La crisis en los juzgados gallegos ya amenaza con dejar delitos sin resolver. Un sindicato denuncia que el nuevo modelo judicial impulsado por la administración ha provocado un atasco histórico en Ourense, con miles de procedimientos paralizados y juicios aplazados hasta 2027.
La reforma judicial dispara el caos en los juzgados de Ourense
La implantación de la nueva oficina judicial en Galicia comienza a mostrar sus consecuencias más graves. El sindicato Alternativas na Xustiza ha denunciado una situación de “extremo colapso” en el Tribunal de Instancia de Ourense, donde ya se acumulan más de 3 500 procedimientos penales pendientes y cerca de 1 000 escritos sin tramitar debido a la reducción de plantilla derivada de la reorganización impulsada por la administración.
El problema afecta directamente a la tramitación penal y, según advierten los representantes sindicales, podría acabar provocando el archivo de causas graves por no cumplir los plazos legales de instrucción. La denuncia vuelve a poner sobre la mesa el deterioro estructural de la Justicia en España y el impacto de las políticas de recorte en servicios esenciales.
Un recorte de personal del 54 % agrava la crisis
Antes de la entrada en vigor del nuevo sistema judicial, los tres juzgados de instrucción de Ourense contaban con 21 trabajadores, además de jueces y letrados de la administración de justicia. Las sedes penales disponían de otros 16 empleados.
Sin embargo, tras la creación del Tribunal de Instancia el pasado 1 de enero de 2026, la plantilla sufrió un recorte drástico. Según denuncia el sindicato, la reorganización supuso una reducción de aproximadamente el 54,05 % del personal.
Actualmente:
- La sección de instrucción dispone únicamente de 13 trabajadores.
- Solo hay dos letrados de la administración de justicia para tres plazas judiciales.
- La sección de enjuiciamiento funciona con apenas cuatro trabajadores.
- Parte del personal debe atender además guardias y vistas de violencia sobre la mujer.
Para los funcionarios, esta situación hace “materialmente imposible” mantener el ritmo de trabajo exigido por la ley.
Juicios suspendidos y vistas retrasadas hasta 2027
Las consecuencias ya son visibles. Durante el primer trimestre del año se habrían suspendido casi 70 vistas judiciales, mientras más de 550 procedimientos seguían pendientes de juicio a finales de marzo.
El atasco es tan severo que muchos señalamientos ya se están trasladando directamente a 2027, un retraso que compromete el derecho de los ciudadanos a una tutela judicial efectiva.
Desde el sindicato denuncian que durante las semanas de guardia apenas queda una trabajadora para gestionar las vistas previstas, revisar citaciones o comprobar escritos pendientes. La sobrecarga administrativa amenaza con convertir el sistema judicial en una maquinaria incapaz de responder a tiempo.
Riesgo de archivo de delitos por caducidad de plazos
Uno de los aspectos más alarmantes de la denuncia es el posible impacto sobre investigaciones penales sensibles.
La sección de instrucción soporta actualmente más de 2 500 procedimientos y unos 650 escritos pendientes, además de declaraciones diarias y servicios de guardia. Según Alternativas na Xustiza, esta acumulación impide tramitar los asuntos dentro del plazo máximo de un año fijado por la legislación.
Esto podría derivar en el archivo de investigaciones por imposibilidad de practicar diligencias a tiempo. En otras palabras, delitos pendientes de esclarecer podrían quedar sin resolver no por falta de pruebas, sino por el colapso administrativo de los juzgados.
La situación reabre el debate sobre las consecuencias reales de una Justicia lenta: víctimas desprotegidas, procedimientos eternos y sospechosos beneficiados por la saturación del sistema.
El sindicato acusa a la Xunta de priorizar el ahorro
Alternativas na Xustiza asegura haber advertido reiteradamente tanto a la Dirección Xeral de Xustiza como al secretario coordinador de Ourense sobre el deterioro del servicio.
El sindicato acusa directamente a la administración gallega de priorizar el ahorro económico frente al correcto funcionamiento judicial. Además, rechaza que la Xunta trate de justificar la situación culpando al Gobierno central por la financiación insuficiente.
“La Xunta asumió las competencias en medios personales de Justicia en 1996”, recuerdan desde la organización sindical, subrayando que la responsabilidad sobre la gestión recae directamente en la administración autonómica.
Una Justicia al límite en plena crisis institucional
El caso de Ourense refleja un problema cada vez más extendido en distintas partes de España: juzgados saturados, falta de personal y retrasos incompatibles con un Estado de derecho eficaz.
Mientras el debate político nacional continúa centrado en reformas institucionales y luchas partidistas, miles de ciudadanos esperan resoluciones judiciales que afectan directamente a sus derechos fundamentales.
La advertencia sindical es clara: si no se amplían urgentemente las plantillas, el colapso seguirá creciendo y afectará especialmente a personas sometidas a medidas cautelares o privadas de libertad.
La pregunta que deja este nuevo episodio es inevitable: ¿puede sostenerse un sistema judicial donde los delitos corren el riesgo de quedar impunes por falta de funcionarios?
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