirigía a personas que ya estaban en España en situación administrativa irregular y buscaban regularizar su situación mediante una contratación laboral. En estos casos, la red ofrecía contratos simulados para iniciar los procedimientos administrativos correspondientes.
La trama presuntamente controlaba prácticamente todas las fases del proceso. Sus integrantes captaban a los interesados, actuaban como intermediarios con los empresarios, preparaban la documentación y gestionaban los expedientes ante la Administración.
Entre los documentos que confeccionaban figuraban registros civiles y otros justificantes necesarios para tramitar las autorizaciones. Los empresarios implicados aportaban sus sociedades como supuestos destinos laborales y facilitaban los documentos empresariales requeridos.
El mecanismo se apoyaba en aparentar relaciones laborales que, en realidad, no siempre existían. La documentación presentada podía dar una apariencia de contratación legítima, aunque el trabajo no llegara a realizarse o terminara poco después de obtenerse la autorización.
Hasta 30 000 euros por entrar en España y 8 000 por regularizarse
Las cantidades que pagaban las personas captadas variaban en función de su situación y de los trámites que necesitaban.
Según los datos de la investigación, quienes se encontraban en Pakistán podían llegar a desembolsar 30 000 euros por obtener el visado, la documentación administrativa, el empadronamiento y el contrato de trabajo necesario para acceder a España.
Para las personas que ya estaban en territorio español en situación irregular, el precio podía alcanzar los 8 000 euros por conseguir contratos laborales simulados que les permitieran iniciar un procedimiento de regularización.
Los empresarios también habrían recibido contraprestaciones económicas por poner sus sociedades a disposición de la trama y aportar los documentos necesarios para justificar las contrataciones.
La dimensión económica conocida hasta ahora podría ser incluso mayor que los 3,2 millones estimados. Esa cifra se refiere únicamente a los 108 expedientes favorables analizados por los investigadores. No incluye los expedientes rechazados o archivados ni las operaciones relacionadas con personas que ya se encontraban en España.
Por tanto, el volumen total de ingresos atribuidos a la organización todavía no está completamente cuantificado.
224 expedientes y 108 autorizaciones favorables
Uno de los datos más relevantes de la investigación es el número de procedimientos administrativos que habría gestionado la red.
Entre marzo de 2022 y julio de 2023, los investigados habrían presentado 224 expedientes de contratación en origen. De ellos, 108 obtuvieron una resolución favorable, según la información facilitada por los Mossos.
La diferencia entre expedientes presentados y autorizaciones concedidas no permite conocer por sí sola cuántas personas llegaron efectivamente a España ni cuántas terminaron trabajando. Sin embargo, los investigadores han detectado distintos escenarios que reflejan el funcionamiento fraudulento del sistema.
En algunos casos, las personas que habían obtenido la autorización sí llegaron a desarrollar una actividad laboral, aunque en condiciones precarias o próximas a la explotación. En otros, la relación laboral era puramente ficticia y terminaba poco después de conseguir los permisos. También se detectaron supuestos en los que el trabajo ni siquiera llegaba a materializarse.
Esta circunstancia introduce una dimensión adicional al caso: además del fraude documental y administrativo, la investigación apunta a posibles situaciones de vulnerabilidad y explotación laboral.
Doce presuntos miembros y 62 empresarios bajo investigación
Las pesquisas han permitido identificar a 12 presuntos integrantes de la organización criminal, aunque siete de ellos han sido detenidos en esta operación.
Los miembros identificados desempeñaban funciones diferenciadas dentro de la estructura:
- Captación: localizaban a personas interesadas en obtener permisos para trasladarse a España o regularizar su situación.
- Intermediación: conectaban a los solicitantes con empresarios dispuestos a participar en las contrataciones.
- Gestión documental: preparaban los documentos y justificantes necesarios para tramitar los expedientes.
- Coordinación: organizaban las distintas fases y mantenían el contacto entre los colaboradores de Cataluña y Pakistán.
Además, los investigadores han identificado a 62 empresarios vinculados presuntamente a las tramitaciones irregulares. Sus actividades económicas eran variadas e incluían establecimientos de alimentación, restaurantes, empresas de reformas y talleres mecánicos.
La participación que se atribuye a estos empresarios consistiría en facilitar sus sociedades mercantiles y la documentación laboral necesaria para presentar las contrataciones como operaciones reales.
De los 62 empresarios identificados, 43 han sido detenidos. Los otros 19 figuran entre las personas relacionadas con la investigación, sin que la información policial facilitada permita atribuirles una situación procesal idéntica.
La investigación comenzó con documentos intervenidos en Barcelona
El origen de la operación se encuentra en una investigación policial anterior relacionada con delitos de tráfico de seres humanos con fines de explotación laboral, contra los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
A finales de febrero de 2024, los investigadores realizaron varias entradas y registros. Una de ellas tuvo lugar en una gestoría de Barcelona donde el principal investigado de aquella causa había tramitado expedientes fraudulentos de contratación en origen y contratos laborales falsos.
El análisis forense de los dispositivos informáticos intervenidos permitió descubrir documentación que apuntaba a la existencia de otra estructura criminal, con integrantes asentados en Barcelona y su área de influencia y colaboradores en Pakistán.
A partir de ese hallazgo, la División de Investigación Criminal de los Mossos inició las pesquisas que han desembocado en la operación actual.
La documentación digital permitió reconstruir parte de la actividad, identificar a los presuntos participantes y analizar los expedientes de contratación que habrían servido para facilitar las autorizaciones administrativas.
Una operación con 81 agentes en diez municipios catalanes
El dispositivo policial se desarrolló en dos fases, los días 26 y 27 de octubre, con la participación de 81 efectivos de la División de Investigación Criminal.
En la operación intervinieron principalmente agentes de la Unidad Central de Tráfico de Seres Humanos y del Área Central de Crimen Organizado.
Las detenciones se practicaron en distintos puntos de Cataluña. La mayoría tuvieron lugar en:
- Barcelona.
- L’Hospitalet de Llobregat.
- Badalona.
- Santa Coloma de Gramenet.
- Sant Adrià de Besòs.
- Sabadell.
- Terrassa.
- Vic.
- Sant Boi de Llobregat.
- Sant Vicenç dels Horts.
El balance policial es de 50 detenidos: 48 hombres y dos mujeres. Siete están considerados presuntos integrantes de la organización y 43 son empresarios supuestamente relacionados con las contrataciones fraudulentas.
Tres de los siete presuntos miembros de la estructura criminal han ingresado en prisión. La investigación continúa abierta y los Mossos no descartan nuevas detenciones ni otras actuaciones relacionadas con los hechos.
Los delitos que se investigan
A los presuntos integrantes de la organización se les atribuyen delitos de pertenencia a organización criminal, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y falsedad documental.
En cuanto a los empresarios detenidos, la investigación les atribuye presuntos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y de falsedad documental.
La causa está tutelada por la plaza número 27 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona y cuenta con la intervención de la Fiscalía de Tráfico de Personas y Extranjería de Barcelona.
La situación procesal de cada investigado deberá determinarse durante el procedimiento judicial. Las detenciones y las imputaciones policiales no equivalen a una condena, por lo que todos los investigados mantienen la presunción de inocencia.
El riesgo de explotación laboral detrás de la inmigración irregular
Los Mossos advierten de que este tipo de redes puede aprovecharse de personas que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad. Quienes pagan grandes cantidades por conseguir documentación pueden quedar expuestos a condiciones laborales abusivas, deudas y dependencia respecto a los intermediarios que controlan sus trámites.
La investigación ha detectado casos en los que los trabajadores acababan desempeñando actividades en condiciones precarias o cercanas a la explotación. En otros, los contratos solo servían como instrumento para obtener autorizaciones administrativas.
El problema no se limita, por tanto, a la falsificación de documentos. La utilización de empresas para simular contrataciones puede distorsionar los procedimientos legales, perjudicar a quienes cumplen las normas y dejar a las personas captadas en manos de quienes les prometen una salida administrativa a cambio de cantidades desorbitadas.
La existencia de estas redes también plantea un desafío para los mecanismos de control de las contrataciones en origen. La colaboración entre intermediarios y empresarios puede dificultar la detección de relaciones laborales ficticias si no se comprueba que el empleo ofertado existe y se desarrolla en condiciones legales.
Cómo comunicar posibles casos de explotación a los Mossos
La policía catalana recuerda que la colaboración ciudadana puede ayudar a detectar situaciones de tráfico de personas y explotación laboral.
Los Mossos d’Esquadra mantienen habilitados dos canales para recibir información:
- Correo electrónico: stopexplotacio@mossos.cat.
- Formulario en línea: disponible a través del canal de contacto habilitado por los Mossos, en catalán, castellano e inglés.
La policía recuerda que las posibles víctimas pueden encontrarse aisladas, desconocer los recursos de asistencia o sufrir barreras idiomáticas y amenazas. Por ello, la información aportada por ciudadanos y trabajadores puede resultar decisiva para identificar situaciones de abuso y activar mecanismos de protección.
Un negocio millonario construido sobre contratos que no existían
La operación revela la dimensión económica que pueden alcanzar las redes dedicadas a manipular los procedimientos de contratación y residencia. Más de 3,2 millones de euros estimados en solo 108 expedientes favorables, 50 detenidos y decenas de empresarios bajo investigación dibujan un entramado que habría convertido los permisos de trabajo en una mercancía.
El caso también obliga a examinar cómo se controlan las contrataciones en origen y qué mecanismos existen para detectar empresas que facilitan documentación sin una actividad laboral real. La inmigración legal requiere procedimientos fiables y controles efectivos; cuando se utilizan para alimentar negocios fraudulentos, pierden credibilidad y quienes más pueden salir perjudicados son precisamente las personas captadas por estas redes.
La investigación de los Mossos sigue abierta. El alcance económico definitivo y las responsabilidades individuales tendrán que esclarecerse en sede judicial.
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