Quetta Data Centers, la plataforma impulsada por Azora y Core Tech Capital, estudia llevar al país vecino las próximas fases de su expansión si el Gobierno mantiene las exigencias energéticas previstas para los centros de datos. Los proyectos de Madrid y Barcelona seguirán adelante, pero España podría perder una parte sustancial de la inversión futura.
La advertencia pone sobre la mesa un dilema económico de primer orden: cómo exigir sostenibilidad a unas infraestructuras que consumen grandes cantidades de electricidad sin convertir la regulación en un obstáculo que empuje el capital hacia otros mercados europeos.
España se arriesga a perder 320 millones de inversión en centros de datos
La cifra que centra la controversia asciende a 320 millones de euros. Es el volumen de inversión que Quetta todavía no habría comprometido y que, según ha trasladado su consejero delegado, Paco González, podría dirigirse a Portugal si el proyecto de real decreto del Gobierno se aprueba en su configuración actual.
La hoja de ruta de la compañía contempla una inversión total de 500 millones de euros para desplegar una red de centros de datos en la península ibérica. De ese importe, 180 millones ya están comprometidos en las instalaciones de Madrid y Barcelona: 90 millones para cada proyecto, según las declaraciones de González recogidas por Economía Digital.
La compañía no plantea detener las obras que ya están en marcha. El posible cambio de destino afecta a las siguientes fases del plan, todavía pendientes de ejecución. El propio directivo ha explicado que Portugal ya figuraba en la estrategia de expansión y que el cambio consistiría, fundamentalmente, en modificar el orden previsto para desarrollar las instalaciones.
Por tanto, no se trata de una retirada inmediata de España ni de una cancelación confirmada de los proyectos actuales. Es una advertencia empresarial condicionada a la aprobación de una regulación que, a juicio de Quetta, puede alterar de forma significativa la rentabilidad y viabilidad de las nuevas inversiones.
Qué proyectos mantiene Quetta en Madrid y Barcelona
La plataforma Quetta Data Centers nació de la colaboración entre Azora y Core Tech Capital para desarrollar centros de datos de proximidad, conocidos como edge data centers, preparados para cargas de trabajo de inteligencia artificial y otros servicios digitales.
En diciembre de 2025, Azora anunció el comienzo de las obras de dos instalaciones:
- Tres Cantos (Madrid): el proyecto elevó su potencia prevista hasta los 20 megavatios (MW).
- Molins de Rei (Barcelona): la compañía inició la construcción de su primer centro de datos en Cataluña.
Con ambos desarrollos, Quetta comunicó que alcanzaría una capacidad conjunta de 30 MW, equivalente a la mitad del objetivo global de 60 MW que se había marcado para su plataforma. Su plan estratégico contemplaba seis centros de datos en España y Portugal y una inversión superior a 500 millones de euros.
La empresa también presentó estas instalaciones como infraestructuras adaptadas a las necesidades de la inteligencia artificial, con refrigeración líquida de circuito cerrado, alta conectividad y baja latencia. En su comunicación corporativa, Azora señaló que el diseño perseguía un consumo neto de agua cero y un indicador de eficiencia energética PUE inferior a 1,15.
Estos compromisos técnicos son relevantes porque muestran que la discusión no enfrenta necesariamente a una empresa contraria a la sostenibilidad con un Gobierno que pretende imponerla. El conflicto se concentra en cómo debe acreditarse el suministro renovable y qué condiciones adicionales se exigen para obtener y conservar el acceso a la red eléctrica.
El requisito que enfrenta a Quetta con el Gobierno: energía renovable hora a hora
El principal punto de fricción es la denominada correlación horaria. El proyecto normativo del Ministerio para la Transición Ecológica plantea que los centros de datos cubran, como mínimo, el 80 % de su consumo eléctrico con energía renovable generada en la misma hora.
La diferencia con un contrato convencional de suministro renovable es importante. No bastaría con acreditar que una instalación compra durante el año una cantidad de electricidad equivalente a su consumo procedente de fuentes renovables. La propuesta busca que la generación renovable y el consumo del centro de datos coincidan temporalmente.
El Gobierno justifica esta condición por el elevado consumo eléctrico de estas infraestructuras. Si la demanda de los centros de datos aumenta sin que crezca de forma paralela la generación renovable, una parte adicional de la electricidad podría proceder de centrales de gas u otras fuentes no renovables. Ese escenario podría elevar los costes del sistema y trasladar parte del impacto al conjunto de los consumidores.
El Ministerio también pretende vincular el crecimiento de estas instalaciones a nueva capacidad renovable, un criterio conocido como adicionalidad. El objetivo es evitar que los centros de datos se limiten a contratar electricidad renovable ya disponible, sin contribuir a ampliar la generación limpia necesaria para atender su demanda.
La propuesta establece, además, exigencias de eficiencia energética e hídrica y requisitos relacionados con la soberanía digital. El texto sometido a consulta pública contempla que las instalaciones incluidas en su ámbito cumplan los niveles más exigentes del futuro etiquetado europeo para centros de datos.
El borrador fija como referencia la categoría A para la eficiencia energética y el uso del agua, mediante indicadores como el PUE (Power Usage Effectiveness) y el WUE (Water Usage Effectiveness). El primero mide la eficiencia con la que una instalación utiliza la energía; el segundo, su consumo de agua en relación con la actividad informática.
El real decreto todavía es una propuesta: qué plantea realmente
Conviene distinguir entre una norma aprobada y un proyecto regulatorio. A fecha de esta información, el Ministerio para la Transición Ecológica presenta el texto como una propuesta de real decreto sometida a audiencia pública, no como una regulación definitivamente aprobada.
El procedimiento se abrió en agosto de 2026 y el plazo de presentación de alegaciones anunciado por el Gobierno terminó el 4 de septiembre. El texto desarrolla el mandato incluido en el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, que ordenaba establecer requisitos de sostenibilidad energética y medioambiental, resiliencia y soberanía digital para los centros de procesamiento de datos.
Entre los elementos centrales del proyecto figuran:
- Suministro renovable: al menos el 80 % de la electricidad consumida deberá estar respaldada por generación renovable de nueva implantación y correlacionada hora a hora, según la propuesta ministerial.
- Eficiencia energética e hídrica: se plantean los niveles más exigentes del etiquetado europeo para el uso de energía y agua.
- Soberanía digital: la operación de la infraestructura y el control de los datos operativos deberán quedar sujetos a entidades y garantías dentro del marco jurídico de la Unión Europea.
- Acceso a la red: el incumplimiento de las condiciones podría afectar a los permisos de acceso y conexión eléctrica.
El ámbito de aplicación previsto alcanza a los centros de datos con una potencia de acceso igual o superior a 1 MW, según la documentación del Ministerio. El umbral importa porque no todas las instalaciones informáticas tienen la misma dimensión ni el mismo impacto sobre la red, el territorio y los recursos hídricos.
El Gobierno sostiene que el propósito es ordenar el crecimiento del sector y priorizar los proyectos que aporten mayor valor económico y tecnológico con un impacto ambiental asumible. La cuestión es si las exigencias propuestas resultarán proporcionadas y técnicamente viables para todos los operadores.
Portugal aparece como alternativa para las inversiones pendientes
La posibilidad de trasladar parte de la expansión a Portugal adquiere relevancia porque Quetta ya había diseñado su estrategia para operar en la península ibérica. La propia Azora comunicó en 2025 que el plan contemplaba seis centros de datos repartidos entre España y Portugal.
Por tanto, el país vecino no aparece ahora como un destino improvisado, sino como una alternativa que ya estaba dentro de la planificación empresarial. La advertencia de Paco González consiste en que el nuevo marco español podría acelerar el desplazamiento de las fases pendientes hacia el mercado portugués.
Portugal también está sujeto a las obligaciones europeas sobre eficiencia energética y transparencia de los centros de datos. La legislación portuguesa, mediante el Decreto-Lei n.º 84/2024, incorporó las obligaciones de registro y comunicación de información previstas en la normativa comunitaria para instalaciones de determinada potencia.
Esto no significa que ambos países tengan idénticas condiciones regulatorias ni que Portugal esté exento de exigencias ambientales. La comparación decisiva deberá atender a los requisitos concretos de acceso a la red, disponibilidad eléctrica, permisos, plazos administrativos y costes de cumplimiento en cada territorio.
Para un inversor, la decisión no depende únicamente del precio de la electricidad. También pesan la rapidez para obtener permisos, la disponibilidad de suelo y potencia, la conexión a las redes, la estabilidad normativa y la posibilidad de poner las instalaciones en funcionamiento dentro del calendario previsto.
El riesgo para España: inversión, empleo y capacidad para competir en inteligencia artificial
Los centros de datos se han convertido en una infraestructura estratégica para la economía digital. Sostienen servicios en la nube, plataformas empresariales, aplicaciones, comunicaciones y, cada vez más, el entrenamiento y funcionamiento de sistemas de inteligencia artificial.
La disputa por atraer estas instalaciones no es menor. Un país que consigue alojar centros de datos puede captar inversión en construcción, ingeniería, mantenimiento, telecomunicaciones y servicios tecnológicos. También refuerza su capacidad para ofrecer infraestructura digital a empresas y administraciones.
El Ministerio reconoce la dimensión estratégica del sector. En su documentación de agosto de 2026, estima que la Estrategia de Inteligencia Artificial de España contempla unos 2,5 gigavatios de potencia de computación en 2030, que requerirían entre 3,5 y 4 gigavatios de demanda eléctrica. El mismo documento señala que desde 2021 se habían concedido más de 12 gigavatios de derechos de acceso y conexión para centros de datos.
Estas cifras reflejan la magnitud del interés inversor, pero también explican la preocupación del Ejecutivo por la capacidad de las redes. La demanda de electricidad no puede crecer sin planificación, especialmente en un sistema que debe atender al mismo tiempo a hogares, industria, transporte y nuevas actividades económicas.
El desafío consiste en evitar dos errores. El primero sería permitir una expansión desordenada que tensione la red eléctrica, el agua y los recursos disponibles. El segundo, diseñar obligaciones que eleven tanto los costes o la incertidumbre que los proyectos terminen ejecutándose en otros países.
Si los 320 millones de Quetta se trasladan finalmente a Portugal, España no perdería solo una cifra anunciada: dejaría de captar parte de la actividad económica asociada a futuras instalaciones. Pero esa posibilidad todavía depende de la evolución del real decreto y de las decisiones definitivas de la compañía.
Una regulación sostenible no debería convertirse en una desventaja competitiva
La advertencia de Azora y Core Tech Capital obliga a examinar con detalle el equilibrio entre sostenibilidad y competitividad. La exigencia de electricidad renovable y eficiencia hídrica responde a problemas reales, pero su aplicación debe tener en cuenta la disponibilidad de generación, el funcionamiento del sistema eléctrico y los plazos necesarios para desarrollar nuevas instalaciones.
La Administración tiene la responsabilidad de proteger los recursos públicos y garantizar que las grandes demandas energéticas no perjudiquen al resto de consumidores. También debe ofrecer reglas claras, previsibles y proporcionadas para que las empresas puedan planificar inversiones de cientos de millones de euros.
El caso de Quetta coloca esa tensión en primer plano: 180 millones comprometidos en Madrid y Barcelona y otros 320 millones que podrían acabar en Portugal. La decisión final dependerá de la regulación que apruebe el Gobierno y de la capacidad de España para ofrecer un marco que combine sostenibilidad, seguridad jurídica y atractivo inversor.
La pregunta para el Ejecutivo es inevitable: ¿puede España exigir centros de datos más sostenibles sin empujar las nuevas inversiones hacia Portugal y otros mercados europeos?
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