Cada verano, España enfrenta incendios forestales que afectan miles de hectáreas, como los registrados en julio de 2026 en Madrid, Ávila y Toledo. Hasta finales de ese mes, cerca de 90 000 personas habían sido evacuadas o confinadas, y se habían quemado aproximadamente 80 000 hectáreas.
El origen del 95 % de estos incendios se atribuye a factores humanos, tanto negligencias como intencionalidades, mientras que solo el 5 % se deben a causas naturales. Aunque las condiciones climáticas pueden favorecer la propagación del fuego, la acumulación de biomasa en los bosques es un factor clave para la extensión de los incendios.
En las últimas décadas, la superficie forestal de España ha crecido hasta ocupar alrededor del 56 % del territorio nacional, con aproximadamente 28,5 millones de hectáreas. Sin embargo, esta expansión no va acompañada de una gestión activa, debido a la menor población rural dedicada al monte y a la complejidad de los trámites administrativos.
Históricamente, los montes eran espacios productivos con actividades como la producción de madera, corcho, resina y pastos, que mantenían los terrenos abiertos y controlaban el crecimiento del matorral. Actualmente, la falta de aprovechamiento ha convertido gran parte de estas áreas en grandes masas vegetales que facilitan la combustión.
La gestión forestal activa, que incluye clareos, quemas prescritas y silvopastoreo, está siendo promovida en diversos países para reducir la carga de combustible y prevenir incendios de gran intensidad. Portugal, tras los incendios de 2017, implementó reformas en su política forestal que incluyen la creación de la Agencia de Gestión Integrada de Fuego (AGIF) y facilidades para la gestión local, orientándose hacia la prevención y la gestión del paisaje.
Australia y California también han adoptado medidas similares, potenciando las quemas prescritas y el manejo activo del monte, combinando estos métodos para reducir riesgos.
En España, la gestión forestal se ve afectada por una amplia burocracia, con numerosos permisos y regulaciones que retrasan y encarecen las intervenciones necesarias. Según datos del Instituto Forestal Europeo, solo cerca del 50 % de la superficie forestal privada tiene un plan de gestión aprobado.
Respecto a los medios de extinción, España no ha renovado ni ampliado su flota de hidroaviones desde 2018. Actualmente, solo 7 de 10 hidroaviones anfibios están operativos, aunque se había prometido disponer de 14 en mayo de 2026. La incorporación de nuevos aparatos no está prevista hasta 2028.
Asimismo, dos hidroaviones fabricados en Estados Unidos permanecen inmovilizados en la base aérea de Matacán (Salamanca) a la espera de trámites administrativos y certificados que autoricen su uso, lo que retrasa su integración en los operativos contra incendios.
Este caso evidencia que, además de la prevención, la rapidez en la incorporación de recursos para la extinción está condicionada por procedimientos administrativos que pueden ralentizar las respuestas en situaciones de emergencia.
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