La rebelión del taxi en A Coruña estalla con una movilización histórica de 350 vehículos que denuncian la pasividad institucional ante el auge de los VTC. El conflicto reabre el debate sobre legalidad, competencia y control político en el transporte urbano.
Protesta histórica: el taxi se planta ante los VTC
Las calles de A Coruña vivieron este miércoles una escena inédita: 350 taxis colapsando la ciudad en una caravana que recorrió los principales ejes urbanos durante más de tres horas. La protesta arrancó en el entorno del Obelisco Millennium y concluyó en la plaza de María Pita, tras un recorrido que afectó al tráfico en arterias clave.
El dato más relevante no fue solo la magnitud de la movilización, sino la unidad sin precedentes del sector: por primera vez, TeleTaxi y RadioTaxi, las dos principales asociaciones, convocaron conjuntamente la protesta. Un mensaje claro de que el malestar ha alcanzado un punto crítico.
A pesar del seguimiento masivo, el sector mantuvo servicios mínimos con 44 taxis, garantizando atención en hospitales y a personas con movilidad reducida.
Acusaciones directas: “Los VTC actúan con total impunidad”
El núcleo del conflicto es contundente: los taxistas denuncian que numerosos vehículos VTC operan ilegalmente en servicios urbanos, pese a contar únicamente con licencias interurbanas.
Ricardo Villamisar, presidente de Autotaxi, fue tajante:
“Muchos ciudadanos creen que hay taxis verdes. No lo son. Están operando sin licencia municipal”
El sector insiste en que la ley es clara:
- Un taxi necesita licencia municipal y autorización autonómica
- Los VTC solo pueden realizar trayectos interurbanos
Sin embargo, denuncian que esta normativa se incumple de forma sistemática sin consecuencias.
Más grave aún es la acusación política:
“¿Cuántas sanciones ha impuesto la Policía Local? Ninguna”
Una afirmación que pone en entredicho la voluntad real del Ayuntamiento para hacer cumplir la ley.
División política: sanciones, excusas y falta de control
La alcaldesa Inés Rey defendió la actuación municipal asegurando que se han tramitado 26 resoluciones sancionadoras de 112 actas, por un total de 276 000 euros. Sin embargo, su discurso abre la puerta a los VTC:
“Hay una demanda que el taxi no cubre”
Una declaración que muchos en el sector interpretan como una justificación encubierta del crecimiento descontrolado de estas plataformas.
Rey también cargó contra la Xunta por conceder licencias “a cascoporro”, trasladando el problema a los ayuntamientos. Pero esta crítica choca con la realidad denunciada por los taxistas: la falta de sanciones efectivas en el ámbito urbano, donde el Consistorio tiene competencias directas.
Por su parte, el portavoz del PP, Miguel Lorenzo, fue claro:
“Solo piden que se cumpla la normativa. Nada más”
Competencia o descontrol: el debate que divide a la ciudad
El conflicto revela una fractura más profunda:
- Por un lado, el taxi defiende un modelo regulado, con licencias limitadas y control administrativo
- Por otro, los VTC representan un sistema flexible, digital y en expansión
Incluso dentro del propio sector del taxi se reconoce la necesidad de adaptarse:
- Precios cerrados
- Modernización tecnológica
- Nuevas fórmulas como mancomunidades de servicio
Pero la línea roja es clara:
competir sí, pero dentro de la ley
Más de 800 familias en juego
En A Coruña existen 552 licencias de taxi, que sostienen a más de 800 familias. El sector advierte que la situación actual podría provocar una devaluación del sistema regulado y poner en riesgo miles de empleos indirectos.
La percepción ciudadana tampoco ayuda: la confusión entre taxis y VTC evidencia, según los profesionales, una falta de control institucional y de información pública.
Un conflicto que va más allá del transporte
Lo ocurrido en A Coruña no es un caso aislado. Es el reflejo de un problema nacional:
- Normativas ambiguas
- Administraciones que se pasan la responsabilidad
- Y un mercado cada vez más tensionado
La pregunta de fondo ya no es solo quién tiene razón, sino quién está dispuesto a hacer cumplir la ley.
¿Estamos ante una necesaria modernización del transporte o ante una permisividad política que pone en jaque a un sector regulado durante décadas?
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