Los representantes sindicales denuncian el bloqueo de las negociaciones con el Gobierno para mejorar la jubilación y reconocer el riesgo de su profesión. La protesta terminó de madrugada con la intervención de la propia Policía Nacional.
Un desalojo de madrugada que evidencia el conflicto con Interior
La sede de la Secretaría de Estado de Seguridad, en Madrid, fue escenario durante la noche del martes al miércoles de una protesta protagonizada por representantes de los principales sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil. Los agentes habían iniciado un encierro para reclamar avances concretos en sus condiciones de jubilación y el reconocimiento oficial de su actividad como profesión de riesgo.
La movilización concluyó con el desalojo de 16 representantes por agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional. Durante la intervención se escucharon gritos de «¡Marlaska, dimisión!» y «¡También es vuestra jubilación!», según la información publicada por Antena 3 y RTVE.
El episodio dejó una imagen especialmente llamativa: policías nacionales tuvieron que intervenir para desalojar a compañeros que protestaban por sus propias condiciones laborales y las de los guardias civiles.
La actuación se produjo después de que las organizaciones convocantes dieran por rotas las negociaciones con la Secretaría de Estado de Seguridad. Los representantes reclamaban una solución que ofreciera garantías jurídicas y económicas, en lugar de nuevos compromisos pendientes de materializarse.
Por qué se han encerrado los policías y guardias civiles
El conflicto tiene su origen en una negociación sobre las condiciones de jubilación de ambos cuerpos que, según los sindicatos y asociaciones participantes, no ha terminado con los resultados esperados.
Las organizaciones aseguran que llevaban casi un año de reuniones y promesas y que esperaban avances concretos en el encuentro celebrado el martes 27 de octubre. La decisión de encerrarse llegó después de conocer que el proceso no seguiría adelante en ese momento.
Según la agencia EFE, los representantes laborales consideraron que la negociación había quedado bloqueada y reclamaron compromisos que permitieran garantizar una mejora efectiva de sus derechos.
Las principales reivindicaciones son tres:
- Mejorar las pensiones de jubilación de policías nacionales y guardias civiles.
- Reconocer oficialmente su actividad como profesión de riesgo, con las consecuencias correspondientes en materia de protección social.
- Equiparar sus condiciones de jubilación a las de otros cuerpos policiales, especialmente las policías autonómicas y locales, según reclaman las organizaciones.
El desacuerdo no se limita a una cuestión económica. Los representantes también exigen que las mejoras no dependan exclusivamente de declaraciones políticas o de negociaciones que puedan quedar paralizadas ante un cambio de legislatura.
El Gobierno aplaza las negociaciones hasta la próxima legislatura
El Ministerio del Interior sostiene que la convocatoria de elecciones generales impide continuar avanzando en este momento. El departamento ha trasladado a los representantes sindicales su disposición a retomar el diálogo en la próxima legislatura.
La posición oficial contrasta con la de las organizaciones profesionales, que consideran insuficiente aplazar una negociación que afecta a las condiciones económicas futuras de miles de agentes.
Según RTVE, Interior explicó que el 29 de abril de 2026 se abrió una mesa técnica de trabajo presidida por la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo. Desde entonces, se habían celebrado seis reuniones destinadas a estudiar posibles mejoras de la jubilación tanto para los funcionarios incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social como para quienes pertenecen al régimen de Clases Pasivas.
El departamento defiende que ha trabajado para avanzar en el reconocimiento de la singularidad profesional de policías y guardias civiles. También sostiene que las características especialmente penosas, peligrosas e insalubres de su actividad ya están reconocidas en el marco retributivo.
Sin embargo, ese reconocimiento no equivale por sí solo a haber aprobado todas las medidas de jubilación reclamadas. La cuestión pendiente es qué cambios concretos se adoptarán, con qué alcance económico y mediante qué instrumentos jurídicos.
La convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre de 2026, según la información publicada por EFE y RTVE, ha añadido presión al calendario. Las organizaciones temen que el proceso negociador pierda continuidad y que los avances estudiados no lleguen a convertirse en medidas efectivas.
La polémica por la intervención de la UPR
Tras el desalojo, el secretario general de JUPOL, Aarón Rivero, aseguró que los representantes abandonaron el edificio de forma pacífica para evitar poner en una situación comprometida a los agentes de la UPR que debían ejecutar la intervención.
Rivero afirmó que los participantes también querían evitar posibles expedientes por desobediencia u ocupación de un edificio público y que una confrontación no habría beneficiado a sus reivindicaciones.
El dirigente sindical criticó asimismo que, a su juicio, las autoridades hubieran actuado contra los representantes policiales mientras no daban una respuesta equivalente a otras situaciones de ocupación en el centro de Madrid. Se trata de una valoración atribuida al responsable de JUPOL, no de una conclusión independiente sobre la actuación de las autoridades.
La protesta abre un debate sobre cómo deben gestionarse las reivindicaciones laborales de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por un lado, la Administración tiene la obligación de garantizar el funcionamiento de sus dependencias y aplicar las normas correspondientes. Por otro, las organizaciones profesionales reclaman que sus condiciones laborales reciban una respuesta efectiva.
El desalojo, por tanto, no resuelve el conflicto de fondo: la mejora de las pensiones y el reconocimiento profesional que reclaman policías y guardias civiles siguen pendientes de una solución negociada.
Los sindicatos y asociaciones que respaldaron el encierro
La movilización contó con la participación de organizaciones representativas de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Entre ellas figuran:
- JUPOL, sindicato de la Policía Nacional.
- SUP, Sindicato Unificado de Policía.
- UFP, Unión Federal de Policía.
- AUGC, Asociación Unificada de Guardias Civiles.
- Jucil, asociación profesional de la Guardia Civil.
- ASESGC, Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil.
- APP, Asociación Profesional de Policías.
- AEGC, Asociación Española de Guardias Civiles.
- IGC, Independientes de la Guardia Civil.
- Asociación de Cabos de la Guardia Civil.
Las organizaciones presentaron el encierro como una medida de presión extraordinaria después de que la negociación no ofreciera, a su juicio, las garantías necesarias. También hicieron un llamamiento a otros agentes destinados en Madrid para que respaldaran la protesta pacíficamente. EFE Noticias+1
La amplitud de la representación refleja que la reivindicación no corresponde a una sola organización sindical. Afecta a distintos colectivos de las fuerzas de seguridad que comparten la demanda de mejorar sus condiciones de retiro.
La jubilación policial, una reivindicación que va más allá de este encierro
La controversia sobre las pensiones de la Policía Nacional y la Guardia Civil no comenzó esta semana. Las organizaciones llevan tiempo reclamando una mejora de la jubilación anticipada y condiciones que consideran comparables a las de otros cuerpos policiales.
El pasado 5 de octubre, según Europa Press, una docena de sindicatos y asociaciones pidió a Interior que aprobara las mejoras antes de las elecciones generales. Advertían de que la disolución de las Cortes y el adelanto electoral podían dejar sin efecto práctico el trabajo realizado durante las negociaciones.
En aquel momento, las conversaciones incluían propuestas económicas relativas a las pensiones de determinados grupos funcionariales. Entre las cifras difundidas por las organizaciones figuraba una referencia de 39 000 euros anuales para el grupo C1, aunque existían diferencias sobre el alcance de la propuesta y no se había cerrado un acuerdo definitivo.
Esa cifra debe interpretarse como parte de las negociaciones comunicadas entonces, no como una pensión ya aprobada ni como una cuantía garantizada para todos los agentes.
El problema central es que una propuesta negociada no genera por sí sola un derecho efectivo. Para que una mejora resulte aplicable, deben concretarse sus beneficiarios, las condiciones de acceso, el cálculo de las prestaciones y la normativa necesaria para ponerla en marcha.
Por eso, las asociaciones reclaman compromisos con respaldo jurídico y medidas que no queden condicionadas a la voluntad del siguiente Ejecutivo.
Qué significa reconocer a policías y guardias civiles como profesión de riesgo
El reconocimiento como profesión de riesgo es una de las principales exigencias de la movilización, pero conviene distinguir entre la naturaleza peligrosa del trabajo policial y los efectos legales concretos de una declaración administrativa.
Policías nacionales y guardias civiles desarrollan funciones que pueden implicar exposición a violencia, intervenciones de alto riesgo, jornadas exigentes y situaciones con consecuencias físicas o psicológicas. Las organizaciones utilizan estas características para justificar un tratamiento específico de sus condiciones de jubilación.
Sin embargo, la declaración de una profesión como de riesgo no determina automáticamente una pensión concreta ni garantiza por sí sola una edad de retiro específica. Sus efectos dependen de las disposiciones legales aplicables y de las medidas que finalmente apruebe la Administración.
La reivindicación de los agentes busca que el reconocimiento de esas particularidades tenga consecuencias prácticas, tanto en las condiciones de retiro como en la protección social asociada a su carrera profesional.
Interior, por su parte, sostiene que la singularidad de la labor policial ya se contempla en el marco retributivo y que ha trabajado en la mesa técnica para encontrar vías de mejora. La discrepancia se encuentra, por tanto, en la suficiencia de las medidas existentes y en la posibilidad de convertir las negociaciones en resultados concretos.
Qué puede ocurrir ahora con las reivindicaciones
El desalojo pone fin al encierro, pero no cierra la negociación sobre las pensiones. El siguiente paso dependerá de la evolución política y de la disposición de Interior a retomar las conversaciones.
A corto plazo, las organizaciones tendrán que decidir cómo mantienen la presión y qué nuevas movilizaciones pueden convocar. Por parte del Ministerio, el compromiso comunicado es continuar el diálogo en la próxima legislatura.
Para valorar si se produce un avance real, habrá que comprobar varios aspectos:
- La reanudación formal de la mesa de negociación, con un calendario y objetivos definidos.
- La concreción de las mejoras económicas, incluidos los colectivos beneficiarios y los criterios de cálculo.
- El reconocimiento jurídico de las condiciones profesionales de riesgo, si se aprueban medidas específicas en ese sentido.
- La publicación de las disposiciones necesarias, cuando corresponda, para que los acuerdos puedan aplicarse de forma efectiva.
Hasta que esos pasos se concreten, no puede darse por aprobada una mejora de las pensiones ni por resuelta la reivindicación de equiparación.
Una protesta que deja preguntas pendientes
El encierro de los representantes policiales y su posterior desalojo han puesto de manifiesto el deterioro de las relaciones entre las organizaciones profesionales y el Ministerio del Interior en torno a una cuestión laboral de largo recorrido.
Los sindicatos reclaman garantías para una jubilación digna y un reconocimiento profesional que, en su opinión, debe traducirse en derechos efectivos. Interior sostiene que ha trabajado en las mejoras posibles, pero considera que el calendario electoral impide avanzar ahora.
Ambas posiciones describen un conflicto cuyo desenlace dependerá de las decisiones que se adopten en la siguiente legislatura. La cuestión decisiva no será únicamente cuándo vuelvan a sentarse las partes, sino si las conversaciones terminan en compromisos verificables y medidas jurídicamente aplicables.
La pregunta que queda abierta es clara: ¿conseguirán policías nacionales y guardias civiles transformar sus reivindicaciones en una mejora efectiva de sus pensiones o volverán a quedar pendientes de una nueva ronda de negociaciones?
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