El gobierno de Australia ha presentado un borrador legislativo para implementar un marco de reporte fiscal sobre criptoactivos conforme al estándar de la OCDE. Esta iniciativa está orientada a facilitar el intercambio automático de información tributaria a nivel internacional y establecer un sistema interno obligatorio para los proveedores de servicios relacionados con criptoactivos en el país a partir de 2028.
Propuesta legislativa y consulta pública
La propuesta, denominada Treasury Laws Amendment Bill 2026: Tax information reporting, fue presentada por el Tesoro australiano y permanece abierta a comentarios públicos hasta el 28 de octubre. Su objetivo es formalizar los procedimientos técnicos y jurídicos para aplicar el marco de reporte fiscal de la OCDE conocido como CARF (Crypto-Asset Reporting Framework), que busca mejorar la transparencia y cerrar las brechas en el rastreo tributario de activos digitales entre distintas jurisdicciones.
Implementación y plazos
El texto legislativo prevé que tanto las plataformas de intercambio como los proveedores de custodia de criptoactivos deberán adaptar sus sistemas para cumplir con nuevos requisitos. Entre estos destacan la verificación anual de la residencia fiscal de los usuarios y la clasificación estándar de las transacciones, que incluye intercambios entre moneda fiduciaria y criptoactivos, operaciones entre diferentes criptoactivos y envíos a carteras externas no custodiadas.
El intercambio automático de información fiscal entre Australia y otros países miembros del acuerdo comenzará en 2028, según lo establecido en la actualización presupuestaria Mid-Year Economic and Fiscal Outlook (MYEFO) 2025-26. Este plazo otorga un periodo para que el sector adapte su infraestructura tecnológica y cumpla con las nuevas normativas.
Contexto internacional y local
El CARF fue aprobado por la OCDE en agosto de 2022 para responder a la expansión rápida de activos digitales y superar las limitaciones del estándar previo diseñado solo para cuentas bancarias tradicionales. Australia forma parte de un grupo de 77 jurisdicciones que han respaldado formalmente este marco internacional, garantizando la reciprocidad en el intercambio de información fiscal sobre criptoactivos entre países.
Paralelamente, el gobierno australiano está desarrollando normativas complementarias relacionadas con la custodia y licenciamiento de plataformas de intercambio, que deberán cumplir con estándares de auditoría y trazabilidad. Estas medidas buscan otorgar mayor seguridad jurídica y control sobre el sector de activos digitales en el país.
Implicaciones para usuarios y empresas
Las nuevas reglas implicarán para las empresas de servicios cripto en Australia una renovación tecnológica significativa. Deberán implementar sistemas avanzados de diligencia debida (conocidos como Know Your Customer o KYC), y gestionar la información de sus clientes para cumplir con las obligaciones fiscales locales e internacionales.
Para los usuarios, estas medidas buscan promover un entorno más transparente y regulado para la gestión de criptoactivos, facilitando la supervisión fiscal y el cumplimiento de obligaciones tributarias.
En resumen, esta propuesta legislativa marca un paso concreto de Australia hacia la integración en un marco fiscal internacional coordinado para criptoactivos, alineado con esfuerzos similares en Europa y otras regiones donde se implementan normativas para el control y la transparencia financiera del sector.