Eduard Rivas abandona la jefatura de gabinete de la Generalitat después de que la Justicia levantara el secreto de sumario de una investigación sobre contratos públicos en Esparreguera. Xavier Amor será su sustituto.
La investigación judicial precipita la salida del hombre de confianza de Illa
El entorno más próximo de Salvador Illa pierde a uno de sus principales colaboradores. Eduard Rivas, hasta ahora jefe de gabinete del presidente de la Generalitat y antiguo alcalde socialista de Esparreguera (Barcelona), ha presentado su dimisión mientras continúa investigado en una causa judicial relacionada con presuntas irregularidades en contratos públicos y el posible desvío de fondos de una fundación.
La salida se produjo después de que el juzgado de Martorell levantara el secreto de sumario de la investigación el pasado 29 de octubre. Rivas presentó su renuncia el viernes 30 de octubre, aunque la noticia no trascendió públicamente hasta el lunes 2 de noviembre.
El relevo tiene una evidente dimensión política. Rivas no era un colaborador secundario: ocupaba una posición de máxima confianza dentro del equipo presidencial y había acompañado a Illa en la estructura de dirección del PSC.
La Generalitat ha comunicado que abandona el puesto por decisión propia. Su sustituto será Xavier Amor, hasta ahora secretario de Gobiernos Locales y Relaciones con el Aran.
La dimisión llega, además, varios meses después de que Illa expresara públicamente su respaldo al dirigente socialista, asegurando que mantenía su confianza en él pese a la investigación.
Los contratos de Esparreguera bajo la lupa judicial
El origen del procedimiento se encuentra en la etapa de Eduard Rivas como alcalde de Esparreguera, municipio de la provincia de Barcelona donde gobernó entre 2015 y 2024.
La investigación judicial examina una serie de convenios y contratos municipales relacionados con la Fundación para la Inclusión Laboral (FIL), una entidad dedicada a ofrecer oportunidades laborales a personas con discapacidad intelectual y ciudadanos en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social.
La fundación desarrollaba trabajos de limpieza y mantenimiento de espacios públicos en Esparreguera y otras localidades de la comarca.
El problema que investiga la Justicia es si parte del dinero público recibido mediante esos contratos terminó destinándose a gastos privados de personas vinculadas a la entidad.
Las pesquisas se centran especialmente en los ejercicios 2022, 2023 y 2024, periodo durante el cual Rivas ejercía como alcalde y formaba parte del patronato de la fundación.
La investigación deberá determinar si existieron irregularidades en la adjudicación de los contratos, cómo se gestionaron los fondos y quiénes fueron los beneficiarios de los posibles pagos indebidos.
No se trata, por tanto, de una investigación sobre la gestión de Rivas en la Presidencia de la Generalitat, sino sobre su anterior etapa municipal.
Los Mossos llegaron a requisarle el teléfono móvil
Uno de los episodios más significativos del procedimiento se produjo en enero de 2026, cuando agentes de los Mossos d’Esquadra interceptaron a Rivas en plena vía pública para requisarle el teléfono móvil.
La actuación policial formaba parte de las diligencias relacionadas con la investigación de los contratos municipales y la posible utilización irregular de fondos públicos.
El episodio no trascendió hasta finales de abril, cuando se conoció públicamente que el entonces jefe de gabinete de Illa estaba siendo investigado.
La investigación sobre la Fundación para la Inclusión Laboral ya había dado lugar anteriormente a actuaciones policiales y registros.
En 2025, los Mossos realizaron varias intervenciones relacionadas con la entidad, entre ellas registros en sus instalaciones y detenciones de personas vinculadas a su gestión.
Entre los investigados se encontraban responsables de la fundación y personas relacionadas con la administración de sus recursos.
La intervención del teléfono de Rivas resulta relevante porque los dispositivos electrónicos pueden contener comunicaciones, documentación y otros elementos útiles para reconstruir las relaciones entre los responsables municipales y los gestores de la entidad.
La existencia de estas diligencias no implica que se haya demostrado la participación del exalcalde en un delito. Esa cuestión deberá resolverse durante el procedimiento judicial.
Illa defendió a su colaborador y mantuvo su confianza
La dimisión también reabre el debate sobre la respuesta política de Salvador Illa cuando se conocieron las investigaciones.
En abril de 2026, cuando trascendió que los Mossos habían intervenido el teléfono de su jefe de gabinete, el presidente catalán salió públicamente en su defensa.
Illa aseguró que había hablado con Rivas, que este le había explicado lo sucedido y que había mostrado una actitud que consideraba correcta.
«Me lo dijo, me explicó qué es lo que había hecho y la actitud que vi era la correcta. Por tanto, le mantengo la confianza», afirmó entonces el presidente de la Generalitat.
El respaldo político fue interpretado como una muestra de confianza personal en uno de sus colaboradores más cercanos.
Sin embargo, ahora la situación ha cambiado. El levantamiento del secreto de sumario ha permitido avanzar en el conocimiento de las actuaciones judiciales y ha coincidido con la salida de Rivas del gabinete presidencial.
La pregunta política es inevitable: ¿por qué se ha mantenido a un responsable investigado en una posición tan próxima al presidente durante meses y qué circunstancias han llevado finalmente a su salida?
La respuesta oficial es que se trata de una decisión personal del propio Rivas.
Eduard Rivas defiende su inocencia y niega haber actuado ilegalmente
El ya exjefe de gabinete ha defendido su actuación durante su etapa como alcalde y como responsable de la fundación.
En su explicación sobre la dimisión, sostiene que siempre ha actuado conforme a la legalidad y que sus decisiones han estado guiadas por principios de honor y ética.
También ha justificado su renuncia por la necesidad de evitar que su situación judicial pueda proyectar dudas sobre la institución que dirigía.
Su salida no supone una admisión de culpabilidad ni implica que haya sido condenado.
Rivas continuará vinculado al PSC y ha manifestado su intención de seguir trabajando al servicio de la ciudadanía desde la organización socialista.
La investigación judicial deberá establecer si las decisiones adoptadas durante su mandato municipal se ajustaron a la legalidad y si existió algún tipo de responsabilidad en la gestión de los fondos públicos.
Xavier Amor, el nuevo hombre de confianza de Salvador Illa
El relevo de Eduard Rivas recaerá en Xavier Amor, político socialista con una larga trayectoria en el ámbito municipal.
Hasta ahora ocupaba la Secretaría de Gobiernos Locales y Relaciones con el Aran dentro del Ejecutivo catalán.
Amor fue alcalde de Pineda de Mar durante 17 años, entre 2007 y 2024, y presidió la Federación de Municipios de Cataluña entre 2013 y 2019.
Su nombramiento supone incorporar al núcleo presidencial a otro dirigente con experiencia en la estructura municipal del PSC.
El cambio se formalizará en la reunión del Consell Executiu de la Generalitat prevista para este martes 3 de noviembre.
La sustitución permitirá a Illa reorganizar su equipo más cercano en un momento en el que la investigación judicial sobre la anterior etapa de Rivas vuelve a situar la gestión de los recursos públicos bajo escrutinio.
La Fundación para la Inclusión Laboral y el destino del dinero público
El caso tiene una dimensión especialmente sensible por la naturaleza de la entidad investigada.
La Fundación para la Inclusión Laboral desarrolla actividades destinadas a facilitar el acceso al empleo de personas con discapacidad intelectual y ciudadanos en situaciones de vulnerabilidad.
Este tipo de entidades pueden recibir financiación pública mediante contratos, convenios y programas de colaboración con las administraciones.
Precisamente por ello, la transparencia en la gestión de sus recursos resulta fundamental.
El dinero público destinado a programas de inclusión laboral debe emplearse en los objetivos establecidos y someterse a controles que permitan verificar su utilización.
En el procedimiento de Esparreguera, la Justicia trata de esclarecer si una parte de los fondos relacionados con los contratos municipales terminó sufragando gastos privados de determinados responsables de la fundación.
Para ello deberá analizar:
- Los contratos y convenios firmados entre el Ayuntamiento y la fundación.
- Los procedimientos de adjudicación y las condiciones económicas.
- Las facturas y justificantes de los gastos.
- Los movimientos bancarios y el destino de los fondos.
- Las comunicaciones entre los responsables municipales y los gestores de la entidad.
El objetivo es reconstruir la trazabilidad del dinero y determinar si existió una utilización irregular de recursos públicos.
La protección de las personas vulnerables no puede convertirse en una excusa para relajar los controles sobre el dinero público. Las entidades sociales deben disponer de financiación suficiente, pero también estar sometidas a mecanismos rigurosos de fiscalización.
Una crisis política que afecta al entorno de Salvador Illa
La salida de Rivas supone un revés para el núcleo de confianza de Salvador Illa, aunque no implica por sí misma ninguna responsabilidad judicial del presidente catalán.
La investigación se refiere a hechos de la etapa municipal del antiguo alcalde de Esparreguera. No existen, por los datos conocidos hasta ahora, elementos que permitan atribuir a Illa participación en las presuntas irregularidades.
No obstante, el caso plantea preguntas sobre los criterios utilizados para mantener la confianza política en colaboradores sometidos a investigaciones judiciales.
La transparencia institucional exige que los responsables públicos expliquen sus decisiones y faciliten el esclarecimiento de cualquier sospecha relacionada con el uso de fondos públicos.
El levantamiento del secreto de sumario puede permitir conocer nuevos detalles sobre el procedimiento y las actuaciones que se investigan.
Por ahora, la dimisión de Eduard Rivas no cierra el caso. Al contrario, abre una nueva etapa en la que los investigadores podrán continuar examinando la documentación y las posibles responsabilidades de los implicados.
El verdadero desenlace no se decidirá en los despachos de la Generalitat, sino en los tribunales. Será la Justicia la que determine si existieron irregularidades, quién participó en ellas y si se produjo un perjuicio para las arcas públicas.
La cuestión que queda sobre la mesa es clara: ¿hasta qué punto deben asumir responsabilidades políticas los dirigentes que mantienen su confianza en colaboradores investigados por la gestión de dinero público?
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